¡Ay, Dios mío! Parece que en la CCSS se les está escapando la pelota. Resulta que la Junta Directiva, en una jugada inesperada, decidió irse en contra de la Contraloría y negarse a implementar medidas para solucionar los problemas del sistema ERP-SAP. Esto viene dando para hablar desde hace meses y ahora parece que la cosa se puso aún más tensa.
Para refrescarle la memoria a algunos, el sistema ERP-SAP debería facilitar la gestión administrativa y financiera de la CCSS. Pero, ay, la verdad es que ha sido todo un fiasco. Fallas constantes, procesos lentísimos y un montón de problemas que han afectado directamente a los usuarios, tanto a los trabajadores como a los pacientes. La Contraloría ya había puesto el dedo en la llaga hace rato, señalando la necesidad urgente de actuar y, encima, dando indicaciones claras sobre cómo hacerlo.
Pero al parecer, en la Junta Directiva tienen otros planes. Han decidido armar un lío jurídico presentando una Acción de Inconstitucionalidad y un proceso contencioso administrativo contra las recomendaciones de la Contraloría. Dicen que esto representa una “eventual acto de coadministración” y que, además, están “violando la autonomía institucional”. ¡Pero mijo, qué autonomía si el sistema está hecho un maje! Suena mucho a que están haciendo caso al Gobierno y tratando de evitar cualquier responsabilidad.
Según la Contraloría, la situación ha ido empeorando progresivamente, desde simples alertas hasta una verdadera crisis institucional. Ya no es cuestión de poner parches, sino de meterle mano al asunto de fondo y corregir las deficiencias estructurales del sistema. Lejos de eso, la Junta Directiva prefiere defender su pellejo con abogados y papeles, mientras tanto, los usuarios siguen sufriendo las consecuencias.
Lo curioso de todo esto es que la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, aparentemente está detrás de esta estrategia. Él le pidió a la Dirección Jurídica que analizara el alcance de las órdenes de la Contraloría, buscando justificaciones legales para desafiarlas. Y parece que encontraron la fórmula perfecta: culpar a la Contraloría de entrometerse en sus asuntos internos. ¡Qué carga!
Además, la Contraloría también había pedido establecer mecanismos de seguimiento y control desde la propia Junta Directiva para garantizar que las acciones correctivas sean realmente efectivas. También sugirió contratar una auditoría externa especializada para evaluar la integridad y seguridad del sistema. ¡Todo para mejorar la calidad de vida de los asegurados y hacer que la CCSS funcione como debería! Pero parece que esas ideas tampoco les convencen mucho.
Ahora, resulta que van a gastar dinero en abogados y juicios, en lugar de invertirlo en arreglar el sistema. Con ese dinerito podrían haber contratado expertos internacionales, actualizado los equipos o capacitado al personal. Pero claro, eso sería demasiado fácil. Siempre hay formas más complicadas (y costosas) de hacer las cosas por aquí.
Con todo este circo mediático y jurídico, me pregunto: ¿Realmente creen que pueden evadir su responsabilidad? ¿O simplemente están comprando tiempo para seguir postergando lo inevitable? ¿Creen ustedes que la CCSS está priorizando el bienestar de los asegurados o su propia conveniencia? ¡Díganme qué piensan al respecto en el foro!
Para refrescarle la memoria a algunos, el sistema ERP-SAP debería facilitar la gestión administrativa y financiera de la CCSS. Pero, ay, la verdad es que ha sido todo un fiasco. Fallas constantes, procesos lentísimos y un montón de problemas que han afectado directamente a los usuarios, tanto a los trabajadores como a los pacientes. La Contraloría ya había puesto el dedo en la llaga hace rato, señalando la necesidad urgente de actuar y, encima, dando indicaciones claras sobre cómo hacerlo.
Pero al parecer, en la Junta Directiva tienen otros planes. Han decidido armar un lío jurídico presentando una Acción de Inconstitucionalidad y un proceso contencioso administrativo contra las recomendaciones de la Contraloría. Dicen que esto representa una “eventual acto de coadministración” y que, además, están “violando la autonomía institucional”. ¡Pero mijo, qué autonomía si el sistema está hecho un maje! Suena mucho a que están haciendo caso al Gobierno y tratando de evitar cualquier responsabilidad.
Según la Contraloría, la situación ha ido empeorando progresivamente, desde simples alertas hasta una verdadera crisis institucional. Ya no es cuestión de poner parches, sino de meterle mano al asunto de fondo y corregir las deficiencias estructurales del sistema. Lejos de eso, la Junta Directiva prefiere defender su pellejo con abogados y papeles, mientras tanto, los usuarios siguen sufriendo las consecuencias.
Lo curioso de todo esto es que la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, aparentemente está detrás de esta estrategia. Él le pidió a la Dirección Jurídica que analizara el alcance de las órdenes de la Contraloría, buscando justificaciones legales para desafiarlas. Y parece que encontraron la fórmula perfecta: culpar a la Contraloría de entrometerse en sus asuntos internos. ¡Qué carga!
Además, la Contraloría también había pedido establecer mecanismos de seguimiento y control desde la propia Junta Directiva para garantizar que las acciones correctivas sean realmente efectivas. También sugirió contratar una auditoría externa especializada para evaluar la integridad y seguridad del sistema. ¡Todo para mejorar la calidad de vida de los asegurados y hacer que la CCSS funcione como debería! Pero parece que esas ideas tampoco les convencen mucho.
Ahora, resulta que van a gastar dinero en abogados y juicios, en lugar de invertirlo en arreglar el sistema. Con ese dinerito podrían haber contratado expertos internacionales, actualizado los equipos o capacitado al personal. Pero claro, eso sería demasiado fácil. Siempre hay formas más complicadas (y costosas) de hacer las cosas por aquí.
Con todo este circo mediático y jurídico, me pregunto: ¿Realmente creen que pueden evadir su responsabilidad? ¿O simplemente están comprando tiempo para seguir postergando lo inevitable? ¿Creen ustedes que la CCSS está priorizando el bienestar de los asegurados o su propia conveniencia? ¡Díganme qué piensan al respecto en el foro!
