¡Ay, Dios mío! La Sala Constitucional, ese baluarte de la justicia en nuestro país, parece estar tambaleándose como un borracho buscando apoyo. La bronca de los magistrados suplentes ha llegado a niveles estratosféricos, y ahora nos toca ver cómo la Asamblea Legislativa intenta desenredar este lío que amenaza con dejar a la Sala funcionando a medio vapor. Ya saben, como cuando intentas encender un carro con poca batería.
La jugada, como ven, es que 12 magistrados suplentes tienen contratos que se les están acabando justo ahora. Y si no los renuevan pronto, la Sala podría verse obligada a operar solo con los titulares. Esto, señores, no es una broma ni un juego de azar. Imaginen las consecuencias, las apelaciones acumulándose, los juicios suspendidos... ¡Una torta!
La Comisión de Nombramientos, encabezada por la diputada Alejandra Larios, ya puso manos a la obra – o al menos eso dice. Este miércoles empezaron con las entrevistas, tratando de echar a andar el proceso a toda marcha. Han dicho que van a hacer dos entrevistas por sesión, ¡qué ganga!, y que convocarán sesiones extras. Pero pa’ qué tanto esfuerzo si apenas van a poder entrevistar a cinco de dieciocho postulantes antes de que termine el año?
La cosa pinta complicada porque los diputados culpan a la Sala por demorar en pasarles la lista de candidatos. Dicen que los mandaron hasta octubre, ¡nueve meses después de haberlos seleccionado! Como si fuera culpa de la Asamblea que la Sala tarde tanto. Eso sí que es buscarle tres pies al gato, mae. Y claro, la Sala responde diciendo que estaban esperando a que los trámites internos terminaran. Un tira y afloja que pone en riesgo la operatividad de la justicia constitucional.
Fernando Castillo, el presidente de la Sala Cuarta, ha soltado cartas amenazantes – perdón, cartas formales – advirtiendo sobre una posible crisis institucional. Dice que esto va a afectar a la gente común, a aquellos que necesitan urgentemente medicamentos, cirugías… ¡Uf! La verdad, da un escalofrío pensar en las consecuencias si la Sala no puede actuar con normalidad. Que estas cosas se vayan al diablo, ¿eh?
Lo curioso es que mientras los diputados discuten quién es culpable y quién no, la gente sigue esperando respuestas. Familias enteras dependiendo de decisiones judiciales para acceder a tratamientos médicos esenciales, proyectos paralizados por indefinición… Una verdadera carga, la verdad. Y encima, vamos viendo que el panorama político no ayuda mucho, con cada quien defendiendo su posición y poco espacio para el diálogo constructivo. Parecemos unos niños peleando por un juguete.
Ahora bien, analizando la situación con frialdad, se puede entender la presión sobre los diputados. Están entre la espada y la pared: por un lado, tienen que cumplir con su obligación de nombrar a los magistrados; por otro, quieren evitar cualquier acusación de apresuramiento o favoritismo. Es un brete complicado, sin duda alguna. Además, hay que considerar que estamos hablando de puestos clave en la administración de justicia, donde la transparencia y la imparcialidad son fundamentales. Pero bueno, como diría mi abuela, 'con calma y sigilo', ¿no?
En fin, la pelota está en el tejado de los diputados. Tendrán que demostrar que pueden trabajar juntos, dejando de lado las diferencias políticas y priorizando el bienestar del país. ¿Será posible que logren solucionar este embrollo antes de que sea demasiado tarde? ¿Creen que los tiempos legislativos permitirán completar el proceso de selección antes de diciembre, o veremos a la Sala Constitucional operando con personal reducido durante el próximo año? Déjenme saber su opinión en los comentarios, ¡quiero saber qué piensa el Foro de Costa Rica sobre este asunto!
La jugada, como ven, es que 12 magistrados suplentes tienen contratos que se les están acabando justo ahora. Y si no los renuevan pronto, la Sala podría verse obligada a operar solo con los titulares. Esto, señores, no es una broma ni un juego de azar. Imaginen las consecuencias, las apelaciones acumulándose, los juicios suspendidos... ¡Una torta!
La Comisión de Nombramientos, encabezada por la diputada Alejandra Larios, ya puso manos a la obra – o al menos eso dice. Este miércoles empezaron con las entrevistas, tratando de echar a andar el proceso a toda marcha. Han dicho que van a hacer dos entrevistas por sesión, ¡qué ganga!, y que convocarán sesiones extras. Pero pa’ qué tanto esfuerzo si apenas van a poder entrevistar a cinco de dieciocho postulantes antes de que termine el año?
La cosa pinta complicada porque los diputados culpan a la Sala por demorar en pasarles la lista de candidatos. Dicen que los mandaron hasta octubre, ¡nueve meses después de haberlos seleccionado! Como si fuera culpa de la Asamblea que la Sala tarde tanto. Eso sí que es buscarle tres pies al gato, mae. Y claro, la Sala responde diciendo que estaban esperando a que los trámites internos terminaran. Un tira y afloja que pone en riesgo la operatividad de la justicia constitucional.
Fernando Castillo, el presidente de la Sala Cuarta, ha soltado cartas amenazantes – perdón, cartas formales – advirtiendo sobre una posible crisis institucional. Dice que esto va a afectar a la gente común, a aquellos que necesitan urgentemente medicamentos, cirugías… ¡Uf! La verdad, da un escalofrío pensar en las consecuencias si la Sala no puede actuar con normalidad. Que estas cosas se vayan al diablo, ¿eh?
Lo curioso es que mientras los diputados discuten quién es culpable y quién no, la gente sigue esperando respuestas. Familias enteras dependiendo de decisiones judiciales para acceder a tratamientos médicos esenciales, proyectos paralizados por indefinición… Una verdadera carga, la verdad. Y encima, vamos viendo que el panorama político no ayuda mucho, con cada quien defendiendo su posición y poco espacio para el diálogo constructivo. Parecemos unos niños peleando por un juguete.
Ahora bien, analizando la situación con frialdad, se puede entender la presión sobre los diputados. Están entre la espada y la pared: por un lado, tienen que cumplir con su obligación de nombrar a los magistrados; por otro, quieren evitar cualquier acusación de apresuramiento o favoritismo. Es un brete complicado, sin duda alguna. Además, hay que considerar que estamos hablando de puestos clave en la administración de justicia, donde la transparencia y la imparcialidad son fundamentales. Pero bueno, como diría mi abuela, 'con calma y sigilo', ¿no?
En fin, la pelota está en el tejado de los diputados. Tendrán que demostrar que pueden trabajar juntos, dejando de lado las diferencias políticas y priorizando el bienestar del país. ¿Será posible que logren solucionar este embrollo antes de que sea demasiado tarde? ¿Creen que los tiempos legislativos permitirán completar el proceso de selección antes de diciembre, o veremos a la Sala Constitucional operando con personal reducido durante el próximo año? Déjenme saber su opinión en los comentarios, ¡quiero saber qué piensa el Foro de Costa Rica sobre este asunto!
