¡Ay, Dios mío, qué torta! La situación se puso bien fea para muchas familias costarricenses. Resulta que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) andan con un desacuerdo administrativo que está dejando varadas a personas que necesitan urgentemente atención médica y hasta pensiones. Esto no es ningún juego, ¿eh?
La bronca empezó porque parece que la CCSS está mandando a gente que necesita pensiones del Régimen No Contributivo o algún tipo de aseguramiento por cuenta del Estado, directo al IMAS. Y cuando llegan ahí, ¡zas!, les dicen que tienen que volver a la Caja. Imagínate el vaivén, la pérdida de tiempo… y lo peor de todo, la falta de atención para quienes realmente lo necesitan.
Lo más preocupante es que esto está afectando a to’ quien: pacientes en hospitales, señores que necesitan sus medicinas a tiempo, familias esperando por una cita urgente… una verdadera maraña administrativa, como dice la Defensoría de los Habitantes. Parece sacado de una novela, pero es la cruda realidad de muchos compatriotas nuestros que viven en condiciones de vulnerabilidad. ¡Qué sal!
La Defensoría, viendo el desastre que se avecinaba, decidió meterse en la onda para tratar de ponerle pañuelos a la situación. Organizaron un diálogo entre Mónica Taylor, presidenta de la CCSS; Yorleni León, presidenta del IMAS; y Juan Carlos Pereira, Defensor Adjunto. Se juntaron todos los jefes técnicos para ver si podían llegar a alguna solución, aunque vaya brete tenían entre manos.
Al parecer, el IMAS está cuestionando que la CCSS esté enviando a la gente a sus oficinas a actualizar el Registro de Información Social (RIS), que es parte del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE). Dicen que la Caja sí tiene acceso para hacer esas actualizaciones directamente y que estar mandando a la gente así es ir contra la ley, imponiendo cargas que no le corresponden al instituto. ¡Menudo follón!
Pero la CCSS, por su lado, argumenta que esa labor no entra dentro de sus competencias. Dicen que no les toca a ellos decidir quién está o no en situación de pobreza y que, encima, no tienen el presupuesto para encargarse de eso. Según cuentan, este problema viene arrastrándolo desde el año 2021 y se ha agravado bastante en los últimos meses. ¡Uy, qué vara!
Después de mucho hablar, lograron llegar a seis acuerdos. La CCSS va a atender las denuncias más recientes relacionadas con este problema, van a abrir un proceso de diálogo con la Defensoría, van a invitar al SINIRUBE, al Ministerio de Hacienda y al DESAF para que participen en las conversaciones, y van a evaluar si pueden aplicar y actualizar el RIS. Mientras tanto, el IMAS seguirá haciendo esas actualizaciones en beneficio de los afectados. ¡Esperemos que esto funcione, por fin!
Ahora bien, vamos a ser honestos, ¿creen que estos acuerdos serán suficientes para solucionar el problema de fondo y evitar que las personas más necesitadas sigan sufriendo las consecuencias de esta disputa institucional? ¿O creen que necesitamos medidas más drásticas para asegurar que la CCSS y el IMAS trabajen juntos en beneficio de los costarricenses?
La bronca empezó porque parece que la CCSS está mandando a gente que necesita pensiones del Régimen No Contributivo o algún tipo de aseguramiento por cuenta del Estado, directo al IMAS. Y cuando llegan ahí, ¡zas!, les dicen que tienen que volver a la Caja. Imagínate el vaivén, la pérdida de tiempo… y lo peor de todo, la falta de atención para quienes realmente lo necesitan.
Lo más preocupante es que esto está afectando a to’ quien: pacientes en hospitales, señores que necesitan sus medicinas a tiempo, familias esperando por una cita urgente… una verdadera maraña administrativa, como dice la Defensoría de los Habitantes. Parece sacado de una novela, pero es la cruda realidad de muchos compatriotas nuestros que viven en condiciones de vulnerabilidad. ¡Qué sal!
La Defensoría, viendo el desastre que se avecinaba, decidió meterse en la onda para tratar de ponerle pañuelos a la situación. Organizaron un diálogo entre Mónica Taylor, presidenta de la CCSS; Yorleni León, presidenta del IMAS; y Juan Carlos Pereira, Defensor Adjunto. Se juntaron todos los jefes técnicos para ver si podían llegar a alguna solución, aunque vaya brete tenían entre manos.
Al parecer, el IMAS está cuestionando que la CCSS esté enviando a la gente a sus oficinas a actualizar el Registro de Información Social (RIS), que es parte del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE). Dicen que la Caja sí tiene acceso para hacer esas actualizaciones directamente y que estar mandando a la gente así es ir contra la ley, imponiendo cargas que no le corresponden al instituto. ¡Menudo follón!
Pero la CCSS, por su lado, argumenta que esa labor no entra dentro de sus competencias. Dicen que no les toca a ellos decidir quién está o no en situación de pobreza y que, encima, no tienen el presupuesto para encargarse de eso. Según cuentan, este problema viene arrastrándolo desde el año 2021 y se ha agravado bastante en los últimos meses. ¡Uy, qué vara!
Después de mucho hablar, lograron llegar a seis acuerdos. La CCSS va a atender las denuncias más recientes relacionadas con este problema, van a abrir un proceso de diálogo con la Defensoría, van a invitar al SINIRUBE, al Ministerio de Hacienda y al DESAF para que participen en las conversaciones, y van a evaluar si pueden aplicar y actualizar el RIS. Mientras tanto, el IMAS seguirá haciendo esas actualizaciones en beneficio de los afectados. ¡Esperemos que esto funcione, por fin!
Ahora bien, vamos a ser honestos, ¿creen que estos acuerdos serán suficientes para solucionar el problema de fondo y evitar que las personas más necesitadas sigan sufriendo las consecuencias de esta disputa institucional? ¿O creen que necesitamos medidas más drásticas para asegurar que la CCSS y el IMAS trabajen juntos en beneficio de los costarricenses?
