¡Ay, Dios mío! Este caso del señor Ureña Ureña en Pérez Zeledón parece que nunca va a acabar. Ya van cuatro juicios anulados, ¡cuatro! Con señalamientos fuertes de abuso sexual a estudiantes de sexto grado de la Escuela La Aurora, y el pobre hombre todavía arrastrando esta pesadilla. Uno se pregunta qué estará pasando realmente detrás de todo esto, porque ocho años en esta incertidumbre, ¡qué brete!
Todo empezó allá por el 2017, cuando el señor Ureña, que trabajaba como técnico de laboratorio en un Ebais de la zona, visitó la Escuela La Aurora junto con su equipo para realizar unas pruebas rutinarias. Según la Fiscalía, ahí fue donde aprovecharon la ocasión para cometer esos actos indecentes contra seis estudiantes. Pero, ¿cómo es posible que un lugar destinado a proteger a los niños se convierta en escenario de tamaña tragedia?
Lo curioso de todo este asunto es que, aunque inicialmente eran seis las supuestas víctimas, durante los juicios que ya se llevaron a cabo –y vaya que fueron muchos–, cuatro de ellas decidieron desistir de seguir adelante con el proceso al alcanzar la mayoría de edad. El abogado del imputado, Andrés Pérez González, argumenta que estas largas esperas en un juicio de este tipo terminan perjudicando tanto a las víctimas como al acusado, porque, díganlo claro, ¡es una tortura para todos!
El primer debate, como bien nos explica el abogado, se cayó por una incapacidad de la jueza, ¡pura sal! El segundo, faltó alguna evidencia que debían presentar. Luego vinieron otros dos debates, siempre con dos de las seis víctimas originales. Y en cada uno de esos juicios, la defensa logró obtener la anulación por diferentes recursos de apelación. ¡Imagínate la frustración de ambos lados!
Pero la decisión más reciente, la que generó revuelo el 17 de noviembre anterior, fue la del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, que ordenó un nuevo juicio contra el señor Ureña Ureña. La clave de esta anulación fue la ausencia de un psicólogo forense durante el debate, alguien que pudiera aportar su criterio especializado sobre la credibilidad de los testimonios, especialmente en casos involucrando a menores de edad. Un mae especialista, ¿notarán la diferencia?
El Tribunal de Apelación señaló textualmente que negarle a la defensa la posibilidad de contar con un psicólogo forense representaba una limitación injustificada al derecho de defensa previa y a la garantía de obtener una sentencia justa. Y ahí radica la controversia: ¿Debería permitir la intervención de expertos privados en procesos judiciales? Algunos dicen que sí, para garantizar una defensa sólida; otros, que no, porque podría generar conflictos de intereses y retrasos innecesarios.
Y hablando de retrasos, el abogado Pérez González hace hincapié en el impacto que estos largos procesos tienen en la vida personal y laboral del señor Ureña. Ocho años sin poder avanzar, sin ascender, sin siquiera recibir unas horas extras... ¡una pena! Además, asegura que las supuestas víctimas tampoco han recibido respuestas claras del sistema judicial, pues han tenido que relatar su historia al menos doce veces. Ese doble golpe, ese desgaste emocional, ¡qué torta!
Este caso nos deja varias preguntas flotando en el aire. ¿Cómo podemos mejorar el funcionamiento del sistema judicial para evitar que este tipo de situaciones se prolonguen indefinidamente? ¿Es justo exigirle al señor Ureña Ureña que siga soportando esta incertidumbre mientras se dilucidan los hechos? ¿Y qué medidas deberíamos implementar para prevenir futuros abusos en escuelas y centros educativos, protegiendo así a nuestros niños y niñas? Compartan sus opiniones en los comentarios, ¡me interesa saber qué piensan ustedes sobre este tema tan delicado!
Todo empezó allá por el 2017, cuando el señor Ureña, que trabajaba como técnico de laboratorio en un Ebais de la zona, visitó la Escuela La Aurora junto con su equipo para realizar unas pruebas rutinarias. Según la Fiscalía, ahí fue donde aprovecharon la ocasión para cometer esos actos indecentes contra seis estudiantes. Pero, ¿cómo es posible que un lugar destinado a proteger a los niños se convierta en escenario de tamaña tragedia?
Lo curioso de todo este asunto es que, aunque inicialmente eran seis las supuestas víctimas, durante los juicios que ya se llevaron a cabo –y vaya que fueron muchos–, cuatro de ellas decidieron desistir de seguir adelante con el proceso al alcanzar la mayoría de edad. El abogado del imputado, Andrés Pérez González, argumenta que estas largas esperas en un juicio de este tipo terminan perjudicando tanto a las víctimas como al acusado, porque, díganlo claro, ¡es una tortura para todos!
El primer debate, como bien nos explica el abogado, se cayó por una incapacidad de la jueza, ¡pura sal! El segundo, faltó alguna evidencia que debían presentar. Luego vinieron otros dos debates, siempre con dos de las seis víctimas originales. Y en cada uno de esos juicios, la defensa logró obtener la anulación por diferentes recursos de apelación. ¡Imagínate la frustración de ambos lados!
Pero la decisión más reciente, la que generó revuelo el 17 de noviembre anterior, fue la del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, que ordenó un nuevo juicio contra el señor Ureña Ureña. La clave de esta anulación fue la ausencia de un psicólogo forense durante el debate, alguien que pudiera aportar su criterio especializado sobre la credibilidad de los testimonios, especialmente en casos involucrando a menores de edad. Un mae especialista, ¿notarán la diferencia?
El Tribunal de Apelación señaló textualmente que negarle a la defensa la posibilidad de contar con un psicólogo forense representaba una limitación injustificada al derecho de defensa previa y a la garantía de obtener una sentencia justa. Y ahí radica la controversia: ¿Debería permitir la intervención de expertos privados en procesos judiciales? Algunos dicen que sí, para garantizar una defensa sólida; otros, que no, porque podría generar conflictos de intereses y retrasos innecesarios.
Y hablando de retrasos, el abogado Pérez González hace hincapié en el impacto que estos largos procesos tienen en la vida personal y laboral del señor Ureña. Ocho años sin poder avanzar, sin ascender, sin siquiera recibir unas horas extras... ¡una pena! Además, asegura que las supuestas víctimas tampoco han recibido respuestas claras del sistema judicial, pues han tenido que relatar su historia al menos doce veces. Ese doble golpe, ese desgaste emocional, ¡qué torta!
Este caso nos deja varias preguntas flotando en el aire. ¿Cómo podemos mejorar el funcionamiento del sistema judicial para evitar que este tipo de situaciones se prolonguen indefinidamente? ¿Es justo exigirle al señor Ureña Ureña que siga soportando esta incertidumbre mientras se dilucidan los hechos? ¿Y qué medidas deberíamos implementar para prevenir futuros abusos en escuelas y centros educativos, protegiendo así a nuestros niños y niñas? Compartan sus opiniones en los comentarios, ¡me interesa saber qué piensan ustedes sobre este tema tan delicado!
