¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de cabeza otra vez. La Sala Constitucional, pilar fundamental de nuestro sistema judicial, está temblando en sus cimientos y parece que nadie le pone cuidado. El presidente de la Sala, don Fernando Castillo, soltó una carta a la Asamblea Legislativa que, pa’ ponerle pausa, es pura verdad: estamos a las puertas de una crisis institucional que nos puede salir muy, muy cara.
La cosa es así: el 16 de diciembre caducan los nombramientos de los doce magistrados suplentes. Estos señores, o señoras, son cruciales porque cubren vacantes cuando los magistrados titulares no pueden resolver un caso –ya sea por enfermedad, vacaciones, o si se inhiben de algún expediente. Imagínate, ¡doce! Sin ellos, la Sala quedaría prácticamente ciega, incapaz de avanzar en juicios que afectan directamente nuestra vida diaria.
Y ni hablar de las consecuencias. Don Fernando advierte que esto impactaría directamente a las personas que necesitan justicia con urgencia: aquellos que esperan por medicamentos, cirugías, procedimientos… gente vulnerable que podría sufrir graves perjuicios, ¡hasta llegar a poner en riesgo su vida! Además, el país podría meterse en líos internacionales; ¡una verdadera salada pa’ todos!
El Tribunal, como bien dicen, ya sabe que el Congreso está haciendo esfuerzos, pero lamentan que los trámites vayan lentos y que el peligro siga latente. El mensaje es claro: “Pese a dichas gestiones, hasta el momento no se han concretado decisiones efectivas que permitan solventar la situación en tiempo oportuno.” Parece que el tiempo se les acaba, y la pelota está totalmente en el tejado de los diputados.
Pero, ¿qué dice la Asamblea ante estas advertencias? Pues resulta que ahí también hay un brete. La Comisión de Nombramientos argumenta que tienen que seguir un debido proceso, y que también dependen de acciones del Poder Judicial. Alejandra Larios, la presidenta de la comisión, explica que todo va paso a paso, con fechas, notas, y procesos que llevan su tiempo. Un proceso que, según parece, no están apurados precisamente.
Para ponerlos en ritmo, recapitulamos: el 6 de octubre la Corte Plena ratificó la lista de nominaciones, que se envió de regreso a Cuesta de Moras el 16 de octubre. El tema llegó a comisión el 29 de octubre, se aprobó la metodología el 5 de noviembre, y cerraron la recepción de atestados el 21. Ahora, toca entrevistar a los candidatos. ¡Imagínate la faena! Dice la diputada que eso no puede ser la excepción y que esperan poder abordar el tema de la Sala IV este mismo mes… antes de que se vayan de vacaciones a finales de diciembre. Qué despache.
Mientras tanto, la Asamblea anda revisando los nombres para la Sala III. Faltan dos entrevistas por hacer allá, así que parece que la Sala IV tendrá que esperar. Esto me huele a que la ‘torta’ se seguirá alargando, y la incertidumbre rondará sobre la justicia constitucional. ¡Qué nivel de burocracia, mae! Uno se queda pensando qué tan difícil puede ser simplemente hacer una elección rápida y eficiente para evitar esta crisis.
En fin, la situación pinta complicada y nos deja con la gran pregunta: ¿será que nuestros representantes realmente priorizan el bienestar ciudadano o están más preocupados por seguir protocolos y demoras administrativas, poniendo en riesgo la administración de justicia y afectando a quienes más lo necesitan? ¡Danos tu opinión en el foro, compa! ¿Qué deberíamos hacer para agilizar este proceso?
La cosa es así: el 16 de diciembre caducan los nombramientos de los doce magistrados suplentes. Estos señores, o señoras, son cruciales porque cubren vacantes cuando los magistrados titulares no pueden resolver un caso –ya sea por enfermedad, vacaciones, o si se inhiben de algún expediente. Imagínate, ¡doce! Sin ellos, la Sala quedaría prácticamente ciega, incapaz de avanzar en juicios que afectan directamente nuestra vida diaria.
Y ni hablar de las consecuencias. Don Fernando advierte que esto impactaría directamente a las personas que necesitan justicia con urgencia: aquellos que esperan por medicamentos, cirugías, procedimientos… gente vulnerable que podría sufrir graves perjuicios, ¡hasta llegar a poner en riesgo su vida! Además, el país podría meterse en líos internacionales; ¡una verdadera salada pa’ todos!
El Tribunal, como bien dicen, ya sabe que el Congreso está haciendo esfuerzos, pero lamentan que los trámites vayan lentos y que el peligro siga latente. El mensaje es claro: “Pese a dichas gestiones, hasta el momento no se han concretado decisiones efectivas que permitan solventar la situación en tiempo oportuno.” Parece que el tiempo se les acaba, y la pelota está totalmente en el tejado de los diputados.
Pero, ¿qué dice la Asamblea ante estas advertencias? Pues resulta que ahí también hay un brete. La Comisión de Nombramientos argumenta que tienen que seguir un debido proceso, y que también dependen de acciones del Poder Judicial. Alejandra Larios, la presidenta de la comisión, explica que todo va paso a paso, con fechas, notas, y procesos que llevan su tiempo. Un proceso que, según parece, no están apurados precisamente.
Para ponerlos en ritmo, recapitulamos: el 6 de octubre la Corte Plena ratificó la lista de nominaciones, que se envió de regreso a Cuesta de Moras el 16 de octubre. El tema llegó a comisión el 29 de octubre, se aprobó la metodología el 5 de noviembre, y cerraron la recepción de atestados el 21. Ahora, toca entrevistar a los candidatos. ¡Imagínate la faena! Dice la diputada que eso no puede ser la excepción y que esperan poder abordar el tema de la Sala IV este mismo mes… antes de que se vayan de vacaciones a finales de diciembre. Qué despache.
Mientras tanto, la Asamblea anda revisando los nombres para la Sala III. Faltan dos entrevistas por hacer allá, así que parece que la Sala IV tendrá que esperar. Esto me huele a que la ‘torta’ se seguirá alargando, y la incertidumbre rondará sobre la justicia constitucional. ¡Qué nivel de burocracia, mae! Uno se queda pensando qué tan difícil puede ser simplemente hacer una elección rápida y eficiente para evitar esta crisis.
En fin, la situación pinta complicada y nos deja con la gran pregunta: ¿será que nuestros representantes realmente priorizan el bienestar ciudadano o están más preocupados por seguir protocolos y demoras administrativas, poniendo en riesgo la administración de justicia y afectando a quienes más lo necesitan? ¡Danos tu opinión en el foro, compa! ¿Qué deberíamos hacer para agilizar este proceso?
