¡Qué torta! Después de tanto rodeo y trámites, parece que la idea de combatir el lavado de dinero con la ley de capitales emergentes se fue al traste otra vez. La Asamblea Legislativa, después de dos meses de espera, le puso punto final al expediente 22.834, dejando a muchos preguntándose si alguna vez vamos a poder echarle freno a esas bandas que operan a lo grande en nuestro país.
Todo comenzó con una iniciativa presentada durante la administración de Carlos Alvarado, buscando darle más dientes a las autoridades para congelar bienes sospechosos antes siquiera de tener una denuncia formal. Era una medida que prometía mucho, la posibilidad de inmovilizar fondos provenientes de actividades ilícitas mientras se seguía la investigación. Imaginemos, tener la capacidad de cortarles la jugada a estos delincuentes desde el principio, impidiéndoles financiar sus operaciones.
Pero no fue así. En agosto pasado, la propuesta naufragó en el segundo debate, sin alcanzar los 38 votos necesarios. Parecía el fin, pero gracias a una moción de revisión, el tema resurgió, dando pie a una segunda votación. Y ahí, amigos, la historia se repitió. Tan solo 23 diputados apoyaron la iniciativa, mostrando una clara división en la Asamblea. El PUSC, el PLP, el oficialismo, Nueva República e incluso algunos independientes se plantaron en contra, complicando aún más el panorama.
El diputado Joaquín Hernández, del PLN, consciente de la dificultad de aprobar el proyecto, decidió darle una última oportunidad, presentando la iniciativa nuevamente bajo el expediente 25.200. Él argumenta que el país urgentemente necesita herramientas efectivas para atacar el crimen organizado, específicamente el lavado de dinero, que es una lacra que nos afecta a todos, sin importar quiénes seamos. Dice que no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados viendo cómo nuestros recursos son utilizados para fines ilícitos.
Y vaya que tiene razón. Estos peces gordos no van a parar solos. Necesitamos leyes claras y contundentes que les pongan trabas, que les dificulte lavar esos fajos de billetes sucios. Este tipo de medidas, aunque controversiales, son necesarias para proteger a la población y garantizar un futuro más seguro para nuestros hijos. Es un brete constante, pelear contra estas mafias, pero no podemos flaquear.
Hernández asegura que el nuevo expediente mantiene la esencia del anterior, permitiendo a las autoridades congelar bienes sospechosos por un periodo máximo de 30 días, dando al investigado la oportunidad de probar el origen legítimo del dinero en tan solo tres días. Dejémonos de rodeos, si tienes el dinero bien ganado, demuéstralo. Pero si estás tratando de lavar plata, ¡prepárate!
Ahora bien, ¿por qué tanta oposición? Algunos argumentan que la iniciativa vulnera derechos individuales y podría llevar a abusos por parte de las autoridades. Pero, ¿acaso no es preferible sacrificar un poco de presunción de inocencia para proteger a la mayoría de la población del flagelo del crimen organizado? Hay que encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la necesidad de combatir la delincuencia, y parece que hasta ahora, la balanza se ha inclinado hacia la indecisión y la parálisis legislativa.
Este caso nos deja pensando: ¿Estamos dispuestos a seguir tolerando la presencia del crimen organizado en nuestro país, o necesitamos tomar medidas más drásticas para enfrentarlo? ¿Creen que la oposición a esta ley se basa en argumentos legítimos o en intereses particulares? ¡Vamos a debatir esto en el foro, muchachos! ¿Qué opinan ustedes?
Todo comenzó con una iniciativa presentada durante la administración de Carlos Alvarado, buscando darle más dientes a las autoridades para congelar bienes sospechosos antes siquiera de tener una denuncia formal. Era una medida que prometía mucho, la posibilidad de inmovilizar fondos provenientes de actividades ilícitas mientras se seguía la investigación. Imaginemos, tener la capacidad de cortarles la jugada a estos delincuentes desde el principio, impidiéndoles financiar sus operaciones.
Pero no fue así. En agosto pasado, la propuesta naufragó en el segundo debate, sin alcanzar los 38 votos necesarios. Parecía el fin, pero gracias a una moción de revisión, el tema resurgió, dando pie a una segunda votación. Y ahí, amigos, la historia se repitió. Tan solo 23 diputados apoyaron la iniciativa, mostrando una clara división en la Asamblea. El PUSC, el PLP, el oficialismo, Nueva República e incluso algunos independientes se plantaron en contra, complicando aún más el panorama.
El diputado Joaquín Hernández, del PLN, consciente de la dificultad de aprobar el proyecto, decidió darle una última oportunidad, presentando la iniciativa nuevamente bajo el expediente 25.200. Él argumenta que el país urgentemente necesita herramientas efectivas para atacar el crimen organizado, específicamente el lavado de dinero, que es una lacra que nos afecta a todos, sin importar quiénes seamos. Dice que no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados viendo cómo nuestros recursos son utilizados para fines ilícitos.
Y vaya que tiene razón. Estos peces gordos no van a parar solos. Necesitamos leyes claras y contundentes que les pongan trabas, que les dificulte lavar esos fajos de billetes sucios. Este tipo de medidas, aunque controversiales, son necesarias para proteger a la población y garantizar un futuro más seguro para nuestros hijos. Es un brete constante, pelear contra estas mafias, pero no podemos flaquear.
Hernández asegura que el nuevo expediente mantiene la esencia del anterior, permitiendo a las autoridades congelar bienes sospechosos por un periodo máximo de 30 días, dando al investigado la oportunidad de probar el origen legítimo del dinero en tan solo tres días. Dejémonos de rodeos, si tienes el dinero bien ganado, demuéstralo. Pero si estás tratando de lavar plata, ¡prepárate!
Ahora bien, ¿por qué tanta oposición? Algunos argumentan que la iniciativa vulnera derechos individuales y podría llevar a abusos por parte de las autoridades. Pero, ¿acaso no es preferible sacrificar un poco de presunción de inocencia para proteger a la mayoría de la población del flagelo del crimen organizado? Hay que encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la necesidad de combatir la delincuencia, y parece que hasta ahora, la balanza se ha inclinado hacia la indecisión y la parálisis legislativa.
Este caso nos deja pensando: ¿Estamos dispuestos a seguir tolerando la presencia del crimen organizado en nuestro país, o necesitamos tomar medidas más drásticas para enfrentarlo? ¿Creen que la oposición a esta ley se basa en argumentos legítimos o en intereses particulares? ¡Vamos a debatir esto en el foro, muchachos! ¿Qué opinan ustedes?
