¡Ay, Dios mío! Resulta que la Contraloría nos soltó la bomba: parece que el sistema de créditos públicos está más desarticulado que una vieja carreta. Según sus hallazgos, la manera en que se reparten esos dineros que salen del bolsillo de todos nosotros está llena de agujeros y favoritismos. No mames, ¿dónde quedó la transparencia?
La investigación, que abarcó 17 instituciones encargadas de dar créditos a ciudadanos y mipymes, dejó ver que hay una gran falta de orden y supervisión. Como si estuviéramos jugando al chance, los recursos no llegan a quien realmente los necesita. ¡Eso sí que es una vara muy fea!
Y pa' colmo, los números hablan claro: el 10% de los beneficiarios con más lana ya tienen más del 19% de los créditos. ¡Una patada en el trasero a la inclusión social! ¿Cómo le vamos a ayudar a los que menos tienen si los que ya andan bien, agarran toda la feria? Esto huele a corrupción, diay.
Pero eso no es todo, porque también encontraron que muchos de los que reciben estos créditos no están ni siquiera inscritos en la CCSS ni en Hacienda. ¡Un resbalón gigantesco que facilita la legitimación de capitales turbios! Me da qué pensar, ¿quiénes están detrás de todo esto?
Lo más preocupante es que un puñado de personas –tan solo 10, imagínate– se han llevado casi 7 mil millones de colones en 684 operaciones crediticias. ¡Es un tsunami de dinero concentrado en manos de unos pocos! Esto demuestra que el sistema está hecho para favorecer a los mismos de siempre, dejando de lado a la mayoría de los emprendedores que luchan día tras día. Se fueron al traste nuestras esperanzas de un cambio real.
Además, la mora de los créditos es altísima – ¡más del doble del promedio bancario!– y las condonaciones de deuda no hacen más que empeorar la situación. Estamos hablando de un sistema financiero insostenible que amenaza con poner en riesgo los proyectos sociales y productivos del futuro. Parece que estamos cavando nuestra propia tumba económica, chunches.
La CGR advierte que esta situación compromete la sostenibilidad de los fondos y limita el acceso de los ciudadanos a los beneficios que deberían traer consigo estos créditos. En resumen, un panorama desalentador que requiere una intervención urgente. Necesitamos una limpieza a fondo en estas instituciones, que se pongan las pilas y empiecen a trabajar para el pueblo, no para sus propios intereses. ¡Ya basta de tanto despilfarro!
Este brete nos obliga a preguntarnos: ¿Debería el gobierno implementar auditorías más rigurosas y transparentes en la entrega de créditos públicos, o simplemente es cuestión de cambiar las caras en las instituciones y esperar que la suerte cambie? ¿Cuál crees tú que sería la solución más efectiva para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan?
La investigación, que abarcó 17 instituciones encargadas de dar créditos a ciudadanos y mipymes, dejó ver que hay una gran falta de orden y supervisión. Como si estuviéramos jugando al chance, los recursos no llegan a quien realmente los necesita. ¡Eso sí que es una vara muy fea!
Y pa' colmo, los números hablan claro: el 10% de los beneficiarios con más lana ya tienen más del 19% de los créditos. ¡Una patada en el trasero a la inclusión social! ¿Cómo le vamos a ayudar a los que menos tienen si los que ya andan bien, agarran toda la feria? Esto huele a corrupción, diay.
Pero eso no es todo, porque también encontraron que muchos de los que reciben estos créditos no están ni siquiera inscritos en la CCSS ni en Hacienda. ¡Un resbalón gigantesco que facilita la legitimación de capitales turbios! Me da qué pensar, ¿quiénes están detrás de todo esto?
Lo más preocupante es que un puñado de personas –tan solo 10, imagínate– se han llevado casi 7 mil millones de colones en 684 operaciones crediticias. ¡Es un tsunami de dinero concentrado en manos de unos pocos! Esto demuestra que el sistema está hecho para favorecer a los mismos de siempre, dejando de lado a la mayoría de los emprendedores que luchan día tras día. Se fueron al traste nuestras esperanzas de un cambio real.
Además, la mora de los créditos es altísima – ¡más del doble del promedio bancario!– y las condonaciones de deuda no hacen más que empeorar la situación. Estamos hablando de un sistema financiero insostenible que amenaza con poner en riesgo los proyectos sociales y productivos del futuro. Parece que estamos cavando nuestra propia tumba económica, chunches.
La CGR advierte que esta situación compromete la sostenibilidad de los fondos y limita el acceso de los ciudadanos a los beneficios que deberían traer consigo estos créditos. En resumen, un panorama desalentador que requiere una intervención urgente. Necesitamos una limpieza a fondo en estas instituciones, que se pongan las pilas y empiecen a trabajar para el pueblo, no para sus propios intereses. ¡Ya basta de tanto despilfarro!
Este brete nos obliga a preguntarnos: ¿Debería el gobierno implementar auditorías más rigurosas y transparentes en la entrega de créditos públicos, o simplemente es cuestión de cambiar las caras en las instituciones y esperar que la suerte cambie? ¿Cuál crees tú que sería la solución más efectiva para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan?
