¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con temas que dan qué pensar, ¿verdad, compas? Resulta que la Contraloría General de la República le echó agua fría a una iniciativa de ley que pretendía regular las concesiones en la zona marítimo terrestre (ZMT). Parece que algunos diputados querían hacerle un favorcito a unos cuantos que andaban en problemas por tener propiedades dentro de esa área protegida, pero ojo, que esto puede ponernos en un aprietito nacional.
Para ponerlos al día, el proyecto de ley proponía agregar un artículo a la ley del 2014 que regula las construcciones en la zona restringida de la ZMT. La intención era darle “seguridad jurídica” a esas personas que compraron propiedades pensando que estaban bien, pero luego les dijeron que no, que eran terrenos del Estado – pura sal, si me preguntan. El problema es que ahora quieren concederles una especie de permiso especial, una concesión de 20 años, para que sigan usando esas tierras. ¡Pero a qué precio!
La Contraloría, con toda la razón del mundo, dice que esto es innecesario y que viola los principios de no regresión ambiental. ¡Imagínense!, en lugar de proteger nuestras costas, queremos dar vía libre para que sigan construyendo donde no deberían. Ya saben cómo estamos con eso del cambio climático y el aumento del nivel del mar... ¡Esto es como echarle gasolina al fuego, mae!
Según la Contraloría, además de ser innecesario, el proyecto carece de claridad sobre los requisitos y condiciones para estas concesiones. No hay ni siquiera un listado de quiénes serían los beneficiarios directos. ¡Un vacío jurídico total! Y eso, claro, abre la puerta a abusos y manejos turbios, como lamentablemente hemos visto tantas veces en este país. ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar este tipo de situaciones?
Lo peor de todo es que la concesión se ofrecería mientras no exista un plan regulador costero aprobado. ¡Eso es como decir: hagan lo que quieran hasta que nos acordemos de regularlo! Una irresponsabilidad mayúscula, ¿eh? Afortunadamente, la Contraloría ha emitido un criterio con carácter orientativo, sugiriendo consultar a expertos para evaluar mejor la propuesta. Esperemos que nuestros representantes tomen nota y escuchen a los técnicos antes de seguir adelante con esta locura.
El proyecto, impulsado por varios diputados de diferentes partidos, busca solucionar el problema de personas que han perdido sus propiedades por estar en la ZMT. Entiendo la necesidad de ayudar a la gente, pero no a costa de nuestro patrimonio natural. Hay que buscar soluciones justas y sostenibles, que protejan tanto los derechos individuales como el interés público. Recordemos que la ZMT es vital para la conservación de ecosistemas costeros y la protección contra fenómenos naturales.
Y hablando de los detalles, la concesión incluye algunas limitaciones, como excluir la zona pública, áreas de patrimonio natural y terrenos donde ya se ordenó un desalojo. Además, proponen que los propietarios paguen un canon y se registren en el Registro Nacional de Concesiones. Pero sinceramente, todos esos tecnicismos no cambian el hecho de que la base de la propuesta sigue siendo cuestionable. Es como ponerle parche a un barco agujereado, ¿me entienden?
Ahora la gran pregunta queda abierta: ¿Deberíamos priorizar la 'seguridad jurídica' de unas pocas personas a expensas de la salud de nuestros ecosistemas costeros y el bienestar de todos los costarricenses? Les leo en los comentarios, ¡qué piensan ustedes sobre este brete?
Para ponerlos al día, el proyecto de ley proponía agregar un artículo a la ley del 2014 que regula las construcciones en la zona restringida de la ZMT. La intención era darle “seguridad jurídica” a esas personas que compraron propiedades pensando que estaban bien, pero luego les dijeron que no, que eran terrenos del Estado – pura sal, si me preguntan. El problema es que ahora quieren concederles una especie de permiso especial, una concesión de 20 años, para que sigan usando esas tierras. ¡Pero a qué precio!
La Contraloría, con toda la razón del mundo, dice que esto es innecesario y que viola los principios de no regresión ambiental. ¡Imagínense!, en lugar de proteger nuestras costas, queremos dar vía libre para que sigan construyendo donde no deberían. Ya saben cómo estamos con eso del cambio climático y el aumento del nivel del mar... ¡Esto es como echarle gasolina al fuego, mae!
Según la Contraloría, además de ser innecesario, el proyecto carece de claridad sobre los requisitos y condiciones para estas concesiones. No hay ni siquiera un listado de quiénes serían los beneficiarios directos. ¡Un vacío jurídico total! Y eso, claro, abre la puerta a abusos y manejos turbios, como lamentablemente hemos visto tantas veces en este país. ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar este tipo de situaciones?
Lo peor de todo es que la concesión se ofrecería mientras no exista un plan regulador costero aprobado. ¡Eso es como decir: hagan lo que quieran hasta que nos acordemos de regularlo! Una irresponsabilidad mayúscula, ¿eh? Afortunadamente, la Contraloría ha emitido un criterio con carácter orientativo, sugiriendo consultar a expertos para evaluar mejor la propuesta. Esperemos que nuestros representantes tomen nota y escuchen a los técnicos antes de seguir adelante con esta locura.
El proyecto, impulsado por varios diputados de diferentes partidos, busca solucionar el problema de personas que han perdido sus propiedades por estar en la ZMT. Entiendo la necesidad de ayudar a la gente, pero no a costa de nuestro patrimonio natural. Hay que buscar soluciones justas y sostenibles, que protejan tanto los derechos individuales como el interés público. Recordemos que la ZMT es vital para la conservación de ecosistemas costeros y la protección contra fenómenos naturales.
Y hablando de los detalles, la concesión incluye algunas limitaciones, como excluir la zona pública, áreas de patrimonio natural y terrenos donde ya se ordenó un desalojo. Además, proponen que los propietarios paguen un canon y se registren en el Registro Nacional de Concesiones. Pero sinceramente, todos esos tecnicismos no cambian el hecho de que la base de la propuesta sigue siendo cuestionable. Es como ponerle parche a un barco agujereado, ¿me entienden?
Ahora la gran pregunta queda abierta: ¿Deberíamos priorizar la 'seguridad jurídica' de unas pocas personas a expensas de la salud de nuestros ecosistemas costeros y el bienestar de todos los costarricenses? Les leo en los comentarios, ¡qué piensan ustedes sobre este brete?
