Caso madre patria , españoles y el fraude registral.

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Una organización completa

Zúñiga define al caso “Madre Patria” como de “crimen organizado”. En total se analiza el rol de 54 personas.

La hipótesis es que la operación, supuestamente, aprovechaba fraudes notariales para tomar propiedades y venderlas; pasando por el proceso del blanqueo del dinero.

Según las conversaciones interceptadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el grupo habría logrado la obtención irregular de 300 propiedades y luego habrían desarrollado una estructura para legitimar el dinero; que incluiría desde servicios de buses, hasta tiendas tipo “outlet”.

A la cabeza se pone a dos extranjeros como coordinadores. Sin embargo, con ellos cooperaban:

  • 12 notarios encargados de los trámites registrales
  • 5 policías de tránsito que estarían haciendo partes a líneas de buses. Con ayuda de un funcionario del Consejo de Transporte Público, presuntamente, el grupo tendría acceso luego, a esas concesiones.
  • Un juez de Desamparados. Este daría asesoría al grupo y prestaría sus empresas tipo “outlet” para presunta legitimacíón de capitales.
  • Un técnico de la Defensa Pública que habría hecho consultas del caso; así como un técnico de archivo y una funcionaria judicial destacada en La Unión.
 

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Álvarez, vivía en Estados Unidos y viajó a Costa Rica el 10 de enero del 2018, pero se le perdió el rastro el 2 de febrero de ese año, sus pertenencias quedaron en Alajuela, donde estaba viviendo.

Randall Zúñiga, director del OIJ, señaló que el cráneo de Manuel Álvarez fue hallado y confirmó que fue víctima de homicidio. Su muerte se dio justamente luego de tener un encontronazo con la banda dedicada al fraude registral desarticulada este martes 25 de junio del 2024, las cuales eran lideradas por dos españoles radicados en Costa Rica de apellidos Gómez y León.
 
En el operativo se allanaron las oficinas centrales del CTP, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en San José.

También se decomisaron 13 autobuses. Después del operativo, el MOPT ordenó sustituir los buses decomisados para que el servicio no se vea interrumpido para los usuarios.

Según informaron las autoridades, el grupo criminal que se dedicaba al fraude registral; también tenían una actividad paralela, a través de una empresa de buses, que brinda el servicio en las rutas Tambor y Barrio San José, en Alajuela; y Caldera-Puntarenas.

En la conferencia de prensa realizada ayer miércoles, Zúñiga explicó que “los tráficos les hacían partes a líneas de buses rivales, de las rutas de Tambor de Alajuela, Barrio San José de Alajuela y también de la ruta Puntarenas – Caldera, esto con el fin de sacarlos de circulación. Luego, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP), al parecer, les hacía la tramitología para que esas líneas formaran parte del supuesto grupo criminal y así legitimar capitales”.
 

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