¡Aguante! Aquí vamos con la jugada que ha tenido al país en cartelera estos días. Resulta que el proyecto de ley contra el sicariato, esa ‘vara’ que Nueva República trajo cantando victoria, le dio un frenazo importante esta semana. Después del primer debate, donde ya se veía venir que no todo iba a salir como querían, la Asamblea Legislativa decidió darle una vuelta a la rosca y mandarlo de nuevo a discutir. Ya saben, esos procesos burocráticos que nos hacen perder el pelo.
Como les cuento, la idea original era imponer penas de hasta 50 años de cárcel para los sicarios, un golpe duro pa’ esos tipos que se dedican a quitar vidas a cambio de unos cuantos billetes. Fabricio Alvarado, líder de Nueva República, no daba crédito a nadie, asegurando que iban a ponerle fin a este flagelo que nos lacera como sociedad. Pero la realidad, como suele pasar en estas cosas, es que las cosas no siempre salen como las planeamos.
Esta semana se presentaron dos mociones. La primera, una modificación que agrega la palabra “remuneración económica” al artículo 112 bis de la ley. Ahora dice textualmente: 'Se impondrá pena de prisión de veinte a cuarenta años a quien, en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte de otra persona por encargo, acuerdo, remuneración económica o promesa remuneratoria'. Se aprobaron a huevo, sin mucho rodeo. Un pequeño avance, dicen algunos, pero ¿será suficiente?
Luego vino el turno de la segunda moción, la que realmente levantó polvareda. Presentada por el diputado David Segura, buscaba mantener esas 50 años de cárcel que estaban contempladas originalmente. Era el sueño de Nueva República, la carta que tenían en la manga para demostrar que sí podían hacerle frente a la delincuencia organizada. Pero, ¡qué sal!, la votación terminó empatada. Empate, señores, y eso significa rechazo bajo las reglas del juego legislativo.
Alvarado, visiblemente frustrado, soltó unas cuantas frases calificándolo como “un buen paso, no el que queríamos, pero ya es un avance llegar a 40 años”. Suena a cliché político, ¿verdad? Como diciendo: “Sí, perdimos, pero no todo está perdido”. Pero la verdad es que muchos ciudadanos estamos pensando si 40 años son suficientes para castigar a alguien que decide quitarle la vida a otro por dinero. ¿Dónde quedó la disuasión, eh?
Y no olvidemos que el proyecto tampoco se queda corto con quienes ofrecen, solicitan o promocionan estos asesinatos a destajo. Ahí contempla penas de tres a cinco años de cárcel. Artículo 280 bis, pa’ que lo tengan presente: 'Quien públicamente solicite, ofrezca o promueva servicios de homicidio por encargo, acuerdo o promesa remuneratoria, será castigado con pena de prisión de tres a cinco años'. Eso, por si acaso, alguno se le anda cruzando por la mente la idea de ofrecer sus 'servicios'.
En resumen, la ley contra el sicariato sigue en proceso, con algunas modificaciones que quizás no satisfacen a todos, pero que representan un intento, aunque sea modesto, de combatir este problema tan grave. Ha sido un brete legislar esto, y parece que todavía falta recorrido. Las presiones de la ciudadanía, la necesidad de fortalecer las instituciones y la urgencia de proteger a nuestros compatriotas son factores clave para que este proyecto llegue a buen término. No podemos permitirnos que la delincuencia siga campando a sus anchas.
Ahora me pregunto, compas: ¿Con estas modificaciones, creen que la ley tendrá un impacto real en la reducción de los crímenes relacionados con el sicariato, o es simplemente un parche que no aborda la raíz del problema? ¡Dejen sus opiniones abajo!
Como les cuento, la idea original era imponer penas de hasta 50 años de cárcel para los sicarios, un golpe duro pa’ esos tipos que se dedican a quitar vidas a cambio de unos cuantos billetes. Fabricio Alvarado, líder de Nueva República, no daba crédito a nadie, asegurando que iban a ponerle fin a este flagelo que nos lacera como sociedad. Pero la realidad, como suele pasar en estas cosas, es que las cosas no siempre salen como las planeamos.
Esta semana se presentaron dos mociones. La primera, una modificación que agrega la palabra “remuneración económica” al artículo 112 bis de la ley. Ahora dice textualmente: 'Se impondrá pena de prisión de veinte a cuarenta años a quien, en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte de otra persona por encargo, acuerdo, remuneración económica o promesa remuneratoria'. Se aprobaron a huevo, sin mucho rodeo. Un pequeño avance, dicen algunos, pero ¿será suficiente?
Luego vino el turno de la segunda moción, la que realmente levantó polvareda. Presentada por el diputado David Segura, buscaba mantener esas 50 años de cárcel que estaban contempladas originalmente. Era el sueño de Nueva República, la carta que tenían en la manga para demostrar que sí podían hacerle frente a la delincuencia organizada. Pero, ¡qué sal!, la votación terminó empatada. Empate, señores, y eso significa rechazo bajo las reglas del juego legislativo.
Alvarado, visiblemente frustrado, soltó unas cuantas frases calificándolo como “un buen paso, no el que queríamos, pero ya es un avance llegar a 40 años”. Suena a cliché político, ¿verdad? Como diciendo: “Sí, perdimos, pero no todo está perdido”. Pero la verdad es que muchos ciudadanos estamos pensando si 40 años son suficientes para castigar a alguien que decide quitarle la vida a otro por dinero. ¿Dónde quedó la disuasión, eh?
Y no olvidemos que el proyecto tampoco se queda corto con quienes ofrecen, solicitan o promocionan estos asesinatos a destajo. Ahí contempla penas de tres a cinco años de cárcel. Artículo 280 bis, pa’ que lo tengan presente: 'Quien públicamente solicite, ofrezca o promueva servicios de homicidio por encargo, acuerdo o promesa remuneratoria, será castigado con pena de prisión de tres a cinco años'. Eso, por si acaso, alguno se le anda cruzando por la mente la idea de ofrecer sus 'servicios'.
En resumen, la ley contra el sicariato sigue en proceso, con algunas modificaciones que quizás no satisfacen a todos, pero que representan un intento, aunque sea modesto, de combatir este problema tan grave. Ha sido un brete legislar esto, y parece que todavía falta recorrido. Las presiones de la ciudadanía, la necesidad de fortalecer las instituciones y la urgencia de proteger a nuestros compatriotas son factores clave para que este proyecto llegue a buen término. No podemos permitirnos que la delincuencia siga campando a sus anchas.
Ahora me pregunto, compas: ¿Con estas modificaciones, creen que la ley tendrá un impacto real en la reducción de los crímenes relacionados con el sicariato, o es simplemente un parche que no aborda la raíz del problema? ¡Dejen sus opiniones abajo!
