Maes, hablemos de esa ansiedad que le da a uno cuando revisa la cuenta del banco. Uno aquí pulseándola todo el mes para guardar unos cinquitos, y el miedo de que un vivo se los vuele con un mensaje de texto es real. Por eso, cuando salió la noticia de un proyecto de ley para protegernos de las estafas, más de uno pensó: “¡Por fin!”. Pero como todo en este país, la vara se convirtió en un novelón de aquellos, y ahora mismo no se sabe si el remedio va a salir peor que la enfermedad.
La última movida en este ajedrez político es que el texto del proyecto de ley 23.908 cambió, y no precisamente para bien de los que ya fueron estafados. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), que de tonta no tiene un pelo, salió a decir que claro que apoyan una reforma, pero una que sea “equilibrada”. ¿Y qué significa eso en español? Que si a usted lo estafaron, pero el banco considera que usted tuvo “culpa grave” (o sea, si se durmió en los laureles), pues ¡qué pena!, la plata se perdió. ¡Qué despiche! Básicamente, están buscando cómo repartir la bronca para que no les toque a ellos pagar todos los platos rotos, mientras la gente sigue perdiendo la plata de su brete.
Lo más grave, y donde de verdad parece que el plan original se fue al traste, es que le metieron tijera a una parte clave: el transitorio que buscaba hacer justicia retroactiva. ¿Se acuerdan? La idea era que los bancos tuvieran tres meses para devolverle la plata a la gente que ya había puesto la denuncia antes de que la ley existiera. Era la luz de esperanza para un montón de familias que quedaron en la calle. Pues bueno, en la nueva versión del texto, esa parte simplemente desapareció. Se esfumó. Todos los que ya estaban salados y esperaban una solución, ahora quedan viendo para el ciprés. Un portazo en la cara, en pocas palabras.
Y para ponerle más drama al asunto, los propios diputados andan en un tire y encoje que da pena. La diputada Daniela Rojas, del PUSC, cuenta que rechazó una moción del liberacionista Óscar Izquierdo porque, según ella, la propuesta era peor. La idea era que el banco tuviera 60 días para decidir si el cliente estafado tenía razón. Si el banco decía que no, ¡pum!, lo mandaban a la vía judicial. O sea, a gastar más plata en abogados y a esperar años una resolución. Un laberinto diseñado para que uno se canse y tire la toalla. Ahora Izquierdo dice que va a presentar otra moción para “volver al sustento” del proyecto, pero a estas alturas, la confianza está por los suelos.
Al final del día, lo que empezó como una iniciativa para proteger al ciudadano de a pie se está convirtiendo en una maraña de mociones, textos sustitutivos y comunicados de prensa que solo confunden. Entre que los bancos meten la cuchara para cuidar su negocio y los políticos no se ponen de acuerdo, los únicos que siguen perdiendo son los de siempre: nosotros. Diay, maes, aquí es donde me queda la duda y se las paso a ustedes: ¿De verdad creen que esta ley va a terminar ayudando al ciudadano, o es puro atolillo con el dedo para que los bancos se laven las manos? ¿A quién le están cuidando el brete aquí, a nosotros o a ellos?
La última movida en este ajedrez político es que el texto del proyecto de ley 23.908 cambió, y no precisamente para bien de los que ya fueron estafados. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), que de tonta no tiene un pelo, salió a decir que claro que apoyan una reforma, pero una que sea “equilibrada”. ¿Y qué significa eso en español? Que si a usted lo estafaron, pero el banco considera que usted tuvo “culpa grave” (o sea, si se durmió en los laureles), pues ¡qué pena!, la plata se perdió. ¡Qué despiche! Básicamente, están buscando cómo repartir la bronca para que no les toque a ellos pagar todos los platos rotos, mientras la gente sigue perdiendo la plata de su brete.
Lo más grave, y donde de verdad parece que el plan original se fue al traste, es que le metieron tijera a una parte clave: el transitorio que buscaba hacer justicia retroactiva. ¿Se acuerdan? La idea era que los bancos tuvieran tres meses para devolverle la plata a la gente que ya había puesto la denuncia antes de que la ley existiera. Era la luz de esperanza para un montón de familias que quedaron en la calle. Pues bueno, en la nueva versión del texto, esa parte simplemente desapareció. Se esfumó. Todos los que ya estaban salados y esperaban una solución, ahora quedan viendo para el ciprés. Un portazo en la cara, en pocas palabras.
Y para ponerle más drama al asunto, los propios diputados andan en un tire y encoje que da pena. La diputada Daniela Rojas, del PUSC, cuenta que rechazó una moción del liberacionista Óscar Izquierdo porque, según ella, la propuesta era peor. La idea era que el banco tuviera 60 días para decidir si el cliente estafado tenía razón. Si el banco decía que no, ¡pum!, lo mandaban a la vía judicial. O sea, a gastar más plata en abogados y a esperar años una resolución. Un laberinto diseñado para que uno se canse y tire la toalla. Ahora Izquierdo dice que va a presentar otra moción para “volver al sustento” del proyecto, pero a estas alturas, la confianza está por los suelos.
Al final del día, lo que empezó como una iniciativa para proteger al ciudadano de a pie se está convirtiendo en una maraña de mociones, textos sustitutivos y comunicados de prensa que solo confunden. Entre que los bancos meten la cuchara para cuidar su negocio y los políticos no se ponen de acuerdo, los únicos que siguen perdiendo son los de siempre: nosotros. Diay, maes, aquí es donde me queda la duda y se las paso a ustedes: ¿De verdad creen que esta ley va a terminar ayudando al ciudadano, o es puro atolillo con el dedo para que los bancos se laven las manos? ¿A quién le están cuidando el brete aquí, a nosotros o a ellos?
