¡Ay, Dios mío! Esto se puso bueno, chinos. Resulta que el Poder Judicial dice que aprobar la libertad condicional aquí en Costa Rica es más difícil que encontrar aguacate maduro en diciembre. Según sus números, solo un poquito, apenas un 1.8%, de las solicitudes terminan siendo aprobadas. Más de 12 mil casos revisaron entre 2022 y 2024, y solo unas 215 lograron salir adelante, ¡qué poca vara!
Pero aquí viene el tingo de billete. El Ministerio de Justicia, con sus propios cálculos, dice otra cosa. Afirman que varios reos con un diagnóstico técnico negativo – esos que los expertos dicen que tienen altas posibilidades de volver a meterse en líos – sí han gozado de la libertad condicional. ¿Cómo es eso?, se preguntarán algunos, y justamente ahí radica la polémica. ¡Parece novela!
Para ponerlos al tanto, la libertad condicional es una chance que da la ley para que alguien que ya tiene sentencia termine de cumplir su castigo fuera de la cárcel, pero con reglas claras y alguien vigilándolo de cerca. Hay que haber pagado ya la mitad de la pena, entre otras cosas, para siquiera tener derecho a pedirla. La jueza Odilie Robles lo dejó claro: “Nos aseguramos de que no reincidan, pero tenemos el derecho de volver a meterlos si se salen del camino.”
La jueza Robles tampoco se anda con rodeos, y enfatiza que la mayoría de estas peticiones simplemente no cumplen con los requisitos. Pero entonces, ¿por qué el Ministerio de Justicia arroja números tan distintos? Ahí entra el Instituto Nacional de Criminología (INC), un órgano del gobierno que evalúa el riesgo de reincidencia. Ellos le dan una recomendación técnica, pero ojo, ¡esa recomendación no es definitiva! El juez es quien tiene la última palabra, y puede considerar otras pruebas y factores.
“El informe del INC es importante, sí, pero no ata las manos al juez,” explican desde el Poder Judicial. Y vaya que lo demuestran: entre 2023 y 2024, casi 456 personas que el INC consideró con alto riesgo de volver a caer, sí consiguieron la libertad condicional. Una diferencia brutal, brete, que ha levantado ampollas y preguntas bien difíciles.
Este rollo del debate sobre la libertad condicional siempre es un tema candente, especialmente porque atañe la seguridad nacional. Algunos dicen que estamos siendo demasiado blanditos con los delincuentes, mientras que otros argumentan que la rehabilitación es clave para reducir la criminalidad a largo plazo. Se habla mucho de reinserción social, pero a veces parece que queda en papel mojado. ¡Qué chinamanería!
Muchos se preguntan si realmente estamos evaluando correctamente el riesgo de reincidencia, y si los jueces están tomando decisiones informadas o influenciados por otros factores. Y honestamente, es difícil saberlo. Lo que sí es seguro es que esta discrepancia en los datos alimenta la desconfianza ciudadana y pone en tela de juicio la eficacia del sistema judicial. Además, ¿cómo podemos pretender mejorar la seguridad pública si ni siquiera estamos de acuerdo en cómo medir el riesgo?
En fin, amigos, un tema complejo y lleno de matices. Con tantos datos cruzados y opiniones encontradas, me pregunto: ¿Deberíamos endurecer aún más las condiciones para conceder la libertad condicional, incluso si eso significa perder oportunidades de rehabilitar a algunos internos, o priorizar la reinserción social a pesar del riesgo potencial?”,
Pero aquí viene el tingo de billete. El Ministerio de Justicia, con sus propios cálculos, dice otra cosa. Afirman que varios reos con un diagnóstico técnico negativo – esos que los expertos dicen que tienen altas posibilidades de volver a meterse en líos – sí han gozado de la libertad condicional. ¿Cómo es eso?, se preguntarán algunos, y justamente ahí radica la polémica. ¡Parece novela!
Para ponerlos al tanto, la libertad condicional es una chance que da la ley para que alguien que ya tiene sentencia termine de cumplir su castigo fuera de la cárcel, pero con reglas claras y alguien vigilándolo de cerca. Hay que haber pagado ya la mitad de la pena, entre otras cosas, para siquiera tener derecho a pedirla. La jueza Odilie Robles lo dejó claro: “Nos aseguramos de que no reincidan, pero tenemos el derecho de volver a meterlos si se salen del camino.”
La jueza Robles tampoco se anda con rodeos, y enfatiza que la mayoría de estas peticiones simplemente no cumplen con los requisitos. Pero entonces, ¿por qué el Ministerio de Justicia arroja números tan distintos? Ahí entra el Instituto Nacional de Criminología (INC), un órgano del gobierno que evalúa el riesgo de reincidencia. Ellos le dan una recomendación técnica, pero ojo, ¡esa recomendación no es definitiva! El juez es quien tiene la última palabra, y puede considerar otras pruebas y factores.
“El informe del INC es importante, sí, pero no ata las manos al juez,” explican desde el Poder Judicial. Y vaya que lo demuestran: entre 2023 y 2024, casi 456 personas que el INC consideró con alto riesgo de volver a caer, sí consiguieron la libertad condicional. Una diferencia brutal, brete, que ha levantado ampollas y preguntas bien difíciles.
Este rollo del debate sobre la libertad condicional siempre es un tema candente, especialmente porque atañe la seguridad nacional. Algunos dicen que estamos siendo demasiado blanditos con los delincuentes, mientras que otros argumentan que la rehabilitación es clave para reducir la criminalidad a largo plazo. Se habla mucho de reinserción social, pero a veces parece que queda en papel mojado. ¡Qué chinamanería!
Muchos se preguntan si realmente estamos evaluando correctamente el riesgo de reincidencia, y si los jueces están tomando decisiones informadas o influenciados por otros factores. Y honestamente, es difícil saberlo. Lo que sí es seguro es que esta discrepancia en los datos alimenta la desconfianza ciudadana y pone en tela de juicio la eficacia del sistema judicial. Además, ¿cómo podemos pretender mejorar la seguridad pública si ni siquiera estamos de acuerdo en cómo medir el riesgo?
En fin, amigos, un tema complejo y lleno de matices. Con tantos datos cruzados y opiniones encontradas, me pregunto: ¿Deberíamos endurecer aún más las condiciones para conceder la libertad condicional, incluso si eso significa perder oportunidades de rehabilitar a algunos internos, o priorizar la reinserción social a pesar del riesgo potencial?”,
