¡Ay, Dios mío! Parece que estamos llegando a un brete serio con la Sala Constitucional. Resulta que los doce magistrados suplentes están a punto de quedarse sin contrato, y si nadie hace nada rápido, nos vamos al traste todos. Imagínate, la máxima instancia de control de la Constitución parada porque hubo una falla administrativa, ojalá no nos toque vivir eso.
Para ponerle pausa al café, estos magistrados fueron nombrados allá por el 2021, un período de cuatro años, como dicta la ley. Ahora, el tiempo se les acaba y la pelota está en el techo de la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen que presentar una terna a la Comisión de Nombres de la Asamblea Legislativa. Ahí, ya saben, se puede escoger gente nueva o, si les agrada el trabajo, reelegir a los viejos conocidos. Pero bueno, ahí está el problema: ¡el tiempo apremia!
Y ojo, porque la Sala Constitucional no es cualquier vaina. Es el encargado de proteger nuestros derechos más básicos, esos que están guardados en la Constitución y en los tratados internacionales que hemos firmado. Ellos son los que resuelven los recursos de amparo, esas demandas que hacemos cuando sentimos que alguien nos ha pisoteado los derechos; los habeas corpus, cuando necesitamos que el Estado nos diga dónde anda un preso desaparecido; y también revisan si las leyes que aprueba la Asamblea son compatibles con nuestra Carta Magna. Una vaca sagrada, vaya.
Entre los nombres que están en la mira del tiempo tenemos a Alejandro Delgado Faith, Ana María Picado Brenes, Hubert Fernández Argüello, Ileana Sánchez Navarro, Ronald Salazar Murillo, Alexandra Alvarado Paniagua, José Roberto Garita Navarro, Rosibel Jara Velásquez, Fernando E. Lara Gamboa, Jorge Isaac Solano Aguilar, Aracelly Pacheco Salazar y Ana Cristina Fernández Acuña. Doce personitas que trabajan duro para que todos podamos ejercer nuestras libertades, y ahora corremos el riesgo de dejarlos botando. ¡Qué descuido!
Ahora bien, para que esto funcione, la Asamblea Legislativa tiene que votar a favor de la terna con las dos terceras partes del total de sus miembros, o sea, mayoría calificada. Un requisito bastante alto, y considerando el ambiente político que vivimos, no es seguro que logren llegar a un acuerdo tan pronto. De hecho, algunos analistas políticos ya han pronosticado que esto podría convertirse en un fideo, o sea, en una discusión larga y llena de controversias que termine arrastrando el asunto.
Lo preocupante es que si no se resuelve pronto este tema, la Sala Constitucional podría verse obligada a suspender algunas actividades, incluyendo la revisión de casos urgentes. Imagínate, que te nieguen un recurso de amparo porque la sala está medio paralizada. Esto afectaría directamente a las personas que necesitan protección inmediata contra abusos de poder o violaciones de sus derechos. ¡Una verdadera torta!
Algunos expertos legales sugieren que la Corte debería haber previsto esta situación y haber propuesto una terna con anticipación. Otros critican a la Asamblea Legislativa por no priorizar temas tan sensibles como este. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona la cosa por acá, ¿no? Siempre hay algo que distraer la atención y posponer las decisiones importantes. Sin embargo, esperamos que tanto la Corte como la Asamblea pongan el turbo y solucionen este problemón antes de que sea demasiado tarde. Que no se lleven la noche, ¡diay!
Así que me pregunto, queridos lectores: ¿creen que la polarización política actual permitirá a la Asamblea Legislativa aprobar una terna rápidamente, o estamos ante la posibilidad real de que la Sala Constitucional sufra una interrupción significativa en sus labores? ¿Debería existir algún mecanismo para evitar este tipo de situaciones en el futuro?
Para ponerle pausa al café, estos magistrados fueron nombrados allá por el 2021, un período de cuatro años, como dicta la ley. Ahora, el tiempo se les acaba y la pelota está en el techo de la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen que presentar una terna a la Comisión de Nombres de la Asamblea Legislativa. Ahí, ya saben, se puede escoger gente nueva o, si les agrada el trabajo, reelegir a los viejos conocidos. Pero bueno, ahí está el problema: ¡el tiempo apremia!
Y ojo, porque la Sala Constitucional no es cualquier vaina. Es el encargado de proteger nuestros derechos más básicos, esos que están guardados en la Constitución y en los tratados internacionales que hemos firmado. Ellos son los que resuelven los recursos de amparo, esas demandas que hacemos cuando sentimos que alguien nos ha pisoteado los derechos; los habeas corpus, cuando necesitamos que el Estado nos diga dónde anda un preso desaparecido; y también revisan si las leyes que aprueba la Asamblea son compatibles con nuestra Carta Magna. Una vaca sagrada, vaya.
Entre los nombres que están en la mira del tiempo tenemos a Alejandro Delgado Faith, Ana María Picado Brenes, Hubert Fernández Argüello, Ileana Sánchez Navarro, Ronald Salazar Murillo, Alexandra Alvarado Paniagua, José Roberto Garita Navarro, Rosibel Jara Velásquez, Fernando E. Lara Gamboa, Jorge Isaac Solano Aguilar, Aracelly Pacheco Salazar y Ana Cristina Fernández Acuña. Doce personitas que trabajan duro para que todos podamos ejercer nuestras libertades, y ahora corremos el riesgo de dejarlos botando. ¡Qué descuido!
Ahora bien, para que esto funcione, la Asamblea Legislativa tiene que votar a favor de la terna con las dos terceras partes del total de sus miembros, o sea, mayoría calificada. Un requisito bastante alto, y considerando el ambiente político que vivimos, no es seguro que logren llegar a un acuerdo tan pronto. De hecho, algunos analistas políticos ya han pronosticado que esto podría convertirse en un fideo, o sea, en una discusión larga y llena de controversias que termine arrastrando el asunto.
Lo preocupante es que si no se resuelve pronto este tema, la Sala Constitucional podría verse obligada a suspender algunas actividades, incluyendo la revisión de casos urgentes. Imagínate, que te nieguen un recurso de amparo porque la sala está medio paralizada. Esto afectaría directamente a las personas que necesitan protección inmediata contra abusos de poder o violaciones de sus derechos. ¡Una verdadera torta!
Algunos expertos legales sugieren que la Corte debería haber previsto esta situación y haber propuesto una terna con anticipación. Otros critican a la Asamblea Legislativa por no priorizar temas tan sensibles como este. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona la cosa por acá, ¿no? Siempre hay algo que distraer la atención y posponer las decisiones importantes. Sin embargo, esperamos que tanto la Corte como la Asamblea pongan el turbo y solucionen este problemón antes de que sea demasiado tarde. Que no se lleven la noche, ¡diay!
Así que me pregunto, queridos lectores: ¿creen que la polarización política actual permitirá a la Asamblea Legislativa aprobar una terna rápidamente, o estamos ante la posibilidad real de que la Sala Constitucional sufra una interrupción significativa en sus labores? ¿Debería existir algún mecanismo para evitar este tipo de situaciones en el futuro?
