¡Dígame, mae! La Asamblea Legislativa sí que se mandó portazo este jueves. Aprueban por unanimidad una ley que va a hacer temblar a las organizaciones que andan jugando con la vida de los nenes y las personas con discapacidad. Ya no habrá más huecos ni pretexto para encubrir esos abusos terribles que nos duelen a todos como pueblo costarricense. Se acabó la novela.
El expediente 23.928, que lleva gestándose hace buen rato, ahora pretende darle unos buenos golpes de cerco a la impunidad. Vamos, que quieren asegurar que si alguna organización –sea cual sea– tapa un caso de abuso, va a recibir hasta el paquete. No van a poder esconderse detrás de tecnicismos ni cartas bonitas. El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, realmente se esforzó en llevar esto adelante, y parece que por fin dio frutos, ¡qué bueno!
Lo que hicieron básicamente es meterle mano al artículo 206 del Código Procesal Penal y agregarle un inciso al 106 del Código Penal. Suena complicado, ya lo sé, pero en cristiano significa que ahora las organizaciones tendrán una responsabilidad civil solidaria mucho más grande y un deber de denuncia bien claro. Si no cumplen, ¡chao pescao! Además, exigen que PANI y el MEP certifiquen que están cumpliendo con todos los protocolos antes de que puedan mandar un caso al archivo. Esto es pa’ que se tomen la cosa en serio, ¿me entiendes?
Y ojo, porque la ley también extiende los plazos de prescripción en estos casos. Antes, algunos abusadores se salvaban por estar los tiempos racanos, pero ahora eso es historia. Que sepan que la justicia tiene memoria, y que van a tener que rendir cuentas por sus fechorías. Pa’ nosotros, los ciudadanos, esto significa que tenemos más herramientas para exigir que se castigue a los culpables y proteger a nuestros niños y personas vulnerables.
Esta ley llega en un momento crucial, donde lamentablemente vemos casos de abuso salir a la luz con frecuencia alarmante. La sociedad exige respuestas contundentes, y este paso legislativo demuestra que, al menos en parte, los diputados han escuchado nuestras voces. La presión popular ha hecho efecto, ¡eso es lo que importa!
Claro, ahora la pelota pasa al Poder Ejecutivo, que tendrá que firmarla y publicarla para que entre en vigor. Esperemos que el Presidente López Bonilla no le haga modificaciones raras y la firme sin mayores rodeos. Porque si se pone quisquilloso, puede echar a perder todo este esfuerzo. Un fallo ahí sería una verdadera decepción, y la gente no se lo iba a tragar tan fácil. El país necesita señales claras de que estamos comprometidos con la protección de nuestra infancia.
Algunos expertos en derecho familiar ya comentaron que esta ley es un avance importante, pero que aún queda camino por recorrer. Dicen que hay que seguir trabajando en la sensibilización de la población y en la capacitación de los funcionarios encargados de investigar estos casos. También señalan que es fundamental fortalecer los mecanismos de denuncia y garantizar la protección de las víctimas, especialmente las niñas y niños que han sufrido abusos. Es un brete, pero poco a poco vamos avanzando.
En fin, una gran noticia para nuestro país, aunque todavía nos toca remar contracorriente para erradicar completamente esta lacra social. Pero este es un paso firme en la dirección correcta, un mensaje claro a los abusadores: ¡aquí no les vamos a regalar nada! Ahora, dime tú, ¿crees que esta ley será suficiente para cambiar la cultura de silencio que aún persiste en algunas instituciones y comunidades, o necesitamos medidas aún más drásticas para proteger a nuestros más pequeños?
El expediente 23.928, que lleva gestándose hace buen rato, ahora pretende darle unos buenos golpes de cerco a la impunidad. Vamos, que quieren asegurar que si alguna organización –sea cual sea– tapa un caso de abuso, va a recibir hasta el paquete. No van a poder esconderse detrás de tecnicismos ni cartas bonitas. El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, realmente se esforzó en llevar esto adelante, y parece que por fin dio frutos, ¡qué bueno!
Lo que hicieron básicamente es meterle mano al artículo 206 del Código Procesal Penal y agregarle un inciso al 106 del Código Penal. Suena complicado, ya lo sé, pero en cristiano significa que ahora las organizaciones tendrán una responsabilidad civil solidaria mucho más grande y un deber de denuncia bien claro. Si no cumplen, ¡chao pescao! Además, exigen que PANI y el MEP certifiquen que están cumpliendo con todos los protocolos antes de que puedan mandar un caso al archivo. Esto es pa’ que se tomen la cosa en serio, ¿me entiendes?
Y ojo, porque la ley también extiende los plazos de prescripción en estos casos. Antes, algunos abusadores se salvaban por estar los tiempos racanos, pero ahora eso es historia. Que sepan que la justicia tiene memoria, y que van a tener que rendir cuentas por sus fechorías. Pa’ nosotros, los ciudadanos, esto significa que tenemos más herramientas para exigir que se castigue a los culpables y proteger a nuestros niños y personas vulnerables.
Esta ley llega en un momento crucial, donde lamentablemente vemos casos de abuso salir a la luz con frecuencia alarmante. La sociedad exige respuestas contundentes, y este paso legislativo demuestra que, al menos en parte, los diputados han escuchado nuestras voces. La presión popular ha hecho efecto, ¡eso es lo que importa!
Claro, ahora la pelota pasa al Poder Ejecutivo, que tendrá que firmarla y publicarla para que entre en vigor. Esperemos que el Presidente López Bonilla no le haga modificaciones raras y la firme sin mayores rodeos. Porque si se pone quisquilloso, puede echar a perder todo este esfuerzo. Un fallo ahí sería una verdadera decepción, y la gente no se lo iba a tragar tan fácil. El país necesita señales claras de que estamos comprometidos con la protección de nuestra infancia.
Algunos expertos en derecho familiar ya comentaron que esta ley es un avance importante, pero que aún queda camino por recorrer. Dicen que hay que seguir trabajando en la sensibilización de la población y en la capacitación de los funcionarios encargados de investigar estos casos. También señalan que es fundamental fortalecer los mecanismos de denuncia y garantizar la protección de las víctimas, especialmente las niñas y niños que han sufrido abusos. Es un brete, pero poco a poco vamos avanzando.
En fin, una gran noticia para nuestro país, aunque todavía nos toca remar contracorriente para erradicar completamente esta lacra social. Pero este es un paso firme en la dirección correcta, un mensaje claro a los abusadores: ¡aquí no les vamos a regalar nada! Ahora, dime tú, ¿crees que esta ley será suficiente para cambiar la cultura de silencio que aún persiste en algunas instituciones y comunidades, o necesitamos medidas aún más drásticas para proteger a nuestros más pequeños?
