¡Ay, Dios mío! Qué torta nos cayó encima. La Contraloría General de la República sacudió el avispero este miércoles con un informe que revela fallas colosales en la distribución de los créditos financiados con plata pública. Parece que el dinero, en vez de llegar a quien realmente lo necesita, se está yendo pa’ otros lados… y eso, mis panas, no le pega ni un poco.
La investigación apunta a una fragmentación institucional demencial, producto de la falta de control y organización. Hay un montón de entes – IMAS, INAMU, CONAPE, CNP, Senara, y vaya que hay más – operando cada quien con sus propias reglas, sin coordinarse entre ellos. ¡Un quilombo, diay! Parece que cada uno hace lo que quiere, y al final, la canasta familiar sale perdiendo.
Pero lo más grave, lo que realmente me da qué pensar, es la falta de focalización. Según el reporte, casi una quinta parte de los beneficiarios en 2024 (el 19,3%, ¡tremenda cifra!) no cumplen ni siquiera con los requisitos básicos para acceder a estos créditos. ¿Se imaginan? Gente que no debería estar recibiendo el apoyo, dejándole la puerta abierta a otros que sí lo necesitan. ¡Qué sal!
Y eso no es todo, porque parece que hay un sesgo etario bastante marcado. El 45% del crédito va dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años, una edad en la que, si bien es importante apoyar el emprendimiento, no son precisamente el grupo más vulnerable. En cambio, los adultos mayores, aquellos que suelen tener más dificultades para acceder a servicios financieros, se llevan apenas un mísero 4%. Esto demuestra que algo anda muy, muy mal en la planificación.
En el sector agrícola, la cosa no mejora ni un poquito. Lo que deberían ser incentivos para los pequeños y medianos productores, termina siendo un festín para los grandes empresarios, los del banano, la piña, la palma aceitera… esos que ya tienen el bolsillo lleno. Los campesinos de verdad, los que se rompen la espalda trabajando la tierra, se quedan sin nada, recurriendo a prestamistas informales y cayendo en situaciones desesperantes. ¡Eso es injusto, pura injusticia!
Para rematar, el informe también revela que más de un tercio (31,1%) de los beneficiarios de créditos productivos ni siquiera están inscritos en la CCSS ni en el Ministerio de Hacienda. Esto, además de retrasar la formalización económica, dificulta el seguimiento y control de los préstamos, abriendo la puerta a posibles irregularidades. Parece que alguien no está poniendo todas las ganas en hacer bien las cosas.
Y como si fuera poco, encontramos casos de concentración extrema. ¡Imaginen esto! Una sola persona acumula 684 operaciones de crédito por ¡más de seis mil millones de colones! Y no es un caso aislado, mis panas. Alrededor de 693 beneficiarios recibieron préstamos dobles o triples para el mismo propósito, acumulando más de ciento ochenta y tres millones de colones. ¿Dónde quedó la trazabilidad? ¿Cómo es posible que esto pase a plena vista?
Con todo este panorama, no me extraña que la morosidad promedia el 12%. Y aunque se han hecho condonaciones, como la que Judesur tuvo que hacer recientemente, la situación sigue siendo preocupante. Este modelo, señores, no funciona. En vez de reducir las brechas sociales y económicas, las amplía. Deja atrás a quienes más necesitan el apoyo del Estado, reproduciendo las mismas inequidades que pretende combatir. Entonces, les pregunto, ¿cómo podemos exigir un país más justo si no logramos distribuir equitativamente los recursos que tenemos?
La investigación apunta a una fragmentación institucional demencial, producto de la falta de control y organización. Hay un montón de entes – IMAS, INAMU, CONAPE, CNP, Senara, y vaya que hay más – operando cada quien con sus propias reglas, sin coordinarse entre ellos. ¡Un quilombo, diay! Parece que cada uno hace lo que quiere, y al final, la canasta familiar sale perdiendo.
Pero lo más grave, lo que realmente me da qué pensar, es la falta de focalización. Según el reporte, casi una quinta parte de los beneficiarios en 2024 (el 19,3%, ¡tremenda cifra!) no cumplen ni siquiera con los requisitos básicos para acceder a estos créditos. ¿Se imaginan? Gente que no debería estar recibiendo el apoyo, dejándole la puerta abierta a otros que sí lo necesitan. ¡Qué sal!
Y eso no es todo, porque parece que hay un sesgo etario bastante marcado. El 45% del crédito va dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años, una edad en la que, si bien es importante apoyar el emprendimiento, no son precisamente el grupo más vulnerable. En cambio, los adultos mayores, aquellos que suelen tener más dificultades para acceder a servicios financieros, se llevan apenas un mísero 4%. Esto demuestra que algo anda muy, muy mal en la planificación.
En el sector agrícola, la cosa no mejora ni un poquito. Lo que deberían ser incentivos para los pequeños y medianos productores, termina siendo un festín para los grandes empresarios, los del banano, la piña, la palma aceitera… esos que ya tienen el bolsillo lleno. Los campesinos de verdad, los que se rompen la espalda trabajando la tierra, se quedan sin nada, recurriendo a prestamistas informales y cayendo en situaciones desesperantes. ¡Eso es injusto, pura injusticia!
Para rematar, el informe también revela que más de un tercio (31,1%) de los beneficiarios de créditos productivos ni siquiera están inscritos en la CCSS ni en el Ministerio de Hacienda. Esto, además de retrasar la formalización económica, dificulta el seguimiento y control de los préstamos, abriendo la puerta a posibles irregularidades. Parece que alguien no está poniendo todas las ganas en hacer bien las cosas.
Y como si fuera poco, encontramos casos de concentración extrema. ¡Imaginen esto! Una sola persona acumula 684 operaciones de crédito por ¡más de seis mil millones de colones! Y no es un caso aislado, mis panas. Alrededor de 693 beneficiarios recibieron préstamos dobles o triples para el mismo propósito, acumulando más de ciento ochenta y tres millones de colones. ¿Dónde quedó la trazabilidad? ¿Cómo es posible que esto pase a plena vista?
Con todo este panorama, no me extraña que la morosidad promedia el 12%. Y aunque se han hecho condonaciones, como la que Judesur tuvo que hacer recientemente, la situación sigue siendo preocupante. Este modelo, señores, no funciona. En vez de reducir las brechas sociales y económicas, las amplía. Deja atrás a quienes más necesitan el apoyo del Estado, reproduciendo las mismas inequidades que pretende combatir. Entonces, les pregunto, ¿cómo podemos exigir un país más justo si no logramos distribuir equitativamente los recursos que tenemos?
