¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez, con los diputados moviéndose a toda máquina justo ahora que parecía que la cosa se calmaba. Parece que el próximo martes va a haber pura polémica en la Asamblea, porque van a debatir esos dos vetos que mandó don Rodrigo. ¡Qué carga!
La primera vara en cuestión es la que permite que los agentes del OIJ se puedan ir a jubilación con tan solo 55 añitos. Imagínate eso, ¡una jubilación dorada pa’ ellos! Según la propuesta, si andan portando arma como parte de su trabajo y se apegan a la jubilación, se les va a dar un 82% del promedio de los últimos 240 mesecitos. Una vaina que salió allá por 2021 con el Dip. Donalescu y que ahora la libe alegran bastante. Pero claro, ahí le metió el veto el Presidente Chaves.
Don Rodrigo justificó el veto argumentando que esto crea una desigualdad con otras fuerzas policiales, como la Fuerza Pública. Como que sí, mae. Entre que unos pueden irse a echar guindas a los 55 y otros tienen que aguantar hasta los 65… ¡qué sal! Ya saben cómo es esto de los derechos laborales, siempre hay alguien que se queda corto. Además, la forma en que se manejó el veto, ni hablar... con la Asamblea en sesiones extraordinarias, pareciera que quiere evitar que le retocasen las ideas.
Y hablando de cosas que dan dolor de cabeza, tenemos el tema de reglamentar las leyes. Resulta que hay un proyecto, el expediente 23.192, que busca obligar al Gobierno a que reglemente las leyes en el plazo indicado, o si no, en un máximo de seis meses. La idea es que así se eviten todos esos atrasos que nos cuestan una fortuna al país por la burocracia. Y vaya que tenemos de eso…
La diputada Daniela Rojas, quien lidera esta iniciativa, dice que ya no puede más con tanta tardanza en poner en marcha las leyes aprobadas. Afirma que es urgente que los jerarcas entiendan la importancia de cumplir con sus deberes y que si no lo hacen, que los pongan a cargar con sanciones. ¡Un castigo duro, a ver si así se animan a moverse!
De hecho, la propuesta contempla inhabilitarlos de uno a tres años para cualquier cargo público si no cumplen con su obligación de reglamentar las leyes. ¡A mandar a paseo a los que se duermen en los laureles! Ojalá esto funcione, porque entre tanta papeleta y trámito, a veces parece que el país se queda estancado. Ahora bien, para que cualquiera de estas medidas vea la luz, necesitan 38 votos en la Asamblea, ¡y eso no es pan comido!
Con todo esto, tenemos dos temas importantes en la agenda legislativa que podrían tener un impacto significativo en nuestras vidas. Uno afecta directamente a la seguridad ciudadana y al bienestar de nuestros agentes del orden, mientras que el otro busca mejorar la eficiencia del gobierno y evitar pérdidas económicas. ¡Todo un brete!
Así que, maestros, díganme: ¿creen que los diputados realmente van a resellar estos vetos, o será otra tanda de debates interminables y promesas vacías? ¿Les parece justo que los agentes del OIJ tengan beneficios especiales en cuanto a la jubilación, o deberían seguir las mismas reglas que el resto de nosotros?
La primera vara en cuestión es la que permite que los agentes del OIJ se puedan ir a jubilación con tan solo 55 añitos. Imagínate eso, ¡una jubilación dorada pa’ ellos! Según la propuesta, si andan portando arma como parte de su trabajo y se apegan a la jubilación, se les va a dar un 82% del promedio de los últimos 240 mesecitos. Una vaina que salió allá por 2021 con el Dip. Donalescu y que ahora la libe alegran bastante. Pero claro, ahí le metió el veto el Presidente Chaves.
Don Rodrigo justificó el veto argumentando que esto crea una desigualdad con otras fuerzas policiales, como la Fuerza Pública. Como que sí, mae. Entre que unos pueden irse a echar guindas a los 55 y otros tienen que aguantar hasta los 65… ¡qué sal! Ya saben cómo es esto de los derechos laborales, siempre hay alguien que se queda corto. Además, la forma en que se manejó el veto, ni hablar... con la Asamblea en sesiones extraordinarias, pareciera que quiere evitar que le retocasen las ideas.
Y hablando de cosas que dan dolor de cabeza, tenemos el tema de reglamentar las leyes. Resulta que hay un proyecto, el expediente 23.192, que busca obligar al Gobierno a que reglemente las leyes en el plazo indicado, o si no, en un máximo de seis meses. La idea es que así se eviten todos esos atrasos que nos cuestan una fortuna al país por la burocracia. Y vaya que tenemos de eso…
La diputada Daniela Rojas, quien lidera esta iniciativa, dice que ya no puede más con tanta tardanza en poner en marcha las leyes aprobadas. Afirma que es urgente que los jerarcas entiendan la importancia de cumplir con sus deberes y que si no lo hacen, que los pongan a cargar con sanciones. ¡Un castigo duro, a ver si así se animan a moverse!
De hecho, la propuesta contempla inhabilitarlos de uno a tres años para cualquier cargo público si no cumplen con su obligación de reglamentar las leyes. ¡A mandar a paseo a los que se duermen en los laureles! Ojalá esto funcione, porque entre tanta papeleta y trámito, a veces parece que el país se queda estancado. Ahora bien, para que cualquiera de estas medidas vea la luz, necesitan 38 votos en la Asamblea, ¡y eso no es pan comido!
Con todo esto, tenemos dos temas importantes en la agenda legislativa que podrían tener un impacto significativo en nuestras vidas. Uno afecta directamente a la seguridad ciudadana y al bienestar de nuestros agentes del orden, mientras que el otro busca mejorar la eficiencia del gobierno y evitar pérdidas económicas. ¡Todo un brete!
Así que, maestros, díganme: ¿creen que los diputados realmente van a resellar estos vetos, o será otra tanda de debates interminables y promesas vacías? ¿Les parece justo que los agentes del OIJ tengan beneficios especiales en cuanto a la jubilación, o deberían seguir las mismas reglas que el resto de nosotros?
