Maes, a veces en la política tica hay varas que parecen sacadas de una serie de Netflix, y esta es una de esas. ¿Se acuerdan del caso Richter y todo ese enredo que se destapó a partir del caso Madre Patria? Bueno, agarrense porque la cosa se puso color de hormiga para el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Resulta que lo que era un rumor o una "simple mención" en un expediente judicial, ahora es oficial: su candidato número uno a diputado por Alajuela, Jorge Arturo Campos Araya, ya no es solo un investigado, ahora la Fiscalía lo tiene en la mira como imputado por cohecho y tráfico de influencias. ¡Qué torta!
Lo más increíble de todo este despiche no es solo la acusación en sí, que ya es gravísima, sino el contexto. La Fiscalía le confirmó a CRHoy por correo que Campos Araya figura como imputado desde hace varias semanas. Y aquí es donde uno se pregunta en qué estaban pensando en el PUSC. Sabiendo que su hombre fuerte en Alajuela estaba metido hasta el cuello en una investigación por nexos con una presunta red de lavado de dinero, van y lo eligen como primer lugar en la papeleta para las próximas elecciones. O sea, en lugar de ponerle un alto, le dieron la bendición y una curul casi asegurada. Con todo respeto, el partido se jaló una torta monumental con esa decisión, porque ahora el escándalo no solo mancha al candidato, sino que salpica a toda la estructura socialcristiana.
Para entender la gravedad del asunto, hay que ver los detalles que revela el expediente. La vara es que a Campos no lo investigan por cualquier cosa. Según el OIJ, él era el supuesto "enlace" o puente entre el empresario autobusero Jonathan Herrera (investigado por lavado de dinero y en prisión preventiva) y el diputado, también del PUSC, Leslye Bojorges. La investigación judicial es lapidaria y dice que hay "indicadores claros de ilegalidad en su modo de actuar". Y para ponerle la cereza al pastel, está el detalle de que Campos se refería a Bojorges como "Patrón" en las llamadas interceptadas. Diay, eso dice mucho de la dinámica de poder y la jerarquía que manejaban entre ellos.
Este enredo no es un caso aislado, es la punta de un iceberg que conecta con una supuesta organización criminal dedicada a fraudes y lavado de dinero. El caso Richter nació, precisamente, por las sospechas de que esta red estaba metiendo plata en la política, financiando campañas y comprando favores. Y no es solo Campos el que sale embarrado. La lista de implicados incluye a la alcaldesa de San Ramón (que ya muy convenientemente renunció al PUSC y ahora apoya al oficialismo), a la presidenta del AyA y hasta al viceministro de Transportes. Es un pantano que se extiende por varias instituciones y que demuestra, una vez más, cómo los tentáculos de la corrupción buscan apoderarse del poder político para su propio beneficio.
Por ahora, la Fiscalía confirma que Campos es imputado, pero todavía no lo han indagado ni le han decomisado el celular, a diferencia de Bojorges. El camino judicial es largo, pero la pregunta política es inmediata, sobre todo para los votantes de Alajuela. El PUSC les está pidiendo que voten por un candidato que está formalmente acusado de delitos de corrupción, basándose en la presunción de inocencia. Pero una cosa es la justicia penal y otra muy distinta es la responsabilidad política y la ética que se le debe exigir a alguien que aspira a redactar las leyes de este país.
Diay, maes, la pregunta que queda en el aire y que me gustaría dejar para el debate en el foro es: Más allá de lo que decida un juez, ¿es políticamente aceptable que un partido postule como su principal figura a alguien con una imputación tan seria a cuestas? ¿Hasta dónde llega la famosa "presunción de inocencia" en la política y dónde empieza la decencia y el respeto por el electorado? Los leo.
Lo más increíble de todo este despiche no es solo la acusación en sí, que ya es gravísima, sino el contexto. La Fiscalía le confirmó a CRHoy por correo que Campos Araya figura como imputado desde hace varias semanas. Y aquí es donde uno se pregunta en qué estaban pensando en el PUSC. Sabiendo que su hombre fuerte en Alajuela estaba metido hasta el cuello en una investigación por nexos con una presunta red de lavado de dinero, van y lo eligen como primer lugar en la papeleta para las próximas elecciones. O sea, en lugar de ponerle un alto, le dieron la bendición y una curul casi asegurada. Con todo respeto, el partido se jaló una torta monumental con esa decisión, porque ahora el escándalo no solo mancha al candidato, sino que salpica a toda la estructura socialcristiana.
Para entender la gravedad del asunto, hay que ver los detalles que revela el expediente. La vara es que a Campos no lo investigan por cualquier cosa. Según el OIJ, él era el supuesto "enlace" o puente entre el empresario autobusero Jonathan Herrera (investigado por lavado de dinero y en prisión preventiva) y el diputado, también del PUSC, Leslye Bojorges. La investigación judicial es lapidaria y dice que hay "indicadores claros de ilegalidad en su modo de actuar". Y para ponerle la cereza al pastel, está el detalle de que Campos se refería a Bojorges como "Patrón" en las llamadas interceptadas. Diay, eso dice mucho de la dinámica de poder y la jerarquía que manejaban entre ellos.
Este enredo no es un caso aislado, es la punta de un iceberg que conecta con una supuesta organización criminal dedicada a fraudes y lavado de dinero. El caso Richter nació, precisamente, por las sospechas de que esta red estaba metiendo plata en la política, financiando campañas y comprando favores. Y no es solo Campos el que sale embarrado. La lista de implicados incluye a la alcaldesa de San Ramón (que ya muy convenientemente renunció al PUSC y ahora apoya al oficialismo), a la presidenta del AyA y hasta al viceministro de Transportes. Es un pantano que se extiende por varias instituciones y que demuestra, una vez más, cómo los tentáculos de la corrupción buscan apoderarse del poder político para su propio beneficio.
Por ahora, la Fiscalía confirma que Campos es imputado, pero todavía no lo han indagado ni le han decomisado el celular, a diferencia de Bojorges. El camino judicial es largo, pero la pregunta política es inmediata, sobre todo para los votantes de Alajuela. El PUSC les está pidiendo que voten por un candidato que está formalmente acusado de delitos de corrupción, basándose en la presunción de inocencia. Pero una cosa es la justicia penal y otra muy distinta es la responsabilidad política y la ética que se le debe exigir a alguien que aspira a redactar las leyes de este país.
Diay, maes, la pregunta que queda en el aire y que me gustaría dejar para el debate en el foro es: Más allá de lo que decida un juez, ¿es políticamente aceptable que un partido postule como su principal figura a alguien con una imputación tan seria a cuestas? ¿Hasta dónde llega la famosa "presunción de inocencia" en la política y dónde empieza la decencia y el respeto por el electorado? Los leo.
