Maes, agárrense porque el novelón del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2026 ya empezó, y viene con más drama que final de campeonato. La noticia, a primera vista, suena a pura vida: se aprobó la distribución de la plata y la Universidad de Costa Rica (UCR) es la que más va a recibir. Uno pensaría que en San Pedro estarían celebrando a cachete, ¿verdad? Pues no. Todo lo contrario. El rector de la UCR, Carlos Araya, pegó el grito al cielo y básicamente dijo que con esa repartición, los demás rectores se jalaron una torta que podría poner en jaque a la educación pública del país. ¡Qué despiche!
Para que me entiendan la vara, la cosa está así. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), que es donde se sientan los meros meros de las cinco universidades públicas a partir el queque, decidió cómo se iba a distribuir el aumento del 1% del FEES. De ese aumento, que son como ¢5.421 millones, a la UCR le tocaron más de ¢1.489 millones. Es la que más recibe, sí, pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Según el rector Araya, esa distribución porcentual afecta el equilibrio histórico y debilita a la UCR, que por su tamaño y complejidad siempre ha tenido la tajada más grande del pastel total. El mae fue clarísimo: "Voté en contra del acuerdo, porque defender a la UCR es defender a la educación superior pública y al país en general". O sea, no está para nada contento.
Diay, mientras Araya está que echa chispas, el comunicado oficial de CONARE suena a cuento de hadas. Dicen que el acuerdo "reafirma el compromiso con una educación universitaria pública solidaria y articulada" y que garantiza una "distribución justa" y una "visión compartida". Es el típico lenguaje diplomático para decir que se pusieron de acuerdo, aunque uno de ellos tuviera que ser arrastrado hasta la meta. La verdad es que este tipo de pleitos no son nuevos, pero pocas veces un rector sale a tirarle tan duro a una decisión de sus propios compas de CONARE. La UCR siempre ha defendido con uñas y dientes su porcentaje del FEES, argumentando que su oferta académica, su investigación y su impacto social son mucho mayores.
Vamos a los números para no enredarnos con tanto chunche. Del aumento total, la distribución quedó más o menos así: la UCR con sus ¢1.489 millones, el TEC y la UNED empatados con ¢1.084 millones cada uno, la UNA con ¢1.010 millones y la UTN con ¢752 millones. Aunque la UCR recibe más en términos absolutos de este aumento, el meollo del asunto es cómo esto afecta su participación en el gran total del FEES, que para 2026 será de más de ₡296 mil millones. Históricamente, la UCR ha manejado casi el 50% de todo el fondo (un 49,88% para ser exactos), y cualquier movida que parezca diluir ese porcentaje es vista como una amenaza directa a su operación. Es una lucha de poder y de visión sobre cómo debe funcionar el sistema.
Al final, esta bronca va más allá de un simple acuerdo de presupuesto. Es el reflejo de una tensión que lleva años cocinándose entre las universidades estatales. Mientras la UCR se ve a sí misma como el pilar del sistema, las otras universidades han crecido un montón y reclaman una porción más equitativa para seguir con su brete en las regiones y en áreas técnicas. La pregunta del millón es si este acuerdo es, como dice CONARE, un paso hacia un sistema más solidario o si, como advierte Araya, es el inicio de un desequilibrio que podría irse al traste y terminar perjudicando a miles de estudiantes. El tiempo dirá quién tenía la razón, pero por ahora, el ambiente está más tenso que un examen de cálculo.
Maes, ¿qué opinan de esta vara? ¿Tiene razón el rector de la UCR en defender su tajada del pastel a capa y espada, o es un berrinche y debería pensar más en el sistema como un todo? ¿Se nos viene un despiche serio entre las U públicas?
Para que me entiendan la vara, la cosa está así. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), que es donde se sientan los meros meros de las cinco universidades públicas a partir el queque, decidió cómo se iba a distribuir el aumento del 1% del FEES. De ese aumento, que son como ¢5.421 millones, a la UCR le tocaron más de ¢1.489 millones. Es la que más recibe, sí, pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Según el rector Araya, esa distribución porcentual afecta el equilibrio histórico y debilita a la UCR, que por su tamaño y complejidad siempre ha tenido la tajada más grande del pastel total. El mae fue clarísimo: "Voté en contra del acuerdo, porque defender a la UCR es defender a la educación superior pública y al país en general". O sea, no está para nada contento.
Diay, mientras Araya está que echa chispas, el comunicado oficial de CONARE suena a cuento de hadas. Dicen que el acuerdo "reafirma el compromiso con una educación universitaria pública solidaria y articulada" y que garantiza una "distribución justa" y una "visión compartida". Es el típico lenguaje diplomático para decir que se pusieron de acuerdo, aunque uno de ellos tuviera que ser arrastrado hasta la meta. La verdad es que este tipo de pleitos no son nuevos, pero pocas veces un rector sale a tirarle tan duro a una decisión de sus propios compas de CONARE. La UCR siempre ha defendido con uñas y dientes su porcentaje del FEES, argumentando que su oferta académica, su investigación y su impacto social son mucho mayores.
Vamos a los números para no enredarnos con tanto chunche. Del aumento total, la distribución quedó más o menos así: la UCR con sus ¢1.489 millones, el TEC y la UNED empatados con ¢1.084 millones cada uno, la UNA con ¢1.010 millones y la UTN con ¢752 millones. Aunque la UCR recibe más en términos absolutos de este aumento, el meollo del asunto es cómo esto afecta su participación en el gran total del FEES, que para 2026 será de más de ₡296 mil millones. Históricamente, la UCR ha manejado casi el 50% de todo el fondo (un 49,88% para ser exactos), y cualquier movida que parezca diluir ese porcentaje es vista como una amenaza directa a su operación. Es una lucha de poder y de visión sobre cómo debe funcionar el sistema.
Al final, esta bronca va más allá de un simple acuerdo de presupuesto. Es el reflejo de una tensión que lleva años cocinándose entre las universidades estatales. Mientras la UCR se ve a sí misma como el pilar del sistema, las otras universidades han crecido un montón y reclaman una porción más equitativa para seguir con su brete en las regiones y en áreas técnicas. La pregunta del millón es si este acuerdo es, como dice CONARE, un paso hacia un sistema más solidario o si, como advierte Araya, es el inicio de un desequilibrio que podría irse al traste y terminar perjudicando a miles de estudiantes. El tiempo dirá quién tenía la razón, pero por ahora, el ambiente está más tenso que un examen de cálculo.
Maes, ¿qué opinan de esta vara? ¿Tiene razón el rector de la UCR en defender su tajada del pastel a capa y espada, o es un berrinche y debería pensar más en el sistema como un todo? ¿Se nos viene un despiche serio entre las U públicas?
