¡Ay, Dios mío! Se armó un buen chinchorro en la Asamblea Legislativa con el tema de las jornadas 4x3. Resulta que el asunto quedó congelado por dos semanas gracias a unas mociones que le metieron los diputados. Ya saben cómo es esto, pura burocracia y trámites que hacen que el tiempo se vaya como agua entre las manos.
Como les cuento, el proyecto, que pretende permitir jornadas laborales de 12 horas para ciertos sectores, venía avanzando a paso cabreado, pero ahora toca esperar. Lo suspendieron tras aprobar una serie de consultas a diferentes instituciones, incluyendo al INAMU, el CCSS, el INEC, universidades públicas y hasta el Ministerio de Salud. ¡Parece que quieren consultar con todos los santos del calendario!
La diputada Montserrat Ruiz Guevara, del PLN, fue quien promovió esas mociones, argumentando que era necesario analizar a fondo el impacto social y económico de estas jornadas. Dice que quieren asegurarse de proteger a los trabajadores, especialmente a aquellos en condiciones de vulnerabilidad, y evitar que el tema se convierta en un boomerang político. No me extraña, porque este tema huele a gallina hervida desde hace rato.
Ruiz insistió en la importancia de tener estudios técnicos que evalúen el impacto psicosocial, de género, en la salud mental y, claro, en la conciliación familiar. Quiere que el país tome decisiones informadas, y eso suena bien en teoría, aunque a muchos nos parece que están alargando la espera para ver qué onda con la aprobación final. Ese brete del Poder Ejecutivo controlando la agenda parlamentaria en estas sesiones extraordinarias no ayuda precisamente.
Recordemos que la “vía rápida” de este proyecto ya había sido aprobada a mediados de año, generando un fuerte revuelo y críticas por parte de algunos sectores que denunciaron una falta de debate adecuado. El Frente Amplio intentó varias veces detener esa vía rápida, pero no lograron convencer al resto de los diputados. ¡Parecía que iban a sacar un ojo a alguien!
Y ni hablar de los intentos del diputado Alejandro Pacheco, del PUSC, para archivar el proyecto y llevarlo a una comisión especial. Él quería que se lo estudiaran con calma, pero al parecer, la prisa por aprobar medidas económicas sigue siendo la prioridad para algunos. De hecho, ahora quedan pendientes 1.706 mociones de fondo y 2.564 revisiones acumuladas... ¡Un verdadero quilombo!
Ahora, el proyecto volverá a discutir el 17 de noviembre, sumado a toda esta marañón de instituciones que tienen que emitir su opinión. Vamos a ver si para entonces hay algún cambio radical en el panorama. Con tantos obstáculos, empieza a verse difícil que esto salga adelante pronto, y la incertidumbre crece entre los empleadores y los empleados. Es un juego de nervios constante, diay.
Esta dilación generada por la consulta obligatoria nos lleva a preguntarnos: ¿Es realmente necesaria tanta burocracia para un proyecto que busca impulsar la economía, o simplemente estamos viendo una estrategia política para ganar tiempo y aplazar una decisión impopular? ¿Creen que el análisis profundo de estas jornadas 4x3 justificarán este retraso, o sería mejor avanzar hacia una solución más ágil?
Como les cuento, el proyecto, que pretende permitir jornadas laborales de 12 horas para ciertos sectores, venía avanzando a paso cabreado, pero ahora toca esperar. Lo suspendieron tras aprobar una serie de consultas a diferentes instituciones, incluyendo al INAMU, el CCSS, el INEC, universidades públicas y hasta el Ministerio de Salud. ¡Parece que quieren consultar con todos los santos del calendario!
La diputada Montserrat Ruiz Guevara, del PLN, fue quien promovió esas mociones, argumentando que era necesario analizar a fondo el impacto social y económico de estas jornadas. Dice que quieren asegurarse de proteger a los trabajadores, especialmente a aquellos en condiciones de vulnerabilidad, y evitar que el tema se convierta en un boomerang político. No me extraña, porque este tema huele a gallina hervida desde hace rato.
Ruiz insistió en la importancia de tener estudios técnicos que evalúen el impacto psicosocial, de género, en la salud mental y, claro, en la conciliación familiar. Quiere que el país tome decisiones informadas, y eso suena bien en teoría, aunque a muchos nos parece que están alargando la espera para ver qué onda con la aprobación final. Ese brete del Poder Ejecutivo controlando la agenda parlamentaria en estas sesiones extraordinarias no ayuda precisamente.
Recordemos que la “vía rápida” de este proyecto ya había sido aprobada a mediados de año, generando un fuerte revuelo y críticas por parte de algunos sectores que denunciaron una falta de debate adecuado. El Frente Amplio intentó varias veces detener esa vía rápida, pero no lograron convencer al resto de los diputados. ¡Parecía que iban a sacar un ojo a alguien!
Y ni hablar de los intentos del diputado Alejandro Pacheco, del PUSC, para archivar el proyecto y llevarlo a una comisión especial. Él quería que se lo estudiaran con calma, pero al parecer, la prisa por aprobar medidas económicas sigue siendo la prioridad para algunos. De hecho, ahora quedan pendientes 1.706 mociones de fondo y 2.564 revisiones acumuladas... ¡Un verdadero quilombo!
Ahora, el proyecto volverá a discutir el 17 de noviembre, sumado a toda esta marañón de instituciones que tienen que emitir su opinión. Vamos a ver si para entonces hay algún cambio radical en el panorama. Con tantos obstáculos, empieza a verse difícil que esto salga adelante pronto, y la incertidumbre crece entre los empleadores y los empleados. Es un juego de nervios constante, diay.
Esta dilación generada por la consulta obligatoria nos lleva a preguntarnos: ¿Es realmente necesaria tanta burocracia para un proyecto que busca impulsar la economía, o simplemente estamos viendo una estrategia política para ganar tiempo y aplazar una decisión impopular? ¿Creen que el análisis profundo de estas jornadas 4x3 justificarán este retraso, o sería mejor avanzar hacia una solución más ágil?
