¡Ay, Dios mío! Aquí seguimos con el circo mediático, amigos del Foro. Resulta que la presidenta del INS, Gabriela Chacón, va a tener que pasar 20 días sin trabajar y sin el buen sueldo, gracias a una decisión de la Contraloría. Parece que hubo unos contratos administrativos que no estaban tan limpios como deberían haberlo estado, y ahora toca pagar las cuentas. Ya saben cómo andamos, siempre hay alguien metido en un brete.
Pero claro, el Gobierno no podía quedarse calladito. Lanzaron un comunicado diciendo que sí, van a cumplir con la sanción, pero que no están de acuerdo. Dicen que la Contraloría se pasó de la raya, que la sanción es 'no razonable ni proporcional'. ¡Qué carga! Como si eso fuera a cambiar algo, ¿verdad? Vamos, pura cortina de humo para tratar de salvarle el pellejo a la señora Chacón.
La bronca, según la Contraloría, viene de dos contrataciones directas que se hicieron entre 2021 y 2022, cuando la doña aún era asesora de la presidencia del INS. Se contrató a un bufete de abogados y a otro abogado particular para investigar una denuncia anónima contra el auditor interno. Ahí empezó el desmadre, porque según la Contraloría, la señora Chacón hizo hasta pillerías para que se hicieran esas contrataciones sin seguir los procesos correctos, sin hacer estudios técnicos ni jurídicos que justificaran que era urgente contratar directamente en lugar de hacer una licitación pública, como manda la ley.
Y pa' colmo, parece que el expresidente ejecutivo del INS, Gabriel Pérez Salguera, también anda metido en esto, pues él también recibió una sanción. ¡Vaya pandilla! Uno se pregunta, ¿qué clase de gestión estábamos teniendo en el INS? ¿Quién estaba supervisando estas cosas? Porque parece que todos estaban haciendo de las suyas y olvidándose de cumplir con la ley. Diay, da pena ajena.
El Gobierno, en su afán de defender a la presidenta, destaca que ella no tiene antecedentes penales, que es una buena persona y que van a luchar por ella en los tribunales. Pero vamos, ya sabemos cómo funciona esto. Van a gastar tiempo y dinero público en una batalla legal que probablemente podrían haber evitado desde el principio, si hubieran actuado con transparencia y cumpliendo con la ley. Esto demuestra, una vez más, que en Costa Rica se le da demasiada importancia a proteger a los cuates.
Ahora bien, la ley es clara: se cometieron irregularidades y quienes participaron tienen que asumir las consecuencias. La Contraloría hizo lo que tenía que hacer, y el Gobierno debe aceptar la sanción sin poner excusas. De lo contrario, estarían demostrando que ellos mismos están por encima de la ley, y eso no le pega a nadie. El caso sirve para recordarnos que la corrupción sigue siendo un problema grave en nuestro país, y que debemos exigir a nuestros gobernantes que actúen con honestidad y transparencia.
Este caso del INS nos pone a pensar en lo fácil que es para los funcionarios públicos meterse en líos de este tipo cuando se abusa del poder y se ignoran las normas. Hay que recordar que el cargo público es un servicio a la comunidad, no un botín para enriquecerse o favorecer a los amigos. Ojalá que este caso sirva de ejemplo para que los demás piensen dos veces antes de actuar de manera sospechosa.
Después de toda esta movida, uno no puede evitar preguntarse: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad para tolerar estas prácticas corruptas? ¿Crees que la respuesta está en endurecer las leyes, fortalecer a la Contraloría, o en cambiar la cultura política del país?
Pero claro, el Gobierno no podía quedarse calladito. Lanzaron un comunicado diciendo que sí, van a cumplir con la sanción, pero que no están de acuerdo. Dicen que la Contraloría se pasó de la raya, que la sanción es 'no razonable ni proporcional'. ¡Qué carga! Como si eso fuera a cambiar algo, ¿verdad? Vamos, pura cortina de humo para tratar de salvarle el pellejo a la señora Chacón.
La bronca, según la Contraloría, viene de dos contrataciones directas que se hicieron entre 2021 y 2022, cuando la doña aún era asesora de la presidencia del INS. Se contrató a un bufete de abogados y a otro abogado particular para investigar una denuncia anónima contra el auditor interno. Ahí empezó el desmadre, porque según la Contraloría, la señora Chacón hizo hasta pillerías para que se hicieran esas contrataciones sin seguir los procesos correctos, sin hacer estudios técnicos ni jurídicos que justificaran que era urgente contratar directamente en lugar de hacer una licitación pública, como manda la ley.
Y pa' colmo, parece que el expresidente ejecutivo del INS, Gabriel Pérez Salguera, también anda metido en esto, pues él también recibió una sanción. ¡Vaya pandilla! Uno se pregunta, ¿qué clase de gestión estábamos teniendo en el INS? ¿Quién estaba supervisando estas cosas? Porque parece que todos estaban haciendo de las suyas y olvidándose de cumplir con la ley. Diay, da pena ajena.
El Gobierno, en su afán de defender a la presidenta, destaca que ella no tiene antecedentes penales, que es una buena persona y que van a luchar por ella en los tribunales. Pero vamos, ya sabemos cómo funciona esto. Van a gastar tiempo y dinero público en una batalla legal que probablemente podrían haber evitado desde el principio, si hubieran actuado con transparencia y cumpliendo con la ley. Esto demuestra, una vez más, que en Costa Rica se le da demasiada importancia a proteger a los cuates.
Ahora bien, la ley es clara: se cometieron irregularidades y quienes participaron tienen que asumir las consecuencias. La Contraloría hizo lo que tenía que hacer, y el Gobierno debe aceptar la sanción sin poner excusas. De lo contrario, estarían demostrando que ellos mismos están por encima de la ley, y eso no le pega a nadie. El caso sirve para recordarnos que la corrupción sigue siendo un problema grave en nuestro país, y que debemos exigir a nuestros gobernantes que actúen con honestidad y transparencia.
Este caso del INS nos pone a pensar en lo fácil que es para los funcionarios públicos meterse en líos de este tipo cuando se abusa del poder y se ignoran las normas. Hay que recordar que el cargo público es un servicio a la comunidad, no un botín para enriquecerse o favorecer a los amigos. Ojalá que este caso sirva de ejemplo para que los demás piensen dos veces antes de actuar de manera sospechosa.
Después de toda esta movida, uno no puede evitar preguntarse: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad para tolerar estas prácticas corruptas? ¿Crees que la respuesta está en endurecer las leyes, fortalecer a la Contraloría, o en cambiar la cultura política del país?
