¡Ay, Dios mío! Esto del tema de las frecuencias está echándose tizna, fíjense bien. Los diputados anduvieron batallando en la Asamblea este lunes discutiendo si le damos luz verde a la subasta que propone el gobierno. Parece que a varios se les saltaron las alarmas porque los costos son más salados que un picante habanero.
El presidente de la Asamblea, Don Rodrigo Arias, tuvo que destinarle media hora a la discusión. Todo empezó con el clamor de la diputada Kattia Cambronero, quien pidió que se abriera el debate, y luego se sumaron los líderes de los diferentes partidos políticos. Se nota que esto ha encendido las alertas en todos lados, porque la sombra de un posible “apagón” mediático planea sobre nosotros.
La oposición, claro, está sacando pecho y diciendo que esto es un atropello directo a la democracia, y que es parte de la promesa que el Presidente Chaves soltó allá por abril de este año. Según Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, estamos viendo el cumplimiento de una amenaza directa. Él dice textualmente: 'Nos enfrentamos al cumplimiento de la amenaza que hizo este Gobierno el 2 de abril de 2025, un apagón de radio y televisión si no se actualizaban los cobros'. ¡Uy, qué barbaridad!
Y ni hablar de lo que implica para los pequeños medios. Emisiones emblemáticas como Sinfonola y Columbia ya dijeron que no participan porque no pueden costearlo. Imagínense, estaciones que llevan décadas transmitiendo, ahora amenazadas por la incertidumbre económica. Varios legisladores alzaron la voz advirtiendo que esto significaría el cierre de más de 60 radios y televisoras, una verdadera tragedia para la diversidad de voces en nuestro país. ¡Qué torta!
Dinorah Barquero, del PLN, fue contundente: "Hay un interés de ponerle bozal a la democracia costarricense". La senadora Vanessa Castro, del PUSC, agregó: "Lo que está en juego no es un mero trámite técnico, es el acceso a la información y la comunicación, elementos básicos de la democracia”. Está clarito que hay preocupación seria sobre el futuro de la libertad de expresión en Costa Rica, y no es para menos.
Pero ahí viene la jugada de Pilar Cisneros, la jefa del oficialismo, que salió defendiendo al gobierno y al Presidente Chaves, y le echó la bronca a los diputados y a los medios. Ella acusó a las industrias de radiodifusión de haberse acostumbrado a vivir de prórrogas automáticas y de “robar”. Dijo que las emisoras en AM pagan apenas 10 colones por día, las de FM 16, y las televisoras 350. ¡Parece que la cosa está bastante caliente!
Según cifras proporcionadas por la Sutel, han recibido ofertas para 17 frecuencias FM a nivel nacional, 3 FM regionales, 1 AM nacional y 4 canales de televisión. Empresas como Repretel, Central de Radio, Teletica, Extra Net y el Consorcio Multimedios-Grupo Latino están pujando por esas licencias. Sin embargo, muchos otros medios, incluyendo Trivisión, Opa y Multimedios, se quedaron fuera de la competencia, quizás por los elevados costos o por otras consideraciones estratégicas. Johana Obando, diputada independiente, incluso comentó que la concesión favorece a aquellos medios que históricamente han simpatizado con el gobierno, dejando en desventaja a otros.
En fin, este panorama nos deja con muchas preguntas abiertas. ¿Será que realmente necesitamos esta reorganización del espectro radioeléctrico, o estamos frente a un intento de controlar la información y limitar la pluralidad de voces en Costa Rica? ¿Es justo que las pequeñas emisoras tengan que competir con gigantes económicos, o deberíamos buscar alternativas para garantizar su supervivencia? ¿Se trata de una reforma necesaria o un golpe a la libertad de prensa? ¡Díganme sus opiniones, compas! ¿Les parece que el gobierno está justificadamente buscando ordenar el sistema, o hay motivos ocultos detrás de esta subasta?
El presidente de la Asamblea, Don Rodrigo Arias, tuvo que destinarle media hora a la discusión. Todo empezó con el clamor de la diputada Kattia Cambronero, quien pidió que se abriera el debate, y luego se sumaron los líderes de los diferentes partidos políticos. Se nota que esto ha encendido las alertas en todos lados, porque la sombra de un posible “apagón” mediático planea sobre nosotros.
La oposición, claro, está sacando pecho y diciendo que esto es un atropello directo a la democracia, y que es parte de la promesa que el Presidente Chaves soltó allá por abril de este año. Según Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, estamos viendo el cumplimiento de una amenaza directa. Él dice textualmente: 'Nos enfrentamos al cumplimiento de la amenaza que hizo este Gobierno el 2 de abril de 2025, un apagón de radio y televisión si no se actualizaban los cobros'. ¡Uy, qué barbaridad!
Y ni hablar de lo que implica para los pequeños medios. Emisiones emblemáticas como Sinfonola y Columbia ya dijeron que no participan porque no pueden costearlo. Imagínense, estaciones que llevan décadas transmitiendo, ahora amenazadas por la incertidumbre económica. Varios legisladores alzaron la voz advirtiendo que esto significaría el cierre de más de 60 radios y televisoras, una verdadera tragedia para la diversidad de voces en nuestro país. ¡Qué torta!
Dinorah Barquero, del PLN, fue contundente: "Hay un interés de ponerle bozal a la democracia costarricense". La senadora Vanessa Castro, del PUSC, agregó: "Lo que está en juego no es un mero trámite técnico, es el acceso a la información y la comunicación, elementos básicos de la democracia”. Está clarito que hay preocupación seria sobre el futuro de la libertad de expresión en Costa Rica, y no es para menos.
Pero ahí viene la jugada de Pilar Cisneros, la jefa del oficialismo, que salió defendiendo al gobierno y al Presidente Chaves, y le echó la bronca a los diputados y a los medios. Ella acusó a las industrias de radiodifusión de haberse acostumbrado a vivir de prórrogas automáticas y de “robar”. Dijo que las emisoras en AM pagan apenas 10 colones por día, las de FM 16, y las televisoras 350. ¡Parece que la cosa está bastante caliente!
Según cifras proporcionadas por la Sutel, han recibido ofertas para 17 frecuencias FM a nivel nacional, 3 FM regionales, 1 AM nacional y 4 canales de televisión. Empresas como Repretel, Central de Radio, Teletica, Extra Net y el Consorcio Multimedios-Grupo Latino están pujando por esas licencias. Sin embargo, muchos otros medios, incluyendo Trivisión, Opa y Multimedios, se quedaron fuera de la competencia, quizás por los elevados costos o por otras consideraciones estratégicas. Johana Obando, diputada independiente, incluso comentó que la concesión favorece a aquellos medios que históricamente han simpatizado con el gobierno, dejando en desventaja a otros.
En fin, este panorama nos deja con muchas preguntas abiertas. ¿Será que realmente necesitamos esta reorganización del espectro radioeléctrico, o estamos frente a un intento de controlar la información y limitar la pluralidad de voces en Costa Rica? ¿Es justo que las pequeñas emisoras tengan que competir con gigantes económicos, o deberíamos buscar alternativas para garantizar su supervivencia? ¿Se trata de una reforma necesaria o un golpe a la libertad de prensa? ¡Díganme sus opiniones, compas! ¿Les parece que el gobierno está justificadamente buscando ordenar el sistema, o hay motivos ocultos detrás de esta subasta?
