Maes, en serio, a veces el sistema judicial de este país parece escrito por un guionista al que le pagan por cada giro inesperado en la trama. ¿Se acuerdan del caso de Celso Gamboa y Johnny Araya? Sí, ese mismo, el del supuesto tráfico de influencias. Pues resulta que cuando ya todos estábamos listos para archivar la noticia bajo la etiqueta de “otro más que se sale con la suya”, la vara dio un vuelco digno de final de temporada. ¡Qué despiche se tienen montado!
Hagamos un toque de memoria para los que andan perdidos. El miércoles, el Ministerio Público, que es el ente que se supone que nos defiende de los malos, básicamente tiró la toalla. Llegaron y le dijeron al juez, con toda la calma del mundo, que pedían la absolutoria para Gamboa, Araya y la exfiscal Berenice Smith. ¿La razón? Que no tenían cómo probar el delito. O sea, después de años de investigación y recursos públicos gastados, la tesis principal de que Gamboa y Smith movieron hilos para borrar a Araya de una causa penal y así ayudarlo en su campaña política… simplemente se fue al traste. Uno ya casi que podía escuchar el sonido de las botellas de champán descorchándose.
Pero ¡sorpresa! Al día siguiente, cuando el país procesaba la noticia con una mezcla de cinismo y resignación, la Procuraduría General de la República (que en este novelón vendría a ser como el personaje secundario que nadie vio venir) se robó el show. El procurador Federico Quesada Soto se paró y dijo: “Un momentito aquí”. Según él, aunque el Ministerio Público se haya jalado una torta y no pueda probar el *delito* penal, las acciones de estos tres exfuncionarios sí generaron un “daño social” tangible y, por lo tanto, tienen que pagar. No con cárcel, sino con plata. Y no cualquier menudo, estamos hablando de una multa millonaria.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La Procuraduría está pidiendo una sanción civil de ¢15 millones para Gamboa, otros ¢15 para Smith, y ¢12 milloncitos para Araya. El argumento es que sus actos “afectaron intereses colectivos” y minaron la confianza de la gente en las instituciones. Diay, es una lectura fascinante: el Ministerio Público dice “no hay pruebas del crimen”, pero la Procuraduría responde “puede que no, pero el despiche que armaron le costó la confianza al país, y eso tiene un precio”. Es como si dijeran: “Ok, no podemos probar que se robaron el carro, pero sí podemos probar que lo dejaron rayado, sin llantas y con los vidrios rotos en media calle”.
Esto nos deja en un limbo muy particular. Por un lado, se siente como una victoria pírrica, un premio de consolación para un Estado que no logró armar un caso penal sólido. ¿Pagar una multa es realmente justicia en un caso con estas implicaciones? Por otro lado, al menos no es un “váyanse para la casa, aquí no pasó nada”. Es un reconocimiento, aunque sea por la vía civil, de que ciertas conductas de los funcionarios públicos, probables o no en un juicio penal, tienen consecuencias nefastas para la credibilidad del sistema. La gran pregunta es si esto sienta un precedente útil o si es solo una forma elegante de que el Estado no admita una derrota total. ¡Qué sal! Al final, la novela sigue y parece que el último capítulo todavía no está escrito.
Así que, abro el debate para el foro, compas. ¿Ustedes qué opinan de esta jugada? ¿Les parece que la Procuraduría está haciendo el brete que el Ministerio Público no pudo o no quiso hacer, o esto es simplemente un manotazo de ahogado para que el sistema no quede tan mal parado?
Hagamos un toque de memoria para los que andan perdidos. El miércoles, el Ministerio Público, que es el ente que se supone que nos defiende de los malos, básicamente tiró la toalla. Llegaron y le dijeron al juez, con toda la calma del mundo, que pedían la absolutoria para Gamboa, Araya y la exfiscal Berenice Smith. ¿La razón? Que no tenían cómo probar el delito. O sea, después de años de investigación y recursos públicos gastados, la tesis principal de que Gamboa y Smith movieron hilos para borrar a Araya de una causa penal y así ayudarlo en su campaña política… simplemente se fue al traste. Uno ya casi que podía escuchar el sonido de las botellas de champán descorchándose.
Pero ¡sorpresa! Al día siguiente, cuando el país procesaba la noticia con una mezcla de cinismo y resignación, la Procuraduría General de la República (que en este novelón vendría a ser como el personaje secundario que nadie vio venir) se robó el show. El procurador Federico Quesada Soto se paró y dijo: “Un momentito aquí”. Según él, aunque el Ministerio Público se haya jalado una torta y no pueda probar el *delito* penal, las acciones de estos tres exfuncionarios sí generaron un “daño social” tangible y, por lo tanto, tienen que pagar. No con cárcel, sino con plata. Y no cualquier menudo, estamos hablando de una multa millonaria.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La Procuraduría está pidiendo una sanción civil de ¢15 millones para Gamboa, otros ¢15 para Smith, y ¢12 milloncitos para Araya. El argumento es que sus actos “afectaron intereses colectivos” y minaron la confianza de la gente en las instituciones. Diay, es una lectura fascinante: el Ministerio Público dice “no hay pruebas del crimen”, pero la Procuraduría responde “puede que no, pero el despiche que armaron le costó la confianza al país, y eso tiene un precio”. Es como si dijeran: “Ok, no podemos probar que se robaron el carro, pero sí podemos probar que lo dejaron rayado, sin llantas y con los vidrios rotos en media calle”.
Esto nos deja en un limbo muy particular. Por un lado, se siente como una victoria pírrica, un premio de consolación para un Estado que no logró armar un caso penal sólido. ¿Pagar una multa es realmente justicia en un caso con estas implicaciones? Por otro lado, al menos no es un “váyanse para la casa, aquí no pasó nada”. Es un reconocimiento, aunque sea por la vía civil, de que ciertas conductas de los funcionarios públicos, probables o no en un juicio penal, tienen consecuencias nefastas para la credibilidad del sistema. La gran pregunta es si esto sienta un precedente útil o si es solo una forma elegante de que el Estado no admita una derrota total. ¡Qué sal! Al final, la novela sigue y parece que el último capítulo todavía no está escrito.
Así que, abro el debate para el foro, compas. ¿Ustedes qué opinan de esta jugada? ¿Les parece que la Procuraduría está haciendo el brete que el Ministerio Público no pudo o no quiso hacer, o esto es simplemente un manotazo de ahogado para que el sistema no quede tan mal parado?
