¡Ay, Dios mío! ¿Se imaginan la bronca que hay en el Colegio de Abogados? Resulta que una auditoría sacó a relucir unas cositas turbias sobre cómo bajaron la nota mínima para aprobar el examen de admisión. Un verdadero despache, porque parece que se saltaron unos pasos importantes y ahora todos están con la mosca detrás de la oreja.
Según el informe, y ojo, este es serio, la Junta Directiva –sí, los mismos que toman las decisiones– se mandó un churro al cambiar la nota de 80 a 70. Lo que no sabían, o quizás sí, es que esa jugada tenía que haberse hecho en la Asamblea General, ¡el órgano máximo del colegio! Como dice el dicho, 'quien hace trampa, pierde el juego', y parece que ahí hubo un poco de eso.
El documento, que salió a luz el 22 de agosto pasado, califica la movida como “probablemente improcedente”. ¡Imagínense! Básicamente, le dicen que hicieron mal las cosas y que podrían haberle violado las normas propias del colegio. Esto viene pasando desde febrero de este año, cuando cambiaron la regla y la aplicaron retroactivamente a toda una década. Eso significa que cientos de abogados entraron bajo estas nuevas condiciones.
Y aquí viene lo interesante, ¿o no? Justo cuando se hace este cambio, estamos en año electoral, ¡y la agrupación “Innovación” está buscando seguir manejando el Colegio! Algunos sospechan, y no pocos, que esto tiene mucho que ver con captar votos entre los nuevos abogados que entraron gracias a esta rebaja. ¡Qué vaina!, porque uno esperaría que las decisiones fueran puramente académicas, pero parece que la política también se mete en estos asuntos.
Pero no todo es color de rosa. Antes de que pasara esto, tanto el Comité de Excelencia Académica como el Departamento Legal ya habían avisado que cualquier cambio en la nota requería aprobación de la Asamblea. Pareciera que nadie les hizo caso. Incluso la vicepresidenta del Colegio, Rosibel Jara Velásquez, expresó su preocupación por posibles problemas legales que podía traer esta medida. ¡Al final, quién tiene la razón!
Ahora bien, los expertos en educación jurídica explican que este nuevo sistema de evaluación podría significar, en la práctica, una nota efectiva cercana al 60 sobre 100. Sí, así es, porque el examen te da 10 puntos automáticos por ir y cumplir con los requisitos. ¡Aguante!, porque eso reduce considerablemente la exigencia real. Sumándole las quejas sobre la calidad de las preguntas en la última convocatoria… ¡ufff!, parece que hay mucho por mejorar.
Muchos abogados y abogadas están molestos con el proceso, aunque entienden que los recién incorporados no tienen la culpa. El problema, según ellos, es que la decisión se tomó sin consultarles a todos los miembros del colegio, poniendo en riesgo la credibilidad de la institución. En las redes sociales, la gente está que arde, criticando la falta de transparencia y la influencia de ciertos grupos políticos dentro del Colegio. Francine María Barboza Topping dijo textualmente: “El problema es que el Colegio lleva casi dos décadas bajo el mismo grupo, y eso impide una gestión imparcial”.
Con las elecciones internas del Colegio de Abogados a la vuelta de la esquina, el 6 de diciembre precisamente, la polémica no hace más que crecer. Ahora bien, más allá de los puntajes y los nombres, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos asegurar que el Colegio funcione de manera transparente y justa, priorizando siempre la calidad de la formación jurídica en Costa Rica? ¿Creen que sería útil implementar mecanismos de participación ciudadana para que los abogados puedan opinar directamente sobre las políticas del Colegio?
Según el informe, y ojo, este es serio, la Junta Directiva –sí, los mismos que toman las decisiones– se mandó un churro al cambiar la nota de 80 a 70. Lo que no sabían, o quizás sí, es que esa jugada tenía que haberse hecho en la Asamblea General, ¡el órgano máximo del colegio! Como dice el dicho, 'quien hace trampa, pierde el juego', y parece que ahí hubo un poco de eso.
El documento, que salió a luz el 22 de agosto pasado, califica la movida como “probablemente improcedente”. ¡Imagínense! Básicamente, le dicen que hicieron mal las cosas y que podrían haberle violado las normas propias del colegio. Esto viene pasando desde febrero de este año, cuando cambiaron la regla y la aplicaron retroactivamente a toda una década. Eso significa que cientos de abogados entraron bajo estas nuevas condiciones.
Y aquí viene lo interesante, ¿o no? Justo cuando se hace este cambio, estamos en año electoral, ¡y la agrupación “Innovación” está buscando seguir manejando el Colegio! Algunos sospechan, y no pocos, que esto tiene mucho que ver con captar votos entre los nuevos abogados que entraron gracias a esta rebaja. ¡Qué vaina!, porque uno esperaría que las decisiones fueran puramente académicas, pero parece que la política también se mete en estos asuntos.
Pero no todo es color de rosa. Antes de que pasara esto, tanto el Comité de Excelencia Académica como el Departamento Legal ya habían avisado que cualquier cambio en la nota requería aprobación de la Asamblea. Pareciera que nadie les hizo caso. Incluso la vicepresidenta del Colegio, Rosibel Jara Velásquez, expresó su preocupación por posibles problemas legales que podía traer esta medida. ¡Al final, quién tiene la razón!
Ahora bien, los expertos en educación jurídica explican que este nuevo sistema de evaluación podría significar, en la práctica, una nota efectiva cercana al 60 sobre 100. Sí, así es, porque el examen te da 10 puntos automáticos por ir y cumplir con los requisitos. ¡Aguante!, porque eso reduce considerablemente la exigencia real. Sumándole las quejas sobre la calidad de las preguntas en la última convocatoria… ¡ufff!, parece que hay mucho por mejorar.
Muchos abogados y abogadas están molestos con el proceso, aunque entienden que los recién incorporados no tienen la culpa. El problema, según ellos, es que la decisión se tomó sin consultarles a todos los miembros del colegio, poniendo en riesgo la credibilidad de la institución. En las redes sociales, la gente está que arde, criticando la falta de transparencia y la influencia de ciertos grupos políticos dentro del Colegio. Francine María Barboza Topping dijo textualmente: “El problema es que el Colegio lleva casi dos décadas bajo el mismo grupo, y eso impide una gestión imparcial”.
Con las elecciones internas del Colegio de Abogados a la vuelta de la esquina, el 6 de diciembre precisamente, la polémica no hace más que crecer. Ahora bien, más allá de los puntajes y los nombres, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos asegurar que el Colegio funcione de manera transparente y justa, priorizando siempre la calidad de la formación jurídica en Costa Rica? ¿Creen que sería útil implementar mecanismos de participación ciudadana para que los abogados puedan opinar directamente sobre las políticas del Colegio?
