¡Ay, Dios mío, qué bronca! El caso del BCR-SAFI sigue dando de qué hablar y ahora la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) le ha echado encima a 14 personitas más, incluyendo exgerentes, un abogado y hasta unos vendedores de propiedades. Parece mentira, pero la cosa se puso más turbia aún después de esos 16 allanamientos que hicieron hace poquito. Uno se queda pensando, ¿hasta dónde llegará esta novela?
Esta movida toda gira alrededor de cómo el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIND) del Banco de Costa Rica (BCR) compró unas propiedades. Al parecer, hubo algunas cosillas raras en el camino, como si hubieran inflado los precios a lo loco. ¡Qué torta! Ahora están investigando si alguien se aprovechó de la situación para llenarse los bolsillos, mientras el pueblo paga la cuenta.
Y ojo, porque en la lista de imputados hay figuras conocidas. Tenemos al exdiputado Humberto Vargas Corrales, del PUSC, que andaba vendiendo humo durante un buen rato, y su hijo, Humberto Vargas Sotres. También aparecen sus compinches, Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Barrantes Marín. ¡Una banda! Pero eso no es todo, porque también metieron a Rosnnie Díaz Méndez, la exgerente de BCR-SAFI, que aparentemente fue quien dio luz verde a la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por unos 70 millones de dólares. ¡Seis cifras, diay!
Además, sumamos a Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Álvaro Camacho de la O, exgerentes de Banca Corporativa, Marlon Sequeira Gamboa, Natalia Garro Acuña, y el abogado Álvaro Jiménez Villegas. Para completar la sopa de letras, también anduvieron buscando a un arquitecto y un ingeniero de la SAFI, y a otros dos arquitectos externos. ¡Parece novela de telenovela, pero con plata pública involucrada!
Según la Fiscalía, el sobreprecio total en estas compras rondaría los 92 millones de dólares, ¡más de ₡49,4 millones! Eso sí que es jalarse una torta, mi pana. Están diciendo que hubo delitos de sobreprecio e influencia en contra de la Hacienda Pública, y que la Junta Directiva, el Comité de Inversión y otros profesionales de la SAFI podrían haber tenido algo que ver. ¡Qué vaina!
Recuerden que todo esto empezó a moverse en julio del año pasado, cuando la Fapta descubrió posibles casos de tráfico de influencias y destrucción de documentos en el BCR. Habían recibido algunos informes sospechosos sobre la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), esa finca que Vargas Corrales tenía atada de manos. Al parecer, la SAFI le pagó 70 millones de dólares por esa propiedad, después de que la empresa de Vargas la hubiera comprado por apenas 16 millones... ¡Un negocio redondo para unos pocos!
Andaban revisando papeles, contratas, permisos de construcción, todo lo que pudieron encontrar en las oficinas del BCR en Aranjuez, en Torre Cordillera en Rohrmoser, y hasta en la sede central en San José. Buscaron evidencias documentales y electrónicas, documentos sobre inversiones adentro y fuera del país… ¡Todo para descubrir quién se quedó con la bolsa y quién tuvo que tragarse el sapo!
Con todo esto, uno no puede dejar de preguntarse: ¿Estamos viendo el principio del fin de esta trama, o nos van a seguir tomando el pelo con investigaciones interminables y culpables impunes? ¿Cree usted que las autoridades realmente llegarán al fondo de este asunto y castigarán a los responsables, o será otro caso que se va a ir al traste? Déjenos sus opiniones en los comentarios, ¡queremos saber qué piensa nuestro público!
Esta movida toda gira alrededor de cómo el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIND) del Banco de Costa Rica (BCR) compró unas propiedades. Al parecer, hubo algunas cosillas raras en el camino, como si hubieran inflado los precios a lo loco. ¡Qué torta! Ahora están investigando si alguien se aprovechó de la situación para llenarse los bolsillos, mientras el pueblo paga la cuenta.
Y ojo, porque en la lista de imputados hay figuras conocidas. Tenemos al exdiputado Humberto Vargas Corrales, del PUSC, que andaba vendiendo humo durante un buen rato, y su hijo, Humberto Vargas Sotres. También aparecen sus compinches, Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Barrantes Marín. ¡Una banda! Pero eso no es todo, porque también metieron a Rosnnie Díaz Méndez, la exgerente de BCR-SAFI, que aparentemente fue quien dio luz verde a la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por unos 70 millones de dólares. ¡Seis cifras, diay!
Además, sumamos a Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Álvaro Camacho de la O, exgerentes de Banca Corporativa, Marlon Sequeira Gamboa, Natalia Garro Acuña, y el abogado Álvaro Jiménez Villegas. Para completar la sopa de letras, también anduvieron buscando a un arquitecto y un ingeniero de la SAFI, y a otros dos arquitectos externos. ¡Parece novela de telenovela, pero con plata pública involucrada!
Según la Fiscalía, el sobreprecio total en estas compras rondaría los 92 millones de dólares, ¡más de ₡49,4 millones! Eso sí que es jalarse una torta, mi pana. Están diciendo que hubo delitos de sobreprecio e influencia en contra de la Hacienda Pública, y que la Junta Directiva, el Comité de Inversión y otros profesionales de la SAFI podrían haber tenido algo que ver. ¡Qué vaina!
Recuerden que todo esto empezó a moverse en julio del año pasado, cuando la Fapta descubrió posibles casos de tráfico de influencias y destrucción de documentos en el BCR. Habían recibido algunos informes sospechosos sobre la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), esa finca que Vargas Corrales tenía atada de manos. Al parecer, la SAFI le pagó 70 millones de dólares por esa propiedad, después de que la empresa de Vargas la hubiera comprado por apenas 16 millones... ¡Un negocio redondo para unos pocos!
Andaban revisando papeles, contratas, permisos de construcción, todo lo que pudieron encontrar en las oficinas del BCR en Aranjuez, en Torre Cordillera en Rohrmoser, y hasta en la sede central en San José. Buscaron evidencias documentales y electrónicas, documentos sobre inversiones adentro y fuera del país… ¡Todo para descubrir quién se quedó con la bolsa y quién tuvo que tragarse el sapo!
Con todo esto, uno no puede dejar de preguntarse: ¿Estamos viendo el principio del fin de esta trama, o nos van a seguir tomando el pelo con investigaciones interminables y culpables impunes? ¿Cree usted que las autoridades realmente llegarán al fondo de este asunto y castigarán a los responsables, o será otro caso que se va a ir al traste? Déjenos sus opiniones en los comentarios, ¡queremos saber qué piensa nuestro público!
