¡Ay, Dios mío! La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, le ha echado leña al fuego con unas declaraciones que dejaron a todos boquiabiertos. Resulta que, en medio de una discusión en el Plenario sobre la subasta de frecuencias de radio y televisión, decidió calificar a los dueños de los medios afectados como "ladrones desvergonzados". ¡Qué torta! Más allá del lenguaje, la polémica ha encendido el debate sobre si esto pone en peligro la libertad de expresión en el país.
Para entender bien qué está pasando, hay que echarle ojo al brete. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) convocó a una subasta para asignar nuevas frecuencias, y los costos de participar son, digamos, bastante salados para algunos medios locales, especialmente aquellos que llevan dando el rol por décadas. Según dicen, los precios son tan altos que podrían obligar a cerrar emisoras y radios comunitarias, dejando así un panorama mediático dominado por unos pocos y poderosos.
Cisneros, lejos de suavizar la situación, respondió a las críticas de los diputados de la oposición lanzando toda la artillería. Argumentó que los concesionarios se han acostumbrado a recibir prórrogas automáticas durante 70 años, pagando cantidades irrisorias por mantener sus licencias. Puso ejemplos concretos: "¿Sabe cuánto pagaban por 70 años una radio AM? ¡Diez colones al día! Una FM, dieciséis. ¿Y las televisoras que hacen platales? ¡Trescientos cincuenta colones diarios!", exclamó desde su curul, generando un revuelo considerable en la sala.
La jefa del oficialismo también lanzó una acusación directa a los políticos de otros partidos –Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC)– diciendo que habían sido “doblando los brazos” por parte de los empresarios de radio y televisión, quienes supuestamente les impidieron poner orden en estas regulaciones durante mucho tiempo. Su discurso, cargado de dardos venenosos, generó fuertes reacciones tanto dentro como fuera del Congreso.
Muchos analistas consideran que las declaraciones de Cisneros son una estrategia política para desviar la atención de la responsabilidad de la administración de Rodrigo Chaves en la fijación de los precios de la subasta. Al culpar a la Sutel y atacar directamente a los concesionarios, busca crear una narrativa en la que el gobierno no tiene la culpa de la crisis que podría enfrentar el sector audiovisual. Pero la jugada parece tener rebote, ya que ha generado una ola de críticas por posible ataque a la libertad de expresión, especialmente al afectar a los medios locales.
Lo cierto es que esta controversia llega en un momento delicado para el panorama mediático nacional. Ya varios medios han expresado su preocupación por la viabilidad económica de participar en la subasta, y temen que la medida termine afectando la diversidad de voces y opiniones que llegan al público. Algunos expertos advierten que concentrar aún más el poder mediático en manos de unos pocos podría tener consecuencias negativas para la democracia y el acceso a la información.
Además, este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar el marco legal que regula las telecomunicaciones en Costa Rica. Muchos coinciden en que el sistema actual, basado en prórrogas automáticas y tarifas históricamente bajas, necesita una revisión profunda para garantizar la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad del sector. Parece que esta vara está llena de problemas y requiere soluciones urgentes, pero la polarización política dificulta encontrar puntos en común.
Ahora bien, ¿cree usted que las declaraciones de Pilar Cisneros fueron justificadas, incluso si el fin era señalar irregularidades en la gestión de las frecuencias? ¿Se prioriza demasiado la economía frente a la libertad de expresión, o es necesaria una regulación más estricta para asegurar la competencia justa en el mercado? ¡Compártanos su opinión en el foro!
Para entender bien qué está pasando, hay que echarle ojo al brete. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) convocó a una subasta para asignar nuevas frecuencias, y los costos de participar son, digamos, bastante salados para algunos medios locales, especialmente aquellos que llevan dando el rol por décadas. Según dicen, los precios son tan altos que podrían obligar a cerrar emisoras y radios comunitarias, dejando así un panorama mediático dominado por unos pocos y poderosos.
Cisneros, lejos de suavizar la situación, respondió a las críticas de los diputados de la oposición lanzando toda la artillería. Argumentó que los concesionarios se han acostumbrado a recibir prórrogas automáticas durante 70 años, pagando cantidades irrisorias por mantener sus licencias. Puso ejemplos concretos: "¿Sabe cuánto pagaban por 70 años una radio AM? ¡Diez colones al día! Una FM, dieciséis. ¿Y las televisoras que hacen platales? ¡Trescientos cincuenta colones diarios!", exclamó desde su curul, generando un revuelo considerable en la sala.
La jefa del oficialismo también lanzó una acusación directa a los políticos de otros partidos –Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC)– diciendo que habían sido “doblando los brazos” por parte de los empresarios de radio y televisión, quienes supuestamente les impidieron poner orden en estas regulaciones durante mucho tiempo. Su discurso, cargado de dardos venenosos, generó fuertes reacciones tanto dentro como fuera del Congreso.
Muchos analistas consideran que las declaraciones de Cisneros son una estrategia política para desviar la atención de la responsabilidad de la administración de Rodrigo Chaves en la fijación de los precios de la subasta. Al culpar a la Sutel y atacar directamente a los concesionarios, busca crear una narrativa en la que el gobierno no tiene la culpa de la crisis que podría enfrentar el sector audiovisual. Pero la jugada parece tener rebote, ya que ha generado una ola de críticas por posible ataque a la libertad de expresión, especialmente al afectar a los medios locales.
Lo cierto es que esta controversia llega en un momento delicado para el panorama mediático nacional. Ya varios medios han expresado su preocupación por la viabilidad económica de participar en la subasta, y temen que la medida termine afectando la diversidad de voces y opiniones que llegan al público. Algunos expertos advierten que concentrar aún más el poder mediático en manos de unos pocos podría tener consecuencias negativas para la democracia y el acceso a la información.
Además, este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar el marco legal que regula las telecomunicaciones en Costa Rica. Muchos coinciden en que el sistema actual, basado en prórrogas automáticas y tarifas históricamente bajas, necesita una revisión profunda para garantizar la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad del sector. Parece que esta vara está llena de problemas y requiere soluciones urgentes, pero la polarización política dificulta encontrar puntos en común.
Ahora bien, ¿cree usted que las declaraciones de Pilar Cisneros fueron justificadas, incluso si el fin era señalar irregularidades en la gestión de las frecuencias? ¿Se prioriza demasiado la economía frente a la libertad de expresión, o es necesaria una regulación más estricta para asegurar la competencia justa en el mercado? ¡Compártanos su opinión en el foro!
