¡Ay, Dios mío! El aguinaldo llegó con sabor a cartón para muchos docentes del país. Resulta que, tras esperar con ansias esos billetes para echarse unos tacos y comprar el chunche navideño, varios maestros y maestras que estuvieron incapacitados este año se encontraron con un susto tremendo: rebajos significativos que ni el remiendo del gobierno arreglan.
Parece que el Ministerio de Educación Pública (MEP), en su afán por ponerle parche a cosas que deberían estar bien hechas desde el principio, aplicó una directriz, la DVMA-DGTH-CIR-014-2024, con pies de plomo, basada en unas sentencias judiciales de años atrás. La intención era buena, diay, darle carácter salarial a los subsidios por enfermedad de la CCSS y el INS, así como al propio subsidio del MEP. Pero, como suele pasar, la ejecución salió torcida, y ahora los docentes están pagando la cuenta.
Lo que hicieron, según denuncian los afectados –que por miedo a que les hagan una jugarreta, prefieren mantener el anonimato– es considerar solamente el subsidio que paga el MEP, dejando afuera el aporte de la CCSS y del INS. ¡Imagínate!, una maestra que estuvo casi todo el año gestionando una pensión por invalidez, le faltaron más de ¢400 mil en el aguinaldo. Una verdadera torta, mándale fuego. Trató de pedirle explicación al MEP, pero hasta hoy, ¡ni rastro de respuesta!
El meollo del asunto radica en que la Procuraduría General de la República siempre ha sido clara: todos los subsidios por enfermedad tienen que ser considerados como salario base para calcular aguinaldo, préstamos, y demás beneficios laborales. El MEP, con esta interpretación a medias, incurrió en una boleta, dejando a miles de docentes en la estacada. ¡Qué pena ajena!
Y eso no es todo, porque la directriz también cambió cómo se descuentan los préstamos cuando alguien está incapacitado. Antes, los descuentos se posponían hasta que la persona volviera al brete. Ahora, el MEP empieza a descontar directamente del subsidio, afectando hasta seguros asociados a préstamos, como los de la Caja de ANDE. ¡Diay, qué sal! Ya ni la enfermedad se puede llevar tranquila.
Las autoridades del sindicato magisterial aseguran que la magnitud del problema es enorme. Aunque ya hay más de 200 docentes organizándose en un chat para compartir información y apoyarse mutuamente, se estima que la cifra real de afectados podría superar las 40 mil personas a nivel nacional. Y ojo, que según datos del propio MEP, para mayo de 2025 ya se habían reportado más de 54 mil incapacidades médicas. ¡Qué nivel de desorganización! Este país es un circo, mándale un coco.
Ante esta situación, los docentes afectados ya están preparando una serie de demandas laborales individuales. Según parece, los recursos de amparo no serían la vía correcta, ya que la Sala Constitucional solo conoce violaciones directas a derechos fundamentales. Como al menos sí les pagaron el aguinaldo, aunque de forma incorrecta, lo mejor sería ir por la ruta judicial ordinaria. Esperemos que la justicia actúe rápido, porque la paciencia de estos maestros ya está al límite. Ya sabemos que la burocracia puede tardar una eternidad, ¡qué carga!
Ahora dime, compa, ¿crees que el MEP va a corregir este error y compensar a los docentes afectados, o seguiremos viendo cómo la administración pública se toma las cosas con poca seriedad? ¿Debería el gobierno intervenir de lleno en esta maraña burocrática para evitar que más maestros sean víctimas de estas injusticias?
Parece que el Ministerio de Educación Pública (MEP), en su afán por ponerle parche a cosas que deberían estar bien hechas desde el principio, aplicó una directriz, la DVMA-DGTH-CIR-014-2024, con pies de plomo, basada en unas sentencias judiciales de años atrás. La intención era buena, diay, darle carácter salarial a los subsidios por enfermedad de la CCSS y el INS, así como al propio subsidio del MEP. Pero, como suele pasar, la ejecución salió torcida, y ahora los docentes están pagando la cuenta.
Lo que hicieron, según denuncian los afectados –que por miedo a que les hagan una jugarreta, prefieren mantener el anonimato– es considerar solamente el subsidio que paga el MEP, dejando afuera el aporte de la CCSS y del INS. ¡Imagínate!, una maestra que estuvo casi todo el año gestionando una pensión por invalidez, le faltaron más de ¢400 mil en el aguinaldo. Una verdadera torta, mándale fuego. Trató de pedirle explicación al MEP, pero hasta hoy, ¡ni rastro de respuesta!
El meollo del asunto radica en que la Procuraduría General de la República siempre ha sido clara: todos los subsidios por enfermedad tienen que ser considerados como salario base para calcular aguinaldo, préstamos, y demás beneficios laborales. El MEP, con esta interpretación a medias, incurrió en una boleta, dejando a miles de docentes en la estacada. ¡Qué pena ajena!
Y eso no es todo, porque la directriz también cambió cómo se descuentan los préstamos cuando alguien está incapacitado. Antes, los descuentos se posponían hasta que la persona volviera al brete. Ahora, el MEP empieza a descontar directamente del subsidio, afectando hasta seguros asociados a préstamos, como los de la Caja de ANDE. ¡Diay, qué sal! Ya ni la enfermedad se puede llevar tranquila.
Las autoridades del sindicato magisterial aseguran que la magnitud del problema es enorme. Aunque ya hay más de 200 docentes organizándose en un chat para compartir información y apoyarse mutuamente, se estima que la cifra real de afectados podría superar las 40 mil personas a nivel nacional. Y ojo, que según datos del propio MEP, para mayo de 2025 ya se habían reportado más de 54 mil incapacidades médicas. ¡Qué nivel de desorganización! Este país es un circo, mándale un coco.
Ante esta situación, los docentes afectados ya están preparando una serie de demandas laborales individuales. Según parece, los recursos de amparo no serían la vía correcta, ya que la Sala Constitucional solo conoce violaciones directas a derechos fundamentales. Como al menos sí les pagaron el aguinaldo, aunque de forma incorrecta, lo mejor sería ir por la ruta judicial ordinaria. Esperemos que la justicia actúe rápido, porque la paciencia de estos maestros ya está al límite. Ya sabemos que la burocracia puede tardar una eternidad, ¡qué carga!
Ahora dime, compa, ¿crees que el MEP va a corregir este error y compensar a los docentes afectados, o seguiremos viendo cómo la administración pública se toma las cosas con poca seriedad? ¿Debería el gobierno intervenir de lleno en esta maraña burocrática para evitar que más maestros sean víctimas de estas injusticias?
