¡Ay, Dios mío, qué rollo! La Sala Cuatro le metió zancadilla al gobierno de Rodrigo Chaves en el tema de las frecuencias de radio y tele. Resulta que recibieron tres recursos de amparo echándole hielo a esa subasta que estaban organizando en Sutel, y ahora el gobierno tendrá que ponerse las pilas y explicarle a la Corte qué onda con todo esto.
Para refrescarles la memoria, esta movida viene arrastrando tela que contar desde junio pasado, cuando la Sutel lanzó el concurso público para repartir el espectro radioeléctrico. La idea era modernizar la industria, pero desde el principio hubo polémica porque los precios que pusieron eran... ¡tremendos! Algunos concesionarios ni loco iban a meterle mano a esas tarifas, y las críticas no se hicieron esperar. Al final, solo unas quince empresas se animaron a ofertar, lo cual ya te da una idea del panorama.
Lo que preocupa a los abogados que presentaron los recursos es que esa subasta, diseñada principalmente pensando en el lado económico, podría favorecer a los grandes operadores y dejar fuera a las estaciones pequeñas, comunitarias, religiosas e incluso estatales. Esto, obviamente, afectaría el pluralismo informativo, porque si solo unos pocos tienen acceso al aire, la variedad de voces se va al traste. Imagínate, quedar pegado solamente con los mismos mensajes una y otra vez, ¡qué aburrimiento!
Y no es solo eso, ¿eh? También señalan que el proceso podría ser una forma indirecta de limitar el acceso a los medios de comunicación, afectando derechos adquiridos de quienes ya tienen licencia y generando problemas para la gente, que podría quedarse sin recibir señal. Además, exigen que se asegure una transición tranquila, evitando apagones y protegiendo la diversidad de opiniones en el éter. Por ejemplo, pensar en las comunidades rurales donde la radio sigue siendo la principal fuente de información… apagarla sería un golpe duro.
La controversia radica en esos precios base que empezaban en casi cinco millones de colones para una frecuencia de radio AM, llegando hasta ochocientos millones para la tele nacional. ¡Ochocientos millones, mae! Eso es pa’ construirte una casa, ¡no pa’ comprar una frecuencia! Muchos concesionarios dijeron que era imposible, que las condiciones eran “ruinosas”. Ni la Cadena Radial Costarricense (CRC) se animó a participar, declarándose incapaz de afrontar semejante gasto. Te quedas pensando qué futuro les espera a estas emisoras si siguen así.
Incluso la Universidad de Costa Rica (UCR) levantó la voz, preocupada por cómo esto afectaría la libertad de expresión y el pluralismo mediático. Hicieron un llamado al Micitt y a la Sutel para que paren el proceso, al menos temporalmente, y evalúen bien las consecuencias. Y no es la única; varias cámaras empresariales y académicos también han expresado su inquietud frente a esta situación. Parece que hay mucho desacuerdo en cómo se está manejando el asunto.
Ahora, con la Sala Cuatro encima, el gobierno y la Sutel tienen que justificar su plan en un plazo de apenas tres días hábiles. Mientras tanto, la Sutel sigue adelante con los trámites, aunque con la espada de Damocles de una posible orden judicial suspendiendo todo. Se esperan resultados entre febrero y abril del próximo año, ¡si es que llegan a eso! Ya varios procesos legales están abiertos en el Tribunal Contencioso Administrativo, buscando asegurar que los concesionarios puedan seguir operando mientras se resuelve la situación. La pelea está servida, ¿eh?
Considerando toda esta movida legal y la incertidumbre que genera, ¿cree usted que el gobierno debería reconsiderar los precios base y los requisitos para la subasta de frecuencias, o es necesario avanzar con esta modernización del sector radiofónico y televisivo, asumiendo el riesgo de concentrar el poder mediático en pocas manos?
Para refrescarles la memoria, esta movida viene arrastrando tela que contar desde junio pasado, cuando la Sutel lanzó el concurso público para repartir el espectro radioeléctrico. La idea era modernizar la industria, pero desde el principio hubo polémica porque los precios que pusieron eran... ¡tremendos! Algunos concesionarios ni loco iban a meterle mano a esas tarifas, y las críticas no se hicieron esperar. Al final, solo unas quince empresas se animaron a ofertar, lo cual ya te da una idea del panorama.
Lo que preocupa a los abogados que presentaron los recursos es que esa subasta, diseñada principalmente pensando en el lado económico, podría favorecer a los grandes operadores y dejar fuera a las estaciones pequeñas, comunitarias, religiosas e incluso estatales. Esto, obviamente, afectaría el pluralismo informativo, porque si solo unos pocos tienen acceso al aire, la variedad de voces se va al traste. Imagínate, quedar pegado solamente con los mismos mensajes una y otra vez, ¡qué aburrimiento!
Y no es solo eso, ¿eh? También señalan que el proceso podría ser una forma indirecta de limitar el acceso a los medios de comunicación, afectando derechos adquiridos de quienes ya tienen licencia y generando problemas para la gente, que podría quedarse sin recibir señal. Además, exigen que se asegure una transición tranquila, evitando apagones y protegiendo la diversidad de opiniones en el éter. Por ejemplo, pensar en las comunidades rurales donde la radio sigue siendo la principal fuente de información… apagarla sería un golpe duro.
La controversia radica en esos precios base que empezaban en casi cinco millones de colones para una frecuencia de radio AM, llegando hasta ochocientos millones para la tele nacional. ¡Ochocientos millones, mae! Eso es pa’ construirte una casa, ¡no pa’ comprar una frecuencia! Muchos concesionarios dijeron que era imposible, que las condiciones eran “ruinosas”. Ni la Cadena Radial Costarricense (CRC) se animó a participar, declarándose incapaz de afrontar semejante gasto. Te quedas pensando qué futuro les espera a estas emisoras si siguen así.
Incluso la Universidad de Costa Rica (UCR) levantó la voz, preocupada por cómo esto afectaría la libertad de expresión y el pluralismo mediático. Hicieron un llamado al Micitt y a la Sutel para que paren el proceso, al menos temporalmente, y evalúen bien las consecuencias. Y no es la única; varias cámaras empresariales y académicos también han expresado su inquietud frente a esta situación. Parece que hay mucho desacuerdo en cómo se está manejando el asunto.
Ahora, con la Sala Cuatro encima, el gobierno y la Sutel tienen que justificar su plan en un plazo de apenas tres días hábiles. Mientras tanto, la Sutel sigue adelante con los trámites, aunque con la espada de Damocles de una posible orden judicial suspendiendo todo. Se esperan resultados entre febrero y abril del próximo año, ¡si es que llegan a eso! Ya varios procesos legales están abiertos en el Tribunal Contencioso Administrativo, buscando asegurar que los concesionarios puedan seguir operando mientras se resuelve la situación. La pelea está servida, ¿eh?
Considerando toda esta movida legal y la incertidumbre que genera, ¿cree usted que el gobierno debería reconsiderar los precios base y los requisitos para la subasta de frecuencias, o es necesario avanzar con esta modernización del sector radiofónico y televisivo, asumiendo el riesgo de concentrar el poder mediático en pocas manos?
