¡Ay, Dios mío! Resulta que estamos justo entrando en diciembre y el Poder Judicial va a echarle candadito al consultorio, así dicen. Un cierre colectivo, le llaman ellos, como si fuera un paseo dominical. Pero la verdad es que muchos se preguntan: ¿qué significa esto realmente para nosotros, los ciudadanos?
La jugada, según explican los pelones de allá adentro, es una medida administrativa recurrente, de fin y principio de año, que busca optimizar los recursos humanos. Dicen que no son vacaciones extra, sino una rebaja del saldo vacacional acumulado. Suena lindo en papel, pero eso deja a uno pensando: ¿quién paga las consecuencias de estos ajustes contables?
Lo que preocupa es que, aunque aseguran que algunas áreas seguirán funcionando, la atención al público va a andar con freno de mano. El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por ejemplo, estarán dando el palo, trabajando en turnos para atender las emergencias. Pero díganme, ¿qué pasa con los procesos regulares, con los que necesitan una respuesta rápida y justa?
Y no nos olvidemos de la Sala Constitucional, que tendrá que hacer maravillas para atender los casos urgentes y de plazos cortos. Imaginen la presión, el estrés… ¡Qué carga para esos abogados! Pero bueno, a ellos les toca buscarle la vuelta, porque ahí no hay margen para el despiste.
Por supuesto, nadie espera que el sistema judicial funcione a toda máquina durante estas fechas. Lo entendemos. Se suspenden los juicios ordinarios, las cosas administrativas andan más lentas, pero la gente necesita saber que sus derechos están protegidos. Que si hay una denuncia, alguien la va a recibir; que si está preso injustamente, alguien va a apelar su caso.
Además, me da qué pensar cómo justifican esto. Dicen que buscan “garantizar la atención de los casos más sensibles”. ¡Pero cuáles son esos casos sensibles, mae?! ¿Los de los políticos bien conectados o los de la gente humilde que apenas puede pagar un abogado? Esa es la gran pregunta que deberíamos estar haciendo.
Lo peor de todo es que, entre tanta tecnicismo y palabrería legal, terminamos perdiendo de vista lo importante: el acceso a la justicia es un derecho fundamental, no un lujo. Y un cierre colectivo, por muy justificado que esté, siempre pone en riesgo ese derecho. Si no hay jueces, abogados o funcionarios disponibles, ¿cómo vamos a esperar una sentencia justa y oportuna?
En fin, parece que este cierre colectivo va a ser otro capítulo más en la eterna novela del Poder Judicial. Ahora, cuéntenme, ustedes: ¿creen que esta medida es necesaria para mejorar la eficiencia del sistema, o simplemente es una excusa para mandar a todos a casa y dejar paralizada la administración de justicia? ¡Díganlo en el foro!
La jugada, según explican los pelones de allá adentro, es una medida administrativa recurrente, de fin y principio de año, que busca optimizar los recursos humanos. Dicen que no son vacaciones extra, sino una rebaja del saldo vacacional acumulado. Suena lindo en papel, pero eso deja a uno pensando: ¿quién paga las consecuencias de estos ajustes contables?
Lo que preocupa es que, aunque aseguran que algunas áreas seguirán funcionando, la atención al público va a andar con freno de mano. El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por ejemplo, estarán dando el palo, trabajando en turnos para atender las emergencias. Pero díganme, ¿qué pasa con los procesos regulares, con los que necesitan una respuesta rápida y justa?
Y no nos olvidemos de la Sala Constitucional, que tendrá que hacer maravillas para atender los casos urgentes y de plazos cortos. Imaginen la presión, el estrés… ¡Qué carga para esos abogados! Pero bueno, a ellos les toca buscarle la vuelta, porque ahí no hay margen para el despiste.
Por supuesto, nadie espera que el sistema judicial funcione a toda máquina durante estas fechas. Lo entendemos. Se suspenden los juicios ordinarios, las cosas administrativas andan más lentas, pero la gente necesita saber que sus derechos están protegidos. Que si hay una denuncia, alguien la va a recibir; que si está preso injustamente, alguien va a apelar su caso.
Además, me da qué pensar cómo justifican esto. Dicen que buscan “garantizar la atención de los casos más sensibles”. ¡Pero cuáles son esos casos sensibles, mae?! ¿Los de los políticos bien conectados o los de la gente humilde que apenas puede pagar un abogado? Esa es la gran pregunta que deberíamos estar haciendo.
Lo peor de todo es que, entre tanta tecnicismo y palabrería legal, terminamos perdiendo de vista lo importante: el acceso a la justicia es un derecho fundamental, no un lujo. Y un cierre colectivo, por muy justificado que esté, siempre pone en riesgo ese derecho. Si no hay jueces, abogados o funcionarios disponibles, ¿cómo vamos a esperar una sentencia justa y oportuna?
En fin, parece que este cierre colectivo va a ser otro capítulo más en la eterna novela del Poder Judicial. Ahora, cuéntenme, ustedes: ¿creen que esta medida es necesaria para mejorar la eficiencia del sistema, o simplemente es una excusa para mandar a todos a casa y dejar paralizada la administración de justicia? ¡Díganlo en el foro!
