¡Ay, Dios mío! Parece que la cosa se le pudo ir de las manos en La Reforma. Esta semana, la Policía Penitenciaria tuvo que poner a disposición de las autoridades judiciales a dos de sus propios funcionarios, señores, acusados de tratar de meter celulares y unos audífonos tipo manos libres dentro de la cárcel Jorge Arturo Montero. ¡Una verdadera torta!
Según fuentes cercanas al caso, el primero en meterse en brete fue un tal Álvarez, quien intentó colar unos audífonos bluetooth sin el debido permiso. No sé yo si eso era para escuchar música relajante mientras vigila, porque a este paso, todos vamos a estar escuchando sirenas. Lo otro es que parece que no entendió la gravedad de la situación, pues la seguridad en esas paredes ya es un problema de primera magnitud.
Y ni hablar de Quesada, que ahí sí se mandó la nota más alta. Este señor tenía un celular metido en la bolsa del pantalón, ¡a la vista de todos! Esto demuestra, chavela, que algunos parecen no entender que La Reforma no es un lugar para andar jugando. Imagínate, poder comunicarse libremente desde adentro… ¡Qué carga tener que lidiar con esto!
Las autoridades no andan jugando con estos temas, diay. Sabemos que la introducción ilegal de celulares y demás aparatos electrónicos a las cárceles abre la puerta a un montón de problemas. Se habla de coordinar actividades criminales afuera, como tráfico de drogas, extorsiones, hasta homicidios. Cosas serias, señores, cosas bien serias. Ya no es cuestión de bromear con la seguridad nacional.
Recordemos que el Ministerio de Justicia y Paz ya había puesto a más de 50 colaboradores, incluyendo policías y administrativos, bajo la lupa por situaciones similares en el pasado reciente. Desde mayo de 2022 han presentado 56 casos ante la justicia. Esto nos da una idea de la magnitud del problema, de cómo está la cosa en realidad. No es algo aislado, es una tendencia preocupante.
Hace poco, los diputados aprobaron una ley para endurecer las penas para quienes intenten contrabandear celulares y otros dispositivos a las cárceles. Ahora, la ley contempla penas de prisión de entre dos y cuatro años. ¡Bien hecho, porque así se les hace pensar dos veces! Esperemos que esto sirva para disuadir a esos que creen que pueden hacer lo que quieran y escapar impunes.
Algunos analistas opinan que el problema va más allá de unos cuantos policías distraídos. Señalan que podría haber redes organizadas que operan tanto dentro como fuera de las cárceles, facilitando la entrada de estos aparatos prohibidos a cambio de dinero o favores. Si esto es cierto, la cosa se pone aún más complicada y requiere de una investigación profunda y transparente. Porque, seamos honestos, la corrupción puede estar metida hasta el cuello en esta vaina.
Entonces, mi gente, me pregunto: ¿Cómo crees tú que podemos reforzar realmente la seguridad en nuestras cárceles para evitar que estos incidentes se repitan? ¿Es suficiente con leyes más duras o necesitamos cambiar la cultura interna de la policía penitenciaria y fortalecer los controles de manera radical? ¡Déjanme leer tus opiniones en el foro!
Según fuentes cercanas al caso, el primero en meterse en brete fue un tal Álvarez, quien intentó colar unos audífonos bluetooth sin el debido permiso. No sé yo si eso era para escuchar música relajante mientras vigila, porque a este paso, todos vamos a estar escuchando sirenas. Lo otro es que parece que no entendió la gravedad de la situación, pues la seguridad en esas paredes ya es un problema de primera magnitud.
Y ni hablar de Quesada, que ahí sí se mandó la nota más alta. Este señor tenía un celular metido en la bolsa del pantalón, ¡a la vista de todos! Esto demuestra, chavela, que algunos parecen no entender que La Reforma no es un lugar para andar jugando. Imagínate, poder comunicarse libremente desde adentro… ¡Qué carga tener que lidiar con esto!
Las autoridades no andan jugando con estos temas, diay. Sabemos que la introducción ilegal de celulares y demás aparatos electrónicos a las cárceles abre la puerta a un montón de problemas. Se habla de coordinar actividades criminales afuera, como tráfico de drogas, extorsiones, hasta homicidios. Cosas serias, señores, cosas bien serias. Ya no es cuestión de bromear con la seguridad nacional.
Recordemos que el Ministerio de Justicia y Paz ya había puesto a más de 50 colaboradores, incluyendo policías y administrativos, bajo la lupa por situaciones similares en el pasado reciente. Desde mayo de 2022 han presentado 56 casos ante la justicia. Esto nos da una idea de la magnitud del problema, de cómo está la cosa en realidad. No es algo aislado, es una tendencia preocupante.
Hace poco, los diputados aprobaron una ley para endurecer las penas para quienes intenten contrabandear celulares y otros dispositivos a las cárceles. Ahora, la ley contempla penas de prisión de entre dos y cuatro años. ¡Bien hecho, porque así se les hace pensar dos veces! Esperemos que esto sirva para disuadir a esos que creen que pueden hacer lo que quieran y escapar impunes.
Algunos analistas opinan que el problema va más allá de unos cuantos policías distraídos. Señalan que podría haber redes organizadas que operan tanto dentro como fuera de las cárceles, facilitando la entrada de estos aparatos prohibidos a cambio de dinero o favores. Si esto es cierto, la cosa se pone aún más complicada y requiere de una investigación profunda y transparente. Porque, seamos honestos, la corrupción puede estar metida hasta el cuello en esta vaina.
Entonces, mi gente, me pregunto: ¿Cómo crees tú que podemos reforzar realmente la seguridad en nuestras cárceles para evitar que estos incidentes se repitan? ¿Es suficiente con leyes más duras o necesitamos cambiar la cultura interna de la policía penitenciaria y fortalecer los controles de manera radical? ¡Déjanme leer tus opiniones en el foro!
