El Grupo Financiero Desyfin se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras ser intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) debido a graves irregularidades en su gestión financiera. Entre las acusaciones destacan estimaciones crediticias subvaluadas, gestión de riesgos deficiente y un supuesto ocultamiento de información tanto al público como a las autoridades regulatorias. La intervención, que durará 30 días, podría llevar a la liquidación de la entidad si se determina que es inviable.
El Conassif tomó la decisión de intervenir Desyfin luego de una serie de informes presentados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), donde se exponían múltiples deficiencias en la administración del grupo. Estas deficiencias incluyen la incorrecta clasificación de riesgos crediticios, la subvaluación de estimaciones, y la omisión de información clave en los estados financieros, lo que según las autoridades podría haber impactado negativamente la confianza pública.
Entre los delitos que se estarían investigando, destaca el posible ocultamiento de información financiera, un crimen tipificado en el Código Penal costarricense. Este delito establece penas de prisión para aquellos administradores o directivos que, a sabiendas, publiquen balances o informes financieros falsos o incompletos. La gravedad del caso ha generado gran preocupación entre los acreedores de Desyfin, quienes ahora enfrentan la incertidumbre de no poder acceder a sus fondos. Algunos incluso han denunciado que sus cuentas fueron congeladas, afectando la operación de sus negocios.
Por su parte, el representante legal de Desyfin, Silvio Lacayo, ha negado categóricamente que haya existido algún tipo de ocultamiento de información. Según Lacayo, la empresa ha actuado con total transparencia y ha cumplido con todas las solicitudes de información realizadas por la Sugef. Además, indicó que están trabajando en un plan de capitalización para fortalecer la posición financiera del grupo y asegurar la continuidad de sus operaciones.
El proceso de intervención será clave para determinar el futuro de Desyfin. Durante los próximos 30 días, se evaluará si la entidad puede subsistir con las correcciones necesarias o si deberá ser liquidada. La situación ha generado una ola de incertidumbre no solo entre los clientes de Desyfin, sino también en el sector financiero costarricense, que observa con atención las repercusiones que este caso podría tener en la estabilidad y confianza del sistema.
La historia de Desyfin no es nueva; ya en el pasado, la entidad había sido señalada por malas prácticas de gestión. Sin embargo, esta intervención pone en evidencia una vez más los desafíos que enfrenta el sistema financiero costarricense en cuanto a la supervisión y regulación de sus entidades.
La pregunta que queda en el aire es si esta será la última vez que una entidad como Desyfin se ve envuelta en un escándalo de esta magnitud, o si simplemente estamos presenciando el capítulo más reciente de una historia que se sigue repitiendo en el sector financiero del país.
El Conassif tomó la decisión de intervenir Desyfin luego de una serie de informes presentados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), donde se exponían múltiples deficiencias en la administración del grupo. Estas deficiencias incluyen la incorrecta clasificación de riesgos crediticios, la subvaluación de estimaciones, y la omisión de información clave en los estados financieros, lo que según las autoridades podría haber impactado negativamente la confianza pública.
Entre los delitos que se estarían investigando, destaca el posible ocultamiento de información financiera, un crimen tipificado en el Código Penal costarricense. Este delito establece penas de prisión para aquellos administradores o directivos que, a sabiendas, publiquen balances o informes financieros falsos o incompletos. La gravedad del caso ha generado gran preocupación entre los acreedores de Desyfin, quienes ahora enfrentan la incertidumbre de no poder acceder a sus fondos. Algunos incluso han denunciado que sus cuentas fueron congeladas, afectando la operación de sus negocios.
Por su parte, el representante legal de Desyfin, Silvio Lacayo, ha negado categóricamente que haya existido algún tipo de ocultamiento de información. Según Lacayo, la empresa ha actuado con total transparencia y ha cumplido con todas las solicitudes de información realizadas por la Sugef. Además, indicó que están trabajando en un plan de capitalización para fortalecer la posición financiera del grupo y asegurar la continuidad de sus operaciones.
El proceso de intervención será clave para determinar el futuro de Desyfin. Durante los próximos 30 días, se evaluará si la entidad puede subsistir con las correcciones necesarias o si deberá ser liquidada. La situación ha generado una ola de incertidumbre no solo entre los clientes de Desyfin, sino también en el sector financiero costarricense, que observa con atención las repercusiones que este caso podría tener en la estabilidad y confianza del sistema.
La historia de Desyfin no es nueva; ya en el pasado, la entidad había sido señalada por malas prácticas de gestión. Sin embargo, esta intervención pone en evidencia una vez más los desafíos que enfrenta el sistema financiero costarricense en cuanto a la supervisión y regulación de sus entidades.
La pregunta que queda en el aire es si esta será la última vez que una entidad como Desyfin se ve envuelta en un escándalo de esta magnitud, o si simplemente estamos presenciando el capítulo más reciente de una historia que se sigue repitiendo en el sector financiero del país.
