¡Ay, Dios mío! Quién lo diría, ¿verdad, maes? Parece mentira que todavía estamos batallando con el mismo problema: construir casitas pa’ todos. Pero resulta que ya no basta con levantar paredes, sino que tenemos que pensar en cómo las hacemos, dónde las metemos y, sobre todo, cómo las pagamos para que aguanten las pelmazas que nos espera el clima.
Un estudio del BID nos cayó como anillo al dedo, mostrándonos que el 42% de las viviendas aquí tienen grietas que dan escalofrío, y casi una cuarta parte están tan podridas que parece que van a volar por los aires con el próximo aguacero. Familias humildes, esos que siempre la llevan difícil, son los primeros en sufrir cuando llueve a cántaros, la tierra se desliza o hace tanto sol que te derrites. Una verdadera pena, chunches.
Y es que ahora, con el cambio climático pegándole duro al país, tener árboles, parques y senderos verdes no es un lujo, sino una necesidad vital. Imagínense, ¡son nuestra armadura contra el calor sofocante, las inundaciones torrenciales y la sequía implacable! Bajarlos la temperatura, absorber toda esa agua que cae del cielo y limpiar el aire que respiramos… ¡una maravilla!
Pero eso, claro, cuesta dinero. Ahí es donde tenemos que sacar las garras y aprender de nuestros hermanos latinoamericanos. En México, por ejemplo, han logrado transformar barrios enteros con programas que invierten en parques, canchas, centros comunitarios y arreglos en las casas, todo con la colaboración de la gente del lugar y apoyo del gobierno. ¡Qué chiva esa iniciativa!
Mientras tanto, en Chile, el programa DS19 ha puesto a funcionar subsidios y dinero privado para construir más de 150 mil viviendas bien hechas, cerca del trabajo, el transporte y los servicios esenciales. Eso demuestra que, con reglas claras y los incentivos adecuados, el sector privado puede echarle ganas y construir viviendas decentes para todos, evitando que la gente se asiente en lugares peligrosos.
Y luego está Uruguay, con su modelo FUCVAM, donde las familias se unen para construir sus propias casas, apoyándose mutuamente y recibiendo ayuda técnica y créditos especiales. ¡Eso sí es comunidad! El resultado va mucho más allá de cuatro paredes; es crear un sentido de pertenencia y fortalecer la capacidad de resistir cualquier adversidad. Un modelo así podría funcionar de maravilla en algunos cantones de Costa Rica donde hay terrenos disponibles pero falta financiamiento.
Aquí en Costa Rica, no nos quedamos atrás. Tenemos al CFIA trabajando en el primer Código de Adaptación al Cambio Climático del mundo, estableciendo normas técnicas obligatorias para edificios e infraestructuras. También hay iniciativas para financiar la gestión de riesgos de desastres y una taxonomía de finanzas sostenibles que busca atraer inversiones hacia proyectos más seguros y amigables con el medio ambiente. ¡Vamos avanzando, poquito a poco!
Sin embargo, me pregunto, ¿cómo encajamos todas estas ideas? ¿No estaremos duplicando esfuerzos o, peor aún, compitiendo entre nosotros? ¿Cómo aseguramos que se complementen y potencien sus resultados? Y, sobre todo, ¿cómo logramos que todo esto sea políticamente y económicamente viable? ¡Me da que este brete nos va a llevar años resolverlo, maes! ¿Cuál creen ustedes sería la medida más efectiva para garantizar que estos avances beneficien realmente a las familias costarricenses más necesitadas?
Un estudio del BID nos cayó como anillo al dedo, mostrándonos que el 42% de las viviendas aquí tienen grietas que dan escalofrío, y casi una cuarta parte están tan podridas que parece que van a volar por los aires con el próximo aguacero. Familias humildes, esos que siempre la llevan difícil, son los primeros en sufrir cuando llueve a cántaros, la tierra se desliza o hace tanto sol que te derrites. Una verdadera pena, chunches.
Y es que ahora, con el cambio climático pegándole duro al país, tener árboles, parques y senderos verdes no es un lujo, sino una necesidad vital. Imagínense, ¡son nuestra armadura contra el calor sofocante, las inundaciones torrenciales y la sequía implacable! Bajarlos la temperatura, absorber toda esa agua que cae del cielo y limpiar el aire que respiramos… ¡una maravilla!
Pero eso, claro, cuesta dinero. Ahí es donde tenemos que sacar las garras y aprender de nuestros hermanos latinoamericanos. En México, por ejemplo, han logrado transformar barrios enteros con programas que invierten en parques, canchas, centros comunitarios y arreglos en las casas, todo con la colaboración de la gente del lugar y apoyo del gobierno. ¡Qué chiva esa iniciativa!
Mientras tanto, en Chile, el programa DS19 ha puesto a funcionar subsidios y dinero privado para construir más de 150 mil viviendas bien hechas, cerca del trabajo, el transporte y los servicios esenciales. Eso demuestra que, con reglas claras y los incentivos adecuados, el sector privado puede echarle ganas y construir viviendas decentes para todos, evitando que la gente se asiente en lugares peligrosos.
Y luego está Uruguay, con su modelo FUCVAM, donde las familias se unen para construir sus propias casas, apoyándose mutuamente y recibiendo ayuda técnica y créditos especiales. ¡Eso sí es comunidad! El resultado va mucho más allá de cuatro paredes; es crear un sentido de pertenencia y fortalecer la capacidad de resistir cualquier adversidad. Un modelo así podría funcionar de maravilla en algunos cantones de Costa Rica donde hay terrenos disponibles pero falta financiamiento.
Aquí en Costa Rica, no nos quedamos atrás. Tenemos al CFIA trabajando en el primer Código de Adaptación al Cambio Climático del mundo, estableciendo normas técnicas obligatorias para edificios e infraestructuras. También hay iniciativas para financiar la gestión de riesgos de desastres y una taxonomía de finanzas sostenibles que busca atraer inversiones hacia proyectos más seguros y amigables con el medio ambiente. ¡Vamos avanzando, poquito a poco!
Sin embargo, me pregunto, ¿cómo encajamos todas estas ideas? ¿No estaremos duplicando esfuerzos o, peor aún, compitiendo entre nosotros? ¿Cómo aseguramos que se complementen y potencien sus resultados? Y, sobre todo, ¿cómo logramos que todo esto sea políticamente y económicamente viable? ¡Me da que este brete nos va a llevar años resolverlo, maes! ¿Cuál creen ustedes sería la medida más efectiva para garantizar que estos avances beneficien realmente a las familias costarricenses más necesitadas?
