¡Diay, esto sí que está que arde! La Asamblea Legislativa aprobó ayer en segundo debate la polémica Ley de Impuestos Ambientales, una medida que busca fortalecer el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) pero que ha levantado ampollas entre agricultores, gremios empresariales y hasta algunos diputados de la propia bancada oficialista. Se rumora que hubo empujones y regaños detrás de puerta, ¡qué torta!
Esta ley, impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), establece nuevos impuestos a productos agrícolas considerados “de alto impacto ambiental”, como ciertos fertilizantes y pesticidas, así como también grava la deforestación ilegal y actividades mineras ilegales. Según el gobierno, la idea es incentivar prácticas agrícolas sostenibles y proteger nuestros bosques, algo que todos aplaudimos, pero el diablo está en los detalles.
Pero aquí viene el ñeque. Los agricultores aseguran que estos impuestos los sacarán del mercado, especialmente a los pequeños productores que ya andan con las justificaciones encima. Muchos dicen que simplemente no tienen cómo pagar esas contribuciones y temen perder sus tierras y sustento. Don José, un caficultor de Dota, me comentó ayer, visiblemente molesto: '¿Cómo vamos a competir con los importados si nos ponen trabas así? ¡Esto es irse al traste para muchos de nosotros!'
El debate se intensificó tras conocerse que la eximición de impuestos para aquellos agricultores certificados bajo sellos de sostenibilidad orgánica, aunque suena bien en teoría, presenta fuertes barreras burocráticas. Conseguir la certificación requiere cumplir con una serie de requisitos complejos y costosos, lo cual excluye a gran parte de los agricultores tradicionales. Además, algunos cuestionan la transparencia del proceso de auditoría y certificación, señalando posibles conflictos de interés.
Por otro lado, organizaciones ecologistas defienden la ley, argumentando que es necesaria para frenar la deforestación rampante y proteger la biodiversidad nacional. Sostienen que los subsidios actuales a la agricultura convencional han incentivado prácticas dañinas para el medio ambiente y que es hora de cambiar el rumbo. 'Es una medida justa', afirmó Elena Ramírez, representante de la ONG Conservación Ambiental. 'Si queremos mantener Costa Rica como líder mundial en conservación, debemos tomar decisiones difíciles.'
Lo que preocupa a muchos analistas económicos es el posible impacto en la competitividad del sector agrícola costarricense. Con estos nuevos impuestos, los productos nacionales podrían volverse menos atractivos en el mercado internacional, lo que podría afectar negativamente las exportaciones y generar desempleo. Algunos expertos sugieren que el gobierno debería haber explorado otras opciones, como ofrecer incentivos fiscales a los agricultores que adopten prácticas sostenibles, en lugar de imponerles cargas impositivas.
La oposición política ha aprovechado la controversia para criticar la gestión del MINAE y acusar al gobierno de falta de diálogo con los sectores afectados. El diputado Antonio López, del Partido Liberal Progresista, calificó la ley de ‘populismo verde’ y anunció que presentará una propuesta para modificarla. 'No podemos sacrificar la economía del país en aras de un idealismo ingenuo', declaró López en una entrevista reciente.
En fin, ¡qué bronca! Esta ley es un brete para todos, y parece que no hay soluciones fáciles a la vista. Ahora, ¿usted qué opina, compañero? ¿Considera que la Ley de Impuestos Ambientales es un paso necesario para proteger el medio ambiente, o pone en riesgo la viabilidad económica del sector agrícola costarricense?
Esta ley, impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), establece nuevos impuestos a productos agrícolas considerados “de alto impacto ambiental”, como ciertos fertilizantes y pesticidas, así como también grava la deforestación ilegal y actividades mineras ilegales. Según el gobierno, la idea es incentivar prácticas agrícolas sostenibles y proteger nuestros bosques, algo que todos aplaudimos, pero el diablo está en los detalles.
Pero aquí viene el ñeque. Los agricultores aseguran que estos impuestos los sacarán del mercado, especialmente a los pequeños productores que ya andan con las justificaciones encima. Muchos dicen que simplemente no tienen cómo pagar esas contribuciones y temen perder sus tierras y sustento. Don José, un caficultor de Dota, me comentó ayer, visiblemente molesto: '¿Cómo vamos a competir con los importados si nos ponen trabas así? ¡Esto es irse al traste para muchos de nosotros!'
El debate se intensificó tras conocerse que la eximición de impuestos para aquellos agricultores certificados bajo sellos de sostenibilidad orgánica, aunque suena bien en teoría, presenta fuertes barreras burocráticas. Conseguir la certificación requiere cumplir con una serie de requisitos complejos y costosos, lo cual excluye a gran parte de los agricultores tradicionales. Además, algunos cuestionan la transparencia del proceso de auditoría y certificación, señalando posibles conflictos de interés.
Por otro lado, organizaciones ecologistas defienden la ley, argumentando que es necesaria para frenar la deforestación rampante y proteger la biodiversidad nacional. Sostienen que los subsidios actuales a la agricultura convencional han incentivado prácticas dañinas para el medio ambiente y que es hora de cambiar el rumbo. 'Es una medida justa', afirmó Elena Ramírez, representante de la ONG Conservación Ambiental. 'Si queremos mantener Costa Rica como líder mundial en conservación, debemos tomar decisiones difíciles.'
Lo que preocupa a muchos analistas económicos es el posible impacto en la competitividad del sector agrícola costarricense. Con estos nuevos impuestos, los productos nacionales podrían volverse menos atractivos en el mercado internacional, lo que podría afectar negativamente las exportaciones y generar desempleo. Algunos expertos sugieren que el gobierno debería haber explorado otras opciones, como ofrecer incentivos fiscales a los agricultores que adopten prácticas sostenibles, en lugar de imponerles cargas impositivas.
La oposición política ha aprovechado la controversia para criticar la gestión del MINAE y acusar al gobierno de falta de diálogo con los sectores afectados. El diputado Antonio López, del Partido Liberal Progresista, calificó la ley de ‘populismo verde’ y anunció que presentará una propuesta para modificarla. 'No podemos sacrificar la economía del país en aras de un idealismo ingenuo', declaró López en una entrevista reciente.
En fin, ¡qué bronca! Esta ley es un brete para todos, y parece que no hay soluciones fáciles a la vista. Ahora, ¿usted qué opina, compañero? ¿Considera que la Ley de Impuestos Ambientales es un paso necesario para proteger el medio ambiente, o pone en riesgo la viabilidad económica del sector agrícola costarricense?
