Maes, seamos honestos. Si hay algo que nos une como ticos, aparte del gallo pinto y quejarnos del clima, es el sentimiento agridulce que nos da pagar el peaje de la Ruta 27. Uno pasa la tarjeta, oye el “bip” y mientras se levanta la aguja, se pregunta si esa plata de verdad se está viendo reflejada en la carretera. Pues bien, parece que la Sala Constitucional también se estaba haciendo la misma pregunta, porque acaba de darle un estate quieto en seco a Globalvía, la concesionaria, en una de esas novelas legales que a veces parecen no tener fin. La noticia del día es que los magistrados les dijeron, en el más fino lenguaje legal, que dejen de buscarle peros a la ley y que si no cumplen, las multas van porque van.
Vamos a desmenuzar la vara. Resulta que Globalvía (que legalmente se llama Autopistas del Sol, un nombre bastante poético para tanto despiche) se había ido a llorar a la Sala IV. La empresa presentó una acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley de Concesiones. ¿El argumento? Que las multas por incumplimientos —como tener la carretera hecha un desastre, la señalización para el tigre o los accesos en mal estado— eran “irrazonables y desproporcionadas”. En otras palabras, se jalaron una torta con el mantenimiento, les cayó la multa y su defensa fue decir que el castigo era muy severo. Diay, es como si uno no hace el brete y encima se enoja porque lo regañan. Una jugada bastante osada, si me preguntan.
Pero aquí es donde la historia se pone buena. La Sala IV no se comió el cuento. Los magistrados, con una paciencia de santos, les explicaron algo que parece de sentido común: cuando una empresa tiene a cargo un servicio público tan vital como la principal ruta a Caldera, las reglas del juego tienen que ser serias y las consecuencias, también. ¡Qué nivel la respuesta de la Sala! Básicamente les dijeron que cuando el incumplimiento puede poner en riesgo la seguridad y la vida de la gente, es totalmente lógico y necesario que las multas sean altas. No están administrando una pulpería, están manejando una de las arterias viales más importantes del país. El fallo refuerza la idea de que el Estado necesita herramientas fuertes para fiscalizar y sancionar, porque si no, esto se convierte en tierra de nadie.
¿Y esto qué significa para nosotros, los que andamos en la calle? Significa que el Gobierno ahora tiene la luz verde y el respaldo constitucional para cobrar un montón de multas que estaban en el aire por este proceso. Es una victoria para el interés público, porque le da dientes al Consejo Nacional de Concesiones para que exija lo que está en el contrato. Ya no hay excusas. La plata que todos pagamos en esos peajes tiene que traducirse en una carretera segura, bien mantenida, con buena demarcación y servicios eficientes. No es un favor, es la obligación que Globalvía aceptó cuando firmó ese contrato hace ya un montón de años.
Al final del día, esta resolución es un respiro. No soluciona todos los problemas de la 27 de la noche a la mañana, pero sí sienta un precedente clarísimo: las concesionarias no están por encima de la ley. Es un recordatorio de que el servicio que prestan es PÚBLICO y que su principal deber es con los usuarios. Ahora la bola queda en la cancha del Gobierno para que ejecute esas sanciones y se asegure de que la empresa finalmente entienda el mensaje. Pero bueno, ahora les pregunto a ustedes, la gente del foro: ¿Creen que este manazo de la Sala IV de verdad va a hacer que Globalvía se ponga las pilas con la 27, o es solo un round más en una pelea que nunca termina?
Vamos a desmenuzar la vara. Resulta que Globalvía (que legalmente se llama Autopistas del Sol, un nombre bastante poético para tanto despiche) se había ido a llorar a la Sala IV. La empresa presentó una acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley de Concesiones. ¿El argumento? Que las multas por incumplimientos —como tener la carretera hecha un desastre, la señalización para el tigre o los accesos en mal estado— eran “irrazonables y desproporcionadas”. En otras palabras, se jalaron una torta con el mantenimiento, les cayó la multa y su defensa fue decir que el castigo era muy severo. Diay, es como si uno no hace el brete y encima se enoja porque lo regañan. Una jugada bastante osada, si me preguntan.
Pero aquí es donde la historia se pone buena. La Sala IV no se comió el cuento. Los magistrados, con una paciencia de santos, les explicaron algo que parece de sentido común: cuando una empresa tiene a cargo un servicio público tan vital como la principal ruta a Caldera, las reglas del juego tienen que ser serias y las consecuencias, también. ¡Qué nivel la respuesta de la Sala! Básicamente les dijeron que cuando el incumplimiento puede poner en riesgo la seguridad y la vida de la gente, es totalmente lógico y necesario que las multas sean altas. No están administrando una pulpería, están manejando una de las arterias viales más importantes del país. El fallo refuerza la idea de que el Estado necesita herramientas fuertes para fiscalizar y sancionar, porque si no, esto se convierte en tierra de nadie.
¿Y esto qué significa para nosotros, los que andamos en la calle? Significa que el Gobierno ahora tiene la luz verde y el respaldo constitucional para cobrar un montón de multas que estaban en el aire por este proceso. Es una victoria para el interés público, porque le da dientes al Consejo Nacional de Concesiones para que exija lo que está en el contrato. Ya no hay excusas. La plata que todos pagamos en esos peajes tiene que traducirse en una carretera segura, bien mantenida, con buena demarcación y servicios eficientes. No es un favor, es la obligación que Globalvía aceptó cuando firmó ese contrato hace ya un montón de años.
Al final del día, esta resolución es un respiro. No soluciona todos los problemas de la 27 de la noche a la mañana, pero sí sienta un precedente clarísimo: las concesionarias no están por encima de la ley. Es un recordatorio de que el servicio que prestan es PÚBLICO y que su principal deber es con los usuarios. Ahora la bola queda en la cancha del Gobierno para que ejecute esas sanciones y se asegure de que la empresa finalmente entienda el mensaje. Pero bueno, ahora les pregunto a ustedes, la gente del foro: ¿Creen que este manazo de la Sala IV de verdad va a hacer que Globalvía se ponga las pilas con la 27, o es solo un round más en una pelea que nunca termina?
