¡Ay, Dios mío! Resulta que la Contraloría General de la República nos acaba de soltar un bombazo. Parece que hubo un buen descuido –o algo peor– en cómo le dieron concesiones a las gasolineras del país. Un informe que salió este martes revela una serie de deficiencias que dan mucho que pensar, y claro, también que regañarle a unos cuantos.
La historia es así: desde abril del 2022 hasta ahora, la Contraloría revisó cómo la DGTCC del Ministerio de Ambiente y Energía ha estado entregando esas licencias para venderle nafta al pueblo. La verdad, esperábamos ver todo bien organizado y transparente, pero parece que eso no fue exactamente el caso. Más bien, nos encontramos con un brete bastante complicado, diay.
Lo que encontraron es que casi todos los papeles revisados estaban faltando de cosas esenciales. No digamos comprobantes de que las gasolineras están lejos de escuelas, hospitales… ¡hasta de dónde viven los abuelitos! También faltan estudios para ver si la gente realmente necesita otra gasolinera ahí, si el terreno es adecuado y si no va a arruinar el ambiente. ¡Un desmadre completo!
Y ni hablar de la fiscalización. El 57% de los casos, ¡nada de pruebas de que alguien fue a chequear si las gasolineras cumplían con las reglas! Esto significa que podrían estar operando sin cumplir con las normas, poniendo en riesgo nuestra seguridad y la del medio ambiente. Imagínate qué podía pasar si alguna estuviera muy cerquita de un colegio... ¡qué susto!
Lía Barrantes, la jefa de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible, lo puso clarito: estas fallas ponen en peligro la seguridad jurídica y aumentan el riesgo de accidentes. Además, nos están negando el derecho a saber quién tiene permiso para venderle combustible y bajo qué condiciones. “No existen registros públicos digitales”, señalan en el informe. ¡Una falta de respeto hacia nosotros, la ciudadanía!”, exclamó Barrantes.
Para solucionar esto, la Contraloría ya le dio algunas indicaciones al ministro Franz Tattenbach y a la Aresep. Esperemos que esta vez sí le agarren duro al asunto y metan orden. Porque si no, seguimos en la precariedad, con gasolineras dando vueltas sin control y nosotros pagando la piperna. Ojo, que este no es un juego de niños, esto afecta directamente nuestras vidas.
Ahora bien, hablando de todo esto, me pregunto si esta situación no es parte de un patrón más amplio de corrupción e ineficiencia en nuestros ministerios. ¿Será que estamos viendo solo la punta del iceberg, o hay un sistema podrido en sus cimientos? ¿Qué medidas concretas deberían tomarse, además de las recomendaciones de la Contraloría, para garantizar que esto no vuelva a suceder?
Sin embargo, lo que realmente me inquieta es que esta situación retrata una preocupante falta de responsabilidad y transparencia en la gestión pública. ¿Cómo podemos confiar en las instituciones del Estado si constantemente aparecen escándalos como este? Y la gran pregunta final: ¿Estamos dispuestos a seguir tolerando esta clase de irresponsabilidades, o vamos a exigir cambios reales y duraderos para construir un país más justo y seguro para todos?
La historia es así: desde abril del 2022 hasta ahora, la Contraloría revisó cómo la DGTCC del Ministerio de Ambiente y Energía ha estado entregando esas licencias para venderle nafta al pueblo. La verdad, esperábamos ver todo bien organizado y transparente, pero parece que eso no fue exactamente el caso. Más bien, nos encontramos con un brete bastante complicado, diay.
Lo que encontraron es que casi todos los papeles revisados estaban faltando de cosas esenciales. No digamos comprobantes de que las gasolineras están lejos de escuelas, hospitales… ¡hasta de dónde viven los abuelitos! También faltan estudios para ver si la gente realmente necesita otra gasolinera ahí, si el terreno es adecuado y si no va a arruinar el ambiente. ¡Un desmadre completo!
Y ni hablar de la fiscalización. El 57% de los casos, ¡nada de pruebas de que alguien fue a chequear si las gasolineras cumplían con las reglas! Esto significa que podrían estar operando sin cumplir con las normas, poniendo en riesgo nuestra seguridad y la del medio ambiente. Imagínate qué podía pasar si alguna estuviera muy cerquita de un colegio... ¡qué susto!
Lía Barrantes, la jefa de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible, lo puso clarito: estas fallas ponen en peligro la seguridad jurídica y aumentan el riesgo de accidentes. Además, nos están negando el derecho a saber quién tiene permiso para venderle combustible y bajo qué condiciones. “No existen registros públicos digitales”, señalan en el informe. ¡Una falta de respeto hacia nosotros, la ciudadanía!”, exclamó Barrantes.
Para solucionar esto, la Contraloría ya le dio algunas indicaciones al ministro Franz Tattenbach y a la Aresep. Esperemos que esta vez sí le agarren duro al asunto y metan orden. Porque si no, seguimos en la precariedad, con gasolineras dando vueltas sin control y nosotros pagando la piperna. Ojo, que este no es un juego de niños, esto afecta directamente nuestras vidas.
Ahora bien, hablando de todo esto, me pregunto si esta situación no es parte de un patrón más amplio de corrupción e ineficiencia en nuestros ministerios. ¿Será que estamos viendo solo la punta del iceberg, o hay un sistema podrido en sus cimientos? ¿Qué medidas concretas deberían tomarse, además de las recomendaciones de la Contraloría, para garantizar que esto no vuelva a suceder?
Sin embargo, lo que realmente me inquieta es que esta situación retrata una preocupante falta de responsabilidad y transparencia en la gestión pública. ¿Cómo podemos confiar en las instituciones del Estado si constantemente aparecen escándalos como este? Y la gran pregunta final: ¿Estamos dispuestos a seguir tolerando esta clase de irresponsabilidades, o vamos a exigir cambios reales y duraderos para construir un país más justo y seguro para todos?
