¡Ay, Dios mío, qué torta! Aquí seguimos con el mismo rollo, parece novela de telenovela nacional. El presidente Rodrigo Chaves Robles, nuestro querido “Roe”, ya va cumpliendo una semanita –dicen– bloqueando el proyecto de ley 25.240, ese que tanto necesitamos para echarle la mano a las familias que cuidan de sus seres queridos enfermos o niños pequeños. Y eso, apesar de que la gente le ha pedido a gritos, diputados, mamás y papás desesperados, e incluso la mismísima Contraloría nos está diciendo que no hay varas para tanta tontería.
Pero no es solo eso, mijos. Resulta que la Sala Constitucional, esos jueces sabios, han dado la razón a varias familias que buscaron refugio en los recursos de amparo. Le han dicho al gobierno que tiene que asegurarse de que les paguen a los que hacen este trabajo tan importante. Imagínate, ¡la Corte Suprema respaldando a los cuidadores! Pero, ¿quién escucha esas cosas ahora?
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), haciendo lo que puede, aprobó ¢2.700 millones para esto. Una suma considerable, dicen algunos. Sin embargo, esa lana no puede moverse porque hace falta una reformita legal para que la Contraloría dé el visto bueno. Ahí es donde entra el problema, porque el presidente cree que la Contraloría es la única responsable y no quiere ni asomarle la nariz al asunto. Dice que es innecesario convocar el proyecto para discutirlo en segundo debate... ¡Un despique!
Desde el 3 de noviembre, el Congreso está en sesiones extraordinarias, lo que le da al Presidente el poder de decidir qué temas se discuten. ¿Y saben qué ha hecho? Ha mandado a llamar a más de cien proyectos propios de sus amigos de PUSC y Nueva República, dejando afuera las propuestas de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio e independientes. En pocas palabras, a toda la oposición. ¡Qué manera de hacer las cosas, oe!
Y hasta hoy, lunes, el Presidente no ha hecho nada por sacar adelante el proyecto. Las diputaciones del Frente Amplio y los grupos de mujeres cuidadoras están encabronándose porque temen que la Contraloría no apruebe los pagos si no se cambia la ley a tiempo. Están preocupadísimas, y con justa razón, porque estamos hablando de personas que dedican su vida a cuidar de otros. ¿Quién se pone en su lugar?
Lo más gracioso (o lo más triste, dependiendo cómo lo mires) es que el propio ministro de Trabajo, Andrés Romero, tuvo que admitir ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que sí necesitan una reforma legal para poder mover esa plata. Resulta que los recursos que tienen actualmente no alcanzan para cubrir todos los casos de licencia de cuidado, ¡qué bronca! Según un comunicado oficial de la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF), no hay espacio para maniobrar dentro del marco legal actual, y cualquier intento de reasignar fondos podría irse al traste.
Para colmo, la Contraloría General de la República, con toda la razón del mundo, salió a defender el criterio del diputado Jonathan Acuña Soto, diciendo que sí es necesaria esa ley para poder destinar los recursos correctamente. Confirmaron que la legislación actual pone límites que solo pueden resolverse con una ley. Así que ahí tenemos al Presidente ignorando a todos los expertos y poniendo en riesgo el bienestar de muchas familias. Esto ya huele a chamaco, diay...
La presión sobre el Presidente sigue creciendo. Los diputados del Frente Amplio siguen insistiendo en que convoque el proyecto, las mamás y papás están protestando frente a Casa Presidencial exigiendo soluciones, y la Contraloría está tratando de poner paños fríos al incendio. Al final, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar para ver justicia hecha en este caso? ¿Será que finalmente el Presidente escuchará a la gente y permitirá que se apruebe esta ley tan necesaria, o seguiremos viendo cómo las familias se las arreglan solas en medio de esta crisis? ¿Ustedes creen que el Presidente cederá ante la presión popular o seguirá aferrado a su postura, y cuáles serían las consecuencias de cada decisión para las familias costarricenses?
Pero no es solo eso, mijos. Resulta que la Sala Constitucional, esos jueces sabios, han dado la razón a varias familias que buscaron refugio en los recursos de amparo. Le han dicho al gobierno que tiene que asegurarse de que les paguen a los que hacen este trabajo tan importante. Imagínate, ¡la Corte Suprema respaldando a los cuidadores! Pero, ¿quién escucha esas cosas ahora?
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), haciendo lo que puede, aprobó ¢2.700 millones para esto. Una suma considerable, dicen algunos. Sin embargo, esa lana no puede moverse porque hace falta una reformita legal para que la Contraloría dé el visto bueno. Ahí es donde entra el problema, porque el presidente cree que la Contraloría es la única responsable y no quiere ni asomarle la nariz al asunto. Dice que es innecesario convocar el proyecto para discutirlo en segundo debate... ¡Un despique!
Desde el 3 de noviembre, el Congreso está en sesiones extraordinarias, lo que le da al Presidente el poder de decidir qué temas se discuten. ¿Y saben qué ha hecho? Ha mandado a llamar a más de cien proyectos propios de sus amigos de PUSC y Nueva República, dejando afuera las propuestas de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio e independientes. En pocas palabras, a toda la oposición. ¡Qué manera de hacer las cosas, oe!
Y hasta hoy, lunes, el Presidente no ha hecho nada por sacar adelante el proyecto. Las diputaciones del Frente Amplio y los grupos de mujeres cuidadoras están encabronándose porque temen que la Contraloría no apruebe los pagos si no se cambia la ley a tiempo. Están preocupadísimas, y con justa razón, porque estamos hablando de personas que dedican su vida a cuidar de otros. ¿Quién se pone en su lugar?
Lo más gracioso (o lo más triste, dependiendo cómo lo mires) es que el propio ministro de Trabajo, Andrés Romero, tuvo que admitir ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que sí necesitan una reforma legal para poder mover esa plata. Resulta que los recursos que tienen actualmente no alcanzan para cubrir todos los casos de licencia de cuidado, ¡qué bronca! Según un comunicado oficial de la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF), no hay espacio para maniobrar dentro del marco legal actual, y cualquier intento de reasignar fondos podría irse al traste.
Para colmo, la Contraloría General de la República, con toda la razón del mundo, salió a defender el criterio del diputado Jonathan Acuña Soto, diciendo que sí es necesaria esa ley para poder destinar los recursos correctamente. Confirmaron que la legislación actual pone límites que solo pueden resolverse con una ley. Así que ahí tenemos al Presidente ignorando a todos los expertos y poniendo en riesgo el bienestar de muchas familias. Esto ya huele a chamaco, diay...
La presión sobre el Presidente sigue creciendo. Los diputados del Frente Amplio siguen insistiendo en que convoque el proyecto, las mamás y papás están protestando frente a Casa Presidencial exigiendo soluciones, y la Contraloría está tratando de poner paños fríos al incendio. Al final, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar para ver justicia hecha en este caso? ¿Será que finalmente el Presidente escuchará a la gente y permitirá que se apruebe esta ley tan necesaria, o seguiremos viendo cómo las familias se las arreglan solas en medio de esta crisis? ¿Ustedes creen que el Presidente cederá ante la presión popular o seguirá aferrado a su postura, y cuáles serían las consecuencias de cada decisión para las familias costarricenses?
