¡Ay, Dios mío! Esto sí que cayó parejo, gente. Laura Fernández, la jefa de Pueblo Soberano, soltó la bomba en plena campaña: quiere levantar las garantias constitucionales en los barrios más peligrosos. ¡Imagínate la bronca! Se armó un teje mano tremendo entre los políticos y la gente está dividida como cancha de softball.
Como muchos saben, ya estamos aguantando un buen carrete de violencia por culpa de estas bandas de narkos que se pelean territorio. De hecho, si seguimos así, el país podría cerrarle el ojo a los 900 homicidios para el próximo año. ¡Una barbaridad! Los hospitales están hasta arriba, la policía sudando la gota gorda y nosotros, los ciudadanos, viviendo con miedo. Cada día es una torta.
La propuesta de Fernández es simple: si las cosas se ponen francamente feas –léase, sicarios a mansalva– ella, como futura presidenta, pediría permiso a la Asamblea Legislativa para quitarle algunas libertades a los delincuentes. Dice que con inteligencia policial identificarían los puntos calientes y sacarian a esos tipos de circulación. Suena duro, ¿verdad?
Pero hay que entenderla. La Constitución nos da algunos salvavidas, claro que sí. Por ejemplo, el artículo 121, inciso 7, permite a la Asamblea suspender esas garantías en caso de “conmoción interna” o “evidente necesidad pública”. Estos vándalos ya causaron mucha conmoción y necesitamos tomar medidas drásticas. Pero también sabemos que jugar con las libertades es como andar en cuerda floja; uno se resbala y pum, se va al traste toda la confianza en la justicia.
Y precisamente ahí es donde está el huesito que le rascan los opositores. Dicen que esto abre la puerta a abusos, que el gobierno se pasea agarrando a cualquiera sin pruebas sólidas. Podrían allanar casas, detener personas sin orden judicial… ¡Un chayazo total! Argumentan que eso va contra nuestra esencia democrática, que es mejor fortalecer las instituciones y mejorar la inteligencia policial en lugar de cortar derechos.
Según la ley, para que esto funcione, la Asamblea tendría que votar a favor con al menos 38 diputados –una mayoría bastante considerable– y solo podrían limitar ciertos derechos como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de reunión y el arresto sin orden judicial. Cosas bien particulares, oigan. Derechos vitales como el derecho a la vida o a defenderse ni siquiera entran en la lista de posibles restricciones, por suerte.
Ahora, más allá de la polémica, la realidad es que estamos en una situación crítica. Las bandas de narkos tienen más poder y armas que nunca, y el Gobierno parece ir dando tumbos buscando soluciones. Proyectos se van al traste, presupuestos se recorten, y mientras tanto, la violencia sigue escalando. ¿Será que radicalizar las medidas es la única vía que queda o estamos condenados a seguir viviendo en esta espiral de violencia indefinidamente?
En fin, esta propuesta de Fernández ha abierto un debate que necesitaba ser ventilado. Costa Rica siempre se ha caracterizado por ser un país de leyes y respeto a los derechos humanos, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder ante la presión de la inseguridad? ¿Ustedes creen que levantar las libertades constitucionales, aunque sea temporalmente, es un precio justo a pagar por recuperar la tranquilidad en nuestros barrios? ¡Denme su opinión!
Como muchos saben, ya estamos aguantando un buen carrete de violencia por culpa de estas bandas de narkos que se pelean territorio. De hecho, si seguimos así, el país podría cerrarle el ojo a los 900 homicidios para el próximo año. ¡Una barbaridad! Los hospitales están hasta arriba, la policía sudando la gota gorda y nosotros, los ciudadanos, viviendo con miedo. Cada día es una torta.
La propuesta de Fernández es simple: si las cosas se ponen francamente feas –léase, sicarios a mansalva– ella, como futura presidenta, pediría permiso a la Asamblea Legislativa para quitarle algunas libertades a los delincuentes. Dice que con inteligencia policial identificarían los puntos calientes y sacarian a esos tipos de circulación. Suena duro, ¿verdad?
Pero hay que entenderla. La Constitución nos da algunos salvavidas, claro que sí. Por ejemplo, el artículo 121, inciso 7, permite a la Asamblea suspender esas garantías en caso de “conmoción interna” o “evidente necesidad pública”. Estos vándalos ya causaron mucha conmoción y necesitamos tomar medidas drásticas. Pero también sabemos que jugar con las libertades es como andar en cuerda floja; uno se resbala y pum, se va al traste toda la confianza en la justicia.
Y precisamente ahí es donde está el huesito que le rascan los opositores. Dicen que esto abre la puerta a abusos, que el gobierno se pasea agarrando a cualquiera sin pruebas sólidas. Podrían allanar casas, detener personas sin orden judicial… ¡Un chayazo total! Argumentan que eso va contra nuestra esencia democrática, que es mejor fortalecer las instituciones y mejorar la inteligencia policial en lugar de cortar derechos.
Según la ley, para que esto funcione, la Asamblea tendría que votar a favor con al menos 38 diputados –una mayoría bastante considerable– y solo podrían limitar ciertos derechos como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de reunión y el arresto sin orden judicial. Cosas bien particulares, oigan. Derechos vitales como el derecho a la vida o a defenderse ni siquiera entran en la lista de posibles restricciones, por suerte.
Ahora, más allá de la polémica, la realidad es que estamos en una situación crítica. Las bandas de narkos tienen más poder y armas que nunca, y el Gobierno parece ir dando tumbos buscando soluciones. Proyectos se van al traste, presupuestos se recorten, y mientras tanto, la violencia sigue escalando. ¿Será que radicalizar las medidas es la única vía que queda o estamos condenados a seguir viviendo en esta espiral de violencia indefinidamente?
En fin, esta propuesta de Fernández ha abierto un debate que necesitaba ser ventilado. Costa Rica siempre se ha caracterizado por ser un país de leyes y respeto a los derechos humanos, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder ante la presión de la inseguridad? ¿Ustedes creen que levantar las libertades constitucionales, aunque sea temporalmente, es un precio justo a pagar por recuperar la tranquilidad en nuestros barrios? ¡Denme su opinión!
