¡Ay, Dios mío! Parece que la velocidad ya no es suficiente para este gobierno. En poco más de quince días, le dieron luz verde a la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar) para levantar la temida megacárcel, ¡una obra de ¢17 mil millones! Uno se queda pensando, ¿cómo es posible que así de rápido se agilicen estas cosas, mientras que los trámites para un simple permiso de construcción nos duran meses?
Según información que llegó desde La Nación, la licitación y adjudicación de esta faraónica construcción se completaron en apenas 16 días, arrancando el 14 de octubre y culminando el pasado domingo 2 de noviembre. Un procedimiento especial de urgencia… ¡qué manera de justificar la prisa! A ver si nos explican qué emergencia tan apremiante requiere meterle gallos a semejante brete.
Y ni hablar de la competencia. Tres empresas estaban en la pelea –Edificar, Van der Laat y Jiménez S. A., y Navarro y Avilés S. A.–, pero parece que Rapiparedes tenía la partida ganada de antemano. Esto levanta sospechas, ¿verdad? Uno no puede evitar preguntarse si hubo juego limpio en el proceso, o si alguien ya estaba buscando cómo sacar provecho de esta jugosa tajada. La transparencia siempre es bienvenida, especialmente cuando hablamos de dinerito público.
Esta cárcel, bautizada como “El Cacco” (sí, con esas letras), estará ubicada en La Reforma, Alajuela, y ocupará una extensión de 90 mil metros cuadrados. Imaginen la dimensión de la cosa: 31 mil metros cuadrados de construcción y una capacidad para albergar a más de 5 mil presos. Cinco módulos enormes, con cupo para mil doscientas personas cada uno, diseñados para encerrar a los peores: líderes del crimen organizado, reos violentos, extraditables… ¡la crema y nata de la delincuencia!
Además de las celdas, la cárcel tendrá cinco consultorios médicos (uno nunca sabe cuándo va a necesitar atenderse), 25 celdas para visitas íntimas (vaya, hasta para eso hay presupuesto), un edificio administrativo, varios puestos de vigilancia y, para completar, veinte celdas de aislamiento y una bodega gigante. Una ciudadela completa, vamos. Con tanto chunche, da gusto tenerlos recluidos, aunque uno se pregunte si realmente van a cambiar sus malos hábitos detrás de esos muros.
Pero ojo, porque todo esto tiene un costo considerable. Se habla de una inversión de casi ¢21 mil millones, y aparentemente, ya lograron asegurar un 40% del financiamiento gracias a la aprobación de un presupuesto extraordinario por parte de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea. Presidente Chaves lo celebró, claro, pero muchos legisladores ya están mirando con lupa cómo se gastarán esos billetes. Porque, digámoslo claro, los presupuestos extraordinarios suelen ser caldo de cultivo para la corrupción.
La idea detrás de este megaproyecto, según dicen, es frenar la creciente ola de violencia ligada al crimen organizado. Y sí, nadie niega que tenemos problemas graves con la delincuencia, pero uno se pregunta si construir cárceles gigantes es realmente la solución. ¿No sería más efectivo invertir en programas sociales, educación y oportunidades para nuestros jóvenes? Siempre es más fácil construir que rehabilitar, pero a largo plazo, ¿realmente estamos logrando algo con tanta represión?
Con todo esto, uno no sabe si alegrarse de que se estén haciendo cosas o preocuparse por la forma en que se están haciendo. Esta megacárcel es una muestra clara de las prioridades de este gobierno, y nos deja pensando: ¿Es la construcción masiva de centros penitenciarios la mejor estrategia para combatir el crimen, o deberíamos estar enfocándonos en abordar las causas profundas que lo generan? ¿Ustedes creen que esta inversión podría haberse utilizado de una forma más efectiva para mejorar la vida de los costarricenses?
Según información que llegó desde La Nación, la licitación y adjudicación de esta faraónica construcción se completaron en apenas 16 días, arrancando el 14 de octubre y culminando el pasado domingo 2 de noviembre. Un procedimiento especial de urgencia… ¡qué manera de justificar la prisa! A ver si nos explican qué emergencia tan apremiante requiere meterle gallos a semejante brete.
Y ni hablar de la competencia. Tres empresas estaban en la pelea –Edificar, Van der Laat y Jiménez S. A., y Navarro y Avilés S. A.–, pero parece que Rapiparedes tenía la partida ganada de antemano. Esto levanta sospechas, ¿verdad? Uno no puede evitar preguntarse si hubo juego limpio en el proceso, o si alguien ya estaba buscando cómo sacar provecho de esta jugosa tajada. La transparencia siempre es bienvenida, especialmente cuando hablamos de dinerito público.
Esta cárcel, bautizada como “El Cacco” (sí, con esas letras), estará ubicada en La Reforma, Alajuela, y ocupará una extensión de 90 mil metros cuadrados. Imaginen la dimensión de la cosa: 31 mil metros cuadrados de construcción y una capacidad para albergar a más de 5 mil presos. Cinco módulos enormes, con cupo para mil doscientas personas cada uno, diseñados para encerrar a los peores: líderes del crimen organizado, reos violentos, extraditables… ¡la crema y nata de la delincuencia!
Además de las celdas, la cárcel tendrá cinco consultorios médicos (uno nunca sabe cuándo va a necesitar atenderse), 25 celdas para visitas íntimas (vaya, hasta para eso hay presupuesto), un edificio administrativo, varios puestos de vigilancia y, para completar, veinte celdas de aislamiento y una bodega gigante. Una ciudadela completa, vamos. Con tanto chunche, da gusto tenerlos recluidos, aunque uno se pregunte si realmente van a cambiar sus malos hábitos detrás de esos muros.
Pero ojo, porque todo esto tiene un costo considerable. Se habla de una inversión de casi ¢21 mil millones, y aparentemente, ya lograron asegurar un 40% del financiamiento gracias a la aprobación de un presupuesto extraordinario por parte de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea. Presidente Chaves lo celebró, claro, pero muchos legisladores ya están mirando con lupa cómo se gastarán esos billetes. Porque, digámoslo claro, los presupuestos extraordinarios suelen ser caldo de cultivo para la corrupción.
La idea detrás de este megaproyecto, según dicen, es frenar la creciente ola de violencia ligada al crimen organizado. Y sí, nadie niega que tenemos problemas graves con la delincuencia, pero uno se pregunta si construir cárceles gigantes es realmente la solución. ¿No sería más efectivo invertir en programas sociales, educación y oportunidades para nuestros jóvenes? Siempre es más fácil construir que rehabilitar, pero a largo plazo, ¿realmente estamos logrando algo con tanta represión?
Con todo esto, uno no sabe si alegrarse de que se estén haciendo cosas o preocuparse por la forma en que se están haciendo. Esta megacárcel es una muestra clara de las prioridades de este gobierno, y nos deja pensando: ¿Es la construcción masiva de centros penitenciarios la mejor estrategia para combatir el crimen, o deberíamos estar enfocándonos en abordar las causas profundas que lo generan? ¿Ustedes creen que esta inversión podría haberse utilizado de una forma más efectiva para mejorar la vida de los costarricenses?
