¡Ay, Dios mío! Se ha levantado una polvareda considerable en el Poder Judicial por una propuestota que anda dando vueltas en la Asamblea Legislativa. Parece ser que quieren meterle mano a las leyes sobre el consumo de alcohol en lugares públicos, y eso ha dejado a los magistrados más que incómodos, diay.
La movida, básicamente, es reformar algunas cositas en la ley que regula cómo se vende y se consume el aguardiente, la cerveza y demás brebajes. Hasta ahora, si te agarran tomando un trago en la calle, te sacan una multa administrativa, un buen chuche que duele en el bolsillo, pero nada más. Pero parece que la idea es cambiar eso, y que ahora los jueces sean los encargados de decidir si te dan una multa o te mandan a la cárcel… ¡Qué torta!
Y ahí es donde empiezan los problemas, porque la magistrada Sandra Zúñiga ya soltó la bomba: “Por primera vez, se le estaría atribuyendo al Poder Judicial la potestad de meterse en estos casos”. Imagínate, el juez decidiendo si te meten preso por tomarte una Imperial sentado en la banqueta. Eso sí que es llevar la vara muy alto, ¿verdad?
La propuesta legislativa habla de multas de cinco a veinte días, pero si te recae, ¡aguántate!, pueden caer treinta días de prisión. Ahí los magistrados ven venir problemas, especialmente porque no queda claro cómo se va a demostrar la reincidencia. “Tiene que haber alguna forma de probar que esto pasó antes”, dice Zúñiga, preocupada. Porque, ¿cómo vas a demostrar que hace seis meses te pillaron bebiendo en otra esquina?
Pero la bronca no termina ahí, porque otro magistrado importante, Jorge Leiva, también está frito. Él recuerda que ahora las multas van directamente a las arcas municipales, y con este nuevo plan, el dinero iría directo al Poder Judicial. “En lugar de que la municipalidad decomise las botellas, terminan en un despacho judicial. ¡Qué sal!”, exclamó Leiva, visiblemente molesto.
Además, Leiva puso encima de la mesa otro detalle espinosito: nadie sabe qué papel jugarán la policía municipal y la Fuerza Pública si esta ley sale adelante. ¿Quién va a hacer el arresto? ¿Cómo se manejan las pruebas? ¿A dónde llevan al infractor? Son preguntas que quedan flotando en el aire, y eso a los magistrados les da mucha resaca, imagínatelo. Como si no fuera bastante con el tema del alcohol…
Y es que, pa’ nosotros los ticos, echar un trago con los amigos es parte de nuestra cultura, diay. No estamos diciendo que hay que andar abusando, obvio, pero meter a los jueces en esto parece un poco exagerado, ¿no creen? Especialmente cuando se trata de problemas que las municipalidades siempre han sabido manejar bien, más o menos, con sus propias reglas. Parece que alguien quiere complicarle las cosas al Poder Judicial, y al final, quien paga caro somos todos los ciudadanos.
En fin, este brete promete dar de qué hablar por mucho tiempo. Ahora la pregunta es: ¿cree usted que es necesario judicializar los casos de consumo de alcohol en la vía pública, o deberían seguir siendo asunto de las municipalidades? Déjenme saber su opinión en el foro, quiero leer qué piensa la gente sobre esta vara.
La movida, básicamente, es reformar algunas cositas en la ley que regula cómo se vende y se consume el aguardiente, la cerveza y demás brebajes. Hasta ahora, si te agarran tomando un trago en la calle, te sacan una multa administrativa, un buen chuche que duele en el bolsillo, pero nada más. Pero parece que la idea es cambiar eso, y que ahora los jueces sean los encargados de decidir si te dan una multa o te mandan a la cárcel… ¡Qué torta!
Y ahí es donde empiezan los problemas, porque la magistrada Sandra Zúñiga ya soltó la bomba: “Por primera vez, se le estaría atribuyendo al Poder Judicial la potestad de meterse en estos casos”. Imagínate, el juez decidiendo si te meten preso por tomarte una Imperial sentado en la banqueta. Eso sí que es llevar la vara muy alto, ¿verdad?
La propuesta legislativa habla de multas de cinco a veinte días, pero si te recae, ¡aguántate!, pueden caer treinta días de prisión. Ahí los magistrados ven venir problemas, especialmente porque no queda claro cómo se va a demostrar la reincidencia. “Tiene que haber alguna forma de probar que esto pasó antes”, dice Zúñiga, preocupada. Porque, ¿cómo vas a demostrar que hace seis meses te pillaron bebiendo en otra esquina?
Pero la bronca no termina ahí, porque otro magistrado importante, Jorge Leiva, también está frito. Él recuerda que ahora las multas van directamente a las arcas municipales, y con este nuevo plan, el dinero iría directo al Poder Judicial. “En lugar de que la municipalidad decomise las botellas, terminan en un despacho judicial. ¡Qué sal!”, exclamó Leiva, visiblemente molesto.
Además, Leiva puso encima de la mesa otro detalle espinosito: nadie sabe qué papel jugarán la policía municipal y la Fuerza Pública si esta ley sale adelante. ¿Quién va a hacer el arresto? ¿Cómo se manejan las pruebas? ¿A dónde llevan al infractor? Son preguntas que quedan flotando en el aire, y eso a los magistrados les da mucha resaca, imagínatelo. Como si no fuera bastante con el tema del alcohol…
Y es que, pa’ nosotros los ticos, echar un trago con los amigos es parte de nuestra cultura, diay. No estamos diciendo que hay que andar abusando, obvio, pero meter a los jueces en esto parece un poco exagerado, ¿no creen? Especialmente cuando se trata de problemas que las municipalidades siempre han sabido manejar bien, más o menos, con sus propias reglas. Parece que alguien quiere complicarle las cosas al Poder Judicial, y al final, quien paga caro somos todos los ciudadanos.
En fin, este brete promete dar de qué hablar por mucho tiempo. Ahora la pregunta es: ¿cree usted que es necesario judicializar los casos de consumo de alcohol en la vía pública, o deberían seguir siendo asunto de las municipalidades? Déjenme saber su opinión en el foro, quiero leer qué piensa la gente sobre esta vara.
