Imagínense la escena, maes. Un montón de güilas de Turrialba, con la emoción a tope, listos para el paseo del Día del Niño a Cartago. La merienda lista, las canciones preparadas, todo pintaba para ser un día tuanis. Pero diay, como a veces pasa en esta finca, la fiesta se acabó antes de empezar. ¿La razón? Los cuatro buses en los que viajaban eran más piratas que Jack Sparrow. La Policía de Tránsito los paró en seco y, como era de esperar, se armó el despiche. El resultado: chiquitos varados, papás preocupados y un paseo que, simple y sencillamente, se fue al traste. ¡Qué manera de celebrar!
Vamos al grano, porque la vara es seria. La empresa que daba el servicio se jaló una torta monumental al operar sin los permisos del Consejo de Transporte Público (CTP). Esto no es un simple papelito que faltaba, es la garantía mínima de que el chunche en el que viajan los chiquitos cumple con las reglas. Como consecuencia del chistecito, a cada bus le clavaron una multa de más de ₡126.000 y, para que aprendan, les quitaron las placas. Una medida necesaria, claro, pero que al final del día dejó a decenas de estudiantes esperando a ver cómo resolvían el merequetengue para poder seguir su camino o, peor aún, devolverse para la casa.
Y aquí es donde la situación se pone realmente fea, porque esto no es un caso aislado. Según los propios datos de los tráficos, en lo que va de este 2025 han pescado a más de 1.500 unidades de transporte estudiantil operando de forma ilegal. ¡Mil quinientas! Lean ese número otra vez. Estamos hablando de miles de niños y adolescentes que todos los días se suben a una buseta que podría no tener revisión técnica, ni pólizas de seguro adecuadas, y que quizás es manejada por alguien que no cumple los requisitos. Es una bomba de tiempo que recorre nuestras calles, y parece que solo nos damos cuenta cuando explota, como pasó con estos pobres güilas de Turrialba.
El llamado de las autoridades a los papás y a los centros educativos es lógico, pero a veces suena a poco. Es obvio que hay que verificar, que hay que pedir los papeles y asegurarse de que todo esté en regla. Pero, ¿es justo poner todo el peso de la fiscalización en los padres de familia o en un director de escuela que ya tiene suficiente brete encima? ¿Qué garantiza que un bus con el permiso del CTP al día realmente sea seguro? Sabemos que hecha la ley, hecha la trampa. La irresponsabilidad de estas empresas que prefieren ahorrarse unos pesos a costa de la seguridad de los menores es el verdadero cáncer del sistema. Es un negocio que se alimenta de la confianza y la necesidad de la gente.
Al final, este incidente es un síntoma de un problema mucho más grande. Es un reflejo de una cultura donde a veces el "ahí se va" le gana a la prevención. Por la sal de esos chiquitos, su paseo se arruinó, pero por suerte no pasó a más. La pregunta del millón que queda en el aire es: ¿a quién le cae más la responsabilidad? ¿A la empresa que juega con la vida de los niños, a los centros educativos que a veces no verifican lo suficiente, o será que las multas son tan bajas que a los piratas les sale más barato arriesgarse que hacer las cosas bien? ¿Qué opinan ustedes, gente?
Vamos al grano, porque la vara es seria. La empresa que daba el servicio se jaló una torta monumental al operar sin los permisos del Consejo de Transporte Público (CTP). Esto no es un simple papelito que faltaba, es la garantía mínima de que el chunche en el que viajan los chiquitos cumple con las reglas. Como consecuencia del chistecito, a cada bus le clavaron una multa de más de ₡126.000 y, para que aprendan, les quitaron las placas. Una medida necesaria, claro, pero que al final del día dejó a decenas de estudiantes esperando a ver cómo resolvían el merequetengue para poder seguir su camino o, peor aún, devolverse para la casa.
Y aquí es donde la situación se pone realmente fea, porque esto no es un caso aislado. Según los propios datos de los tráficos, en lo que va de este 2025 han pescado a más de 1.500 unidades de transporte estudiantil operando de forma ilegal. ¡Mil quinientas! Lean ese número otra vez. Estamos hablando de miles de niños y adolescentes que todos los días se suben a una buseta que podría no tener revisión técnica, ni pólizas de seguro adecuadas, y que quizás es manejada por alguien que no cumple los requisitos. Es una bomba de tiempo que recorre nuestras calles, y parece que solo nos damos cuenta cuando explota, como pasó con estos pobres güilas de Turrialba.
El llamado de las autoridades a los papás y a los centros educativos es lógico, pero a veces suena a poco. Es obvio que hay que verificar, que hay que pedir los papeles y asegurarse de que todo esté en regla. Pero, ¿es justo poner todo el peso de la fiscalización en los padres de familia o en un director de escuela que ya tiene suficiente brete encima? ¿Qué garantiza que un bus con el permiso del CTP al día realmente sea seguro? Sabemos que hecha la ley, hecha la trampa. La irresponsabilidad de estas empresas que prefieren ahorrarse unos pesos a costa de la seguridad de los menores es el verdadero cáncer del sistema. Es un negocio que se alimenta de la confianza y la necesidad de la gente.
Al final, este incidente es un síntoma de un problema mucho más grande. Es un reflejo de una cultura donde a veces el "ahí se va" le gana a la prevención. Por la sal de esos chiquitos, su paseo se arruinó, pero por suerte no pasó a más. La pregunta del millón que queda en el aire es: ¿a quién le cae más la responsabilidad? ¿A la empresa que juega con la vida de los niños, a los centros educativos que a veces no verifican lo suficiente, o será que las multas son tan bajas que a los piratas les sale más barato arriesgarse que hacer las cosas bien? ¿Qué opinan ustedes, gente?
