¡Ay, Dios mío! Otra vez nos sacan tablas con este tema de los capitales turbios. Resulta que el diputado José Joaquín Hernández, del PLN, tuvo que desempolvar su proyecto de ley contra el lavado de dinero, porque parece que ni el oficialismo ni los otros partidos se pusieron las pilas para aprobarlo. Ya van dos veces que le cierran la puerta, y eso que el tema está más candente que gallina asada.
El proyecto, llamado “Expediente 25.200”, busca echarle mano a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para poder embargar esos dineros sospechosos que entran al país por doquier. Como recordaríamos, el gobierno de Carlos Alvarado ya había traído la idea, pero nunca logró despegar, y ahora el congreso se la pasa dando vueltas como pez gordo en charca chica. Parece que algunos diputados prefieren hacerse los dormidos, aunque la delincuencia organizada está metiendo las manos hasta el codo en nuestra economía.
El problema es que, según explica Hernández, necesitamos urgentemente tener herramientas legales efectivas para cortarles el flujo de plata a estos señores del cartel. Con qué les creen que se mantienen esas operaciones, si no es con fondos ilícitos? Casa, carros, propiedades... ¡todo comprado con billetes manchados!, y nosotros aquí, viendo cómo se pudre el país.
Lo curioso de todo esto es que la última vez, el proyecto necesitaba 38 votos para pasar, y apenas consiguió 23. Una diferencia abismal. Entre los que sí estaban a favor, estaban el PLN entero, el Frente Amplio, y algunos diputados independientes que tienen buen ojo para estas cosas. Pero ahí va, pa’ que vean cómo anda la cosa en el congreso, lleno de rodeos y de gente que no quiere hacer nada.
Y encima, no solo el oficialismo jugó sucio. Fabricistas, PUSC, PLP… todos se sumaron al boicot. Incluso algunas diputadas independientes, María Marta Padilla y Cynthia Córdoba, le dieron su visto bueno al archivo definitivo. Uno se queda pensando: ¿qué intereses hay detrás de tanta oposición?, ¿será que alguien tiene los bolsillos llenos de guano?
Ahora, Hernández ha vuelto a presentar el mismo proyecto, esperando que esta vez tenga más suerte. Dice que se trata de reforzar el Instituto de Recuperación de Activos y darle más poder para confiscar esos bienes que provienen de actividades ilegales. No establece ningún umbral mínimo para investigar, lo que significa que cualquier movimiento de dinero sospechoso podría quedar bajo la lupa del Ministerio Público. A ver si con esta insistencia consiguen mover el avispero.
En teoría, el proyecto debería pasar ahora a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, donde seguramente tendrán que escuchar argumentos a favor y en contra. Lo que preocupa es que, con la polarización política que hay ahorita, parece difícil llegar a un acuerdo. Cada quien defendiendo su terruño, y el país pagando los platos rotos. ¡Qué situación!
Bueno, pues aquí estamos, otra vez en la misma. Esperemos que los diputados pongan el hombro y hagan algo útil por una vez, porque la inseguridad y la corrupción se están comiendo el país de vivos. ¿Ustedes creen que realmente vamos a ver cambios en la lucha contra el lavado de dinero, o este proyecto terminará siendo otro muerto en el cementerio legislativo?
El proyecto, llamado “Expediente 25.200”, busca echarle mano a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para poder embargar esos dineros sospechosos que entran al país por doquier. Como recordaríamos, el gobierno de Carlos Alvarado ya había traído la idea, pero nunca logró despegar, y ahora el congreso se la pasa dando vueltas como pez gordo en charca chica. Parece que algunos diputados prefieren hacerse los dormidos, aunque la delincuencia organizada está metiendo las manos hasta el codo en nuestra economía.
El problema es que, según explica Hernández, necesitamos urgentemente tener herramientas legales efectivas para cortarles el flujo de plata a estos señores del cartel. Con qué les creen que se mantienen esas operaciones, si no es con fondos ilícitos? Casa, carros, propiedades... ¡todo comprado con billetes manchados!, y nosotros aquí, viendo cómo se pudre el país.
Lo curioso de todo esto es que la última vez, el proyecto necesitaba 38 votos para pasar, y apenas consiguió 23. Una diferencia abismal. Entre los que sí estaban a favor, estaban el PLN entero, el Frente Amplio, y algunos diputados independientes que tienen buen ojo para estas cosas. Pero ahí va, pa’ que vean cómo anda la cosa en el congreso, lleno de rodeos y de gente que no quiere hacer nada.
Y encima, no solo el oficialismo jugó sucio. Fabricistas, PUSC, PLP… todos se sumaron al boicot. Incluso algunas diputadas independientes, María Marta Padilla y Cynthia Córdoba, le dieron su visto bueno al archivo definitivo. Uno se queda pensando: ¿qué intereses hay detrás de tanta oposición?, ¿será que alguien tiene los bolsillos llenos de guano?
Ahora, Hernández ha vuelto a presentar el mismo proyecto, esperando que esta vez tenga más suerte. Dice que se trata de reforzar el Instituto de Recuperación de Activos y darle más poder para confiscar esos bienes que provienen de actividades ilegales. No establece ningún umbral mínimo para investigar, lo que significa que cualquier movimiento de dinero sospechoso podría quedar bajo la lupa del Ministerio Público. A ver si con esta insistencia consiguen mover el avispero.
En teoría, el proyecto debería pasar ahora a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, donde seguramente tendrán que escuchar argumentos a favor y en contra. Lo que preocupa es que, con la polarización política que hay ahorita, parece difícil llegar a un acuerdo. Cada quien defendiendo su terruño, y el país pagando los platos rotos. ¡Qué situación!
Bueno, pues aquí estamos, otra vez en la misma. Esperemos que los diputados pongan el hombro y hagan algo útil por una vez, porque la inseguridad y la corrupción se están comiendo el país de vivos. ¿Ustedes creen que realmente vamos a ver cambios en la lucha contra el lavado de dinero, o este proyecto terminará siendo otro muerto en el cementerio legislativo?
