¡Ay, Dios mío, qué bronca! Acá en Costa Rica nunca hay paz, ¿verdad? Esta vez, la Fiscalía está meneando a don Mauricio Barrantes, el gerente de Racsa, y a doña Ileana Rodríguez, la abogada, por unos negocios turbios con las estaciones de pesaje. Parece que anduvieron metiéndose en cositas que no debían, y ahora tienen que rendir cuentas, ¡chavale!
La jugada, como se ve en la denuncia, es bastante rara: resulta que tres brasileños, Igor de Oliveira Roquim, Francisco Inacio Carneiro y André Bermúdez Leandro –parece que ellos eran los jefes de SGSV–, se quedaron con casi medio millón de dólares gracias a unas adendas al contrato. Esto suena a novela, diay, pero es la realidad. El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) le dio el control de esos puestos a Racsa, que luego se lo pasó a SGSV. ¡Un pasabacas pa’ gente que sabe! Esa práctica se ha vuelto tan común en este gobierno que ya ni sorprende.
Y ojo, porque la cosa no se queda ahí. Según la denuncia, la junta directiva de Racsa también estaría involucrada en esto, así como el Conavi, que aparentemente influyeron para que el contrato fuera a parar en esas manos. Se habla de 'maniobras' y demás cosas raras que hicieron que la empresa extranjera se quedara con el brete. El Ministerio Público anda buscando pruebas para ver si es viable acusarlos por influencia contra la Hacienda Pública. ¡Imagínate la torta que se podrían estar llevando!
Para ponerle pausa al asunto, el delito de influencia contra la Hacienda Pública, según el Poder Judicial, es bastante serio. Funcionario con poder, echándole mano a sus amigos o a sí mismo, para hacer que las cosas salgan como él quiere… eso no está bien, ¿eh? Las penas van desde la cárcel hasta multas fuertes, dependiendo de lo grave que sea el daño. ¡Esto se puso serio, mae!
La denuncia acusa que el gobierno le dio el programa de administración de pesos y dimensiones al Cosevi por 13 años, pero en lugar de hacerlo directo, lo entregó a dedo a Racsa, y esta, a su vez, se deshizo de él pasando la posta a SGSV. Dicen que es otro caso de corrupción que se suma a tantos otros que hemos visto, como los EBAIS de la CCSS, la pista del aeropuerto Daniel Oduber... ¡Parece que nunca vamos a salir de esta, diay!
Además, se rumorea que hay vinculos familiares entre exfuncionarios de Racsa y los gerentes de las empresas beneficiadas. ¡Eso huele a chamaco! Podría tratarse de tráfico de influencias, donde se usan relaciones personales para obtener beneficios económicos. Ya saben cómo es esta vaina, ¡siempre hay alguien engrasando la maquinaria!
Vamos por partes: el contrato original se firmó en 2012. En 2018, agregaron la estación San José-Esparza y más personal de Racsa en Cañas. Luego, en 2022, quisieron seguir en el juego, pero el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) les dijo que no. Pero Racsa no se rindió fácil y siguió luchando por quedarse con el contrato, ofreciendo un descuento del 20%. ¡Pero la lucha sigue, pura novela!
Ahora, la gran pregunta es: ¿hasta dónde llegará esta investigación? ¿Descubriremos quiénes fueron los verdaderos artífices detrás de estas maniobras? ¿Podemos esperar que se haga justicia y que los responsables paguen por sus actos? ¿Crees que el gobierno debería tomar medidas más contundentes para evitar este tipo de situaciones en el futuro? ¡Danos tu opinión, pues! Dejá tu comentario abajo y cuéntanos qué piensas sobre este escándalo.
La jugada, como se ve en la denuncia, es bastante rara: resulta que tres brasileños, Igor de Oliveira Roquim, Francisco Inacio Carneiro y André Bermúdez Leandro –parece que ellos eran los jefes de SGSV–, se quedaron con casi medio millón de dólares gracias a unas adendas al contrato. Esto suena a novela, diay, pero es la realidad. El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) le dio el control de esos puestos a Racsa, que luego se lo pasó a SGSV. ¡Un pasabacas pa’ gente que sabe! Esa práctica se ha vuelto tan común en este gobierno que ya ni sorprende.
Y ojo, porque la cosa no se queda ahí. Según la denuncia, la junta directiva de Racsa también estaría involucrada en esto, así como el Conavi, que aparentemente influyeron para que el contrato fuera a parar en esas manos. Se habla de 'maniobras' y demás cosas raras que hicieron que la empresa extranjera se quedara con el brete. El Ministerio Público anda buscando pruebas para ver si es viable acusarlos por influencia contra la Hacienda Pública. ¡Imagínate la torta que se podrían estar llevando!
Para ponerle pausa al asunto, el delito de influencia contra la Hacienda Pública, según el Poder Judicial, es bastante serio. Funcionario con poder, echándole mano a sus amigos o a sí mismo, para hacer que las cosas salgan como él quiere… eso no está bien, ¿eh? Las penas van desde la cárcel hasta multas fuertes, dependiendo de lo grave que sea el daño. ¡Esto se puso serio, mae!
La denuncia acusa que el gobierno le dio el programa de administración de pesos y dimensiones al Cosevi por 13 años, pero en lugar de hacerlo directo, lo entregó a dedo a Racsa, y esta, a su vez, se deshizo de él pasando la posta a SGSV. Dicen que es otro caso de corrupción que se suma a tantos otros que hemos visto, como los EBAIS de la CCSS, la pista del aeropuerto Daniel Oduber... ¡Parece que nunca vamos a salir de esta, diay!
Además, se rumorea que hay vinculos familiares entre exfuncionarios de Racsa y los gerentes de las empresas beneficiadas. ¡Eso huele a chamaco! Podría tratarse de tráfico de influencias, donde se usan relaciones personales para obtener beneficios económicos. Ya saben cómo es esta vaina, ¡siempre hay alguien engrasando la maquinaria!
Vamos por partes: el contrato original se firmó en 2012. En 2018, agregaron la estación San José-Esparza y más personal de Racsa en Cañas. Luego, en 2022, quisieron seguir en el juego, pero el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) les dijo que no. Pero Racsa no se rindió fácil y siguió luchando por quedarse con el contrato, ofreciendo un descuento del 20%. ¡Pero la lucha sigue, pura novela!
Ahora, la gran pregunta es: ¿hasta dónde llegará esta investigación? ¿Descubriremos quiénes fueron los verdaderos artífices detrás de estas maniobras? ¿Podemos esperar que se haga justicia y que los responsables paguen por sus actos? ¿Crees que el gobierno debería tomar medidas más contundentes para evitar este tipo de situaciones en el futuro? ¡Danos tu opinión, pues! Dejá tu comentario abajo y cuéntanos qué piensas sobre este escándalo.
