En un operativo policial de gran escala, Costa Rica logró desmantelar una organización criminal dedicada al robo de propiedades y lavado de dinero a través de criptomonedas, especialmente Bitcoin. La red criminal, que operaba desde hace más de dos años, fue desarticulada gracias a una investigación exhaustiva del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La organización estaba compuesta por al menos 36 individuos, incluyendo jueces, abogados y dos ciudadanos españoles, quienes dirigían las operaciones desde la clandestinidad. Los españoles, de 41 y 42 años, se encontraban en Costa Rica sin un estatus migratorio regular y eran considerados los cabecillas del grupo.
El modus operandi de la banda consistía en sustraer propiedades de terceros y posteriormente legitimar estos bienes mediante la compra de criptomonedas. En un solo día, llegaron a mover hasta 13 millones de dólares en Bitcoin, demostrando la magnitud y el alcance de sus operaciones.
La red contaba con el apoyo de expertos en criptomonedas, quienes facilitaban las transacciones y el blanqueo de capitales. Durante el operativo, que involucró a unos 500 agentes del OIJ, se realizaron 47 allanamientos en todo el país, resultando en la detención de los principales miembros de la banda. A los detenidos se les imputan cargos por fraude registral, falsedad ideológica y legitimación de capitales.
Entre los arrestados se encuentran abogados, notarios y funcionarios públicos, incluyendo cinco oficiales de tránsito. Estos agentes de tránsito desempeñaban un papel crucial en la operación paralela de la banda, que también gestionaba líneas de transporte público con autobuses privados. Usaban su influencia para poner multas a competidores y sacarlos de circulación, consolidando así su dominio en el sector del transporte.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, destacó la sofisticación y el nivel de organización de la banda, calificándola como una de las más consolidadas del país. Según Zúñiga, el grupo criminal no solo robaba propiedades sino que también las legitimaba a través de terceros, utilizando métodos complejos para evitar la detección por parte de las autoridades.
Se estima que la banda logró sustraer al menos un centenar de propiedades, aunque uno de los detenidos afirmó que la cifra podría ascender a 300. Este dato resalta la efectividad y el alcance de la red, que operaba con impunidad y con un alto grado de complicidad interna.
La desarticulación de esta organización es un golpe significativo para el crimen organizado en Costa Rica y subraya la importancia de la cooperación entre diferentes entidades de seguridad. La operación también pone de manifiesto la creciente utilización de criptomonedas para actividades ilícitas, una tendencia que las autoridades están tomando cada vez más en serio.
La lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado es una prioridad para Costa Rica, y este operativo es un ejemplo de los esfuerzos del país para combatir estas actividades. La colaboración entre el OIJ y otras entidades de seguridad fue crucial para el éxito de la operación, demostrando que con una planificación meticulosa y una ejecución coordinada, es posible desmantelar incluso las organizaciones criminales más sofisticadas.
La organización estaba compuesta por al menos 36 individuos, incluyendo jueces, abogados y dos ciudadanos españoles, quienes dirigían las operaciones desde la clandestinidad. Los españoles, de 41 y 42 años, se encontraban en Costa Rica sin un estatus migratorio regular y eran considerados los cabecillas del grupo.
El modus operandi de la banda consistía en sustraer propiedades de terceros y posteriormente legitimar estos bienes mediante la compra de criptomonedas. En un solo día, llegaron a mover hasta 13 millones de dólares en Bitcoin, demostrando la magnitud y el alcance de sus operaciones.
La red contaba con el apoyo de expertos en criptomonedas, quienes facilitaban las transacciones y el blanqueo de capitales. Durante el operativo, que involucró a unos 500 agentes del OIJ, se realizaron 47 allanamientos en todo el país, resultando en la detención de los principales miembros de la banda. A los detenidos se les imputan cargos por fraude registral, falsedad ideológica y legitimación de capitales.
Entre los arrestados se encuentran abogados, notarios y funcionarios públicos, incluyendo cinco oficiales de tránsito. Estos agentes de tránsito desempeñaban un papel crucial en la operación paralela de la banda, que también gestionaba líneas de transporte público con autobuses privados. Usaban su influencia para poner multas a competidores y sacarlos de circulación, consolidando así su dominio en el sector del transporte.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, destacó la sofisticación y el nivel de organización de la banda, calificándola como una de las más consolidadas del país. Según Zúñiga, el grupo criminal no solo robaba propiedades sino que también las legitimaba a través de terceros, utilizando métodos complejos para evitar la detección por parte de las autoridades.
Se estima que la banda logró sustraer al menos un centenar de propiedades, aunque uno de los detenidos afirmó que la cifra podría ascender a 300. Este dato resalta la efectividad y el alcance de la red, que operaba con impunidad y con un alto grado de complicidad interna.
La desarticulación de esta organización es un golpe significativo para el crimen organizado en Costa Rica y subraya la importancia de la cooperación entre diferentes entidades de seguridad. La operación también pone de manifiesto la creciente utilización de criptomonedas para actividades ilícitas, una tendencia que las autoridades están tomando cada vez más en serio.
La lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado es una prioridad para Costa Rica, y este operativo es un ejemplo de los esfuerzos del país para combatir estas actividades. La colaboración entre el OIJ y otras entidades de seguridad fue crucial para el éxito de la operación, demostrando que con una planificación meticulosa y una ejecución coordinada, es posible desmantelar incluso las organizaciones criminales más sofisticadas.
