¡Ay, Dios mío! La Asamblea Legislativa está que arde, mi pana. Parece que el ambiente político está más tenso que un cable de alta tensión, y todo por esos dos proyectos de ley que el Presidente Chaves decidió vetar. Ahora toca ver si los diputados logran reponerlos y convertirnos en ley, o si esto se va al traste.
Estos proyectos, que llevan meses dando vueltas, son harina de otro costal. Uno busca mejorar las condiciones laborales de nuestros valientes agentes del OIJ, permitiéndoles jubilarse a los 55 años con un porcentaje considerable de su salario. El otro, mucho más técnico, plantea establecer plazos máximos para que el Poder Ejecutivo reglamente las leyes aprobadas por la Asamblea. Parece sencillo, ¿verdad? Pues vaya que no lo es…
La propuesta del OIJ, ideada originalmente por Dragos Donalescu y rescatada por la diputada liberacionista Alejandra Larios, ha generado un debate encendido. Básicamente, propone que estos oficiales, que ponen su pellejo en peligro diario, puedan acceder a una jubilación anticipada con un 82% del promedio de sus últimos 240 salarios. Pero ahí viene el problema: el Presidente Chaves argumenta que esto crearía una desigualdad con otras fuerzas policiales, como la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras. Dice que no es justo darles ese privilegio exclusivo, ¡y vaya bronca que se armó!
La diputada Larios, lejos de amilanarse, defiende la propuesta con uñas y dientes. Afirma que existe un estudio actuarial que garantiza que la medida no pondría en riesgo el sistema de pensiones del Poder Judicial. Ella espera, con toda la fe del mundo, conseguir los 38 votos necesarios para revertir el veto y que este proyecto siga avanzando. Aunque, sinceramente, la verdiblanca anda con poca fe, ni siquiera sabe si va a poder juntar los números. ¡Qué vara!
Por otro lado, tenemos la iniciativa que promueve la regulación obligatoria de las leyes por parte del Poder Ejecutivo. Propuesta por la diputada Daniela Rojas del PUSC, busca evitar que las leyes queden letra muerta por años, generando incertidumbre jurídica y afectando a los ciudadanos. La idea es simple: fijar un plazo máximo de seis meses para que el gobierno emita los reglamentos correspondientes. Si no lo hace, habrá sanciones para los funcionarios responsables. Imagínate, algunos reglamentos tardan hasta ¡dos o tres años! En hacerse efectivos... una eternidad.
Sin embargo, acá tampoco todo es color de rosa. El oficialismo, liderado por Pilar Cisneros, ha anunciado que votarán en contra de ambos resellos. Su argumento es que darle esa potestad al OIJ sería abrir la valla a otras instituciones, creando un precedente peligroso. Además, consideran que imponer plazos para regular leyes complejas, como la Ley de Empleo Público o la de Finanzas Públicas, es generar una presión innecesaria e incluso contraproducente. ¡Uy, qué pelea!
Y claro, la jefa del oficialismo no se andaba con rodeos al expresar su preocupación: “Si este proyecto sale adelante y quiebra el sistema de pensiones del Poder Judicial, quién va a pagar la cuenta al final? El pueblo costarricense.” Unas palabras fuertes, que reflejan la profunda división que existe en la Asamblea. El debate va más allá de estas leyes puntuales, mi pana; toca hablar de sostenibilidad fiscal y de prioridades nacionales. Esto es un brete, señores, un verdadero brete.
Con todo esto, me pregunto: ¿cree usted que el Presidente Chaves tiene razón al vetar estos proyectos, buscando proteger el erario nacional, o debería ceder ante la presión de los diputados y permitir que avancen, considerando las necesidades específicas de ciertos sectores de la población? ¡Déjenme sus opiniones en el foro, necesito saber qué piensa la masa!
Estos proyectos, que llevan meses dando vueltas, son harina de otro costal. Uno busca mejorar las condiciones laborales de nuestros valientes agentes del OIJ, permitiéndoles jubilarse a los 55 años con un porcentaje considerable de su salario. El otro, mucho más técnico, plantea establecer plazos máximos para que el Poder Ejecutivo reglamente las leyes aprobadas por la Asamblea. Parece sencillo, ¿verdad? Pues vaya que no lo es…
La propuesta del OIJ, ideada originalmente por Dragos Donalescu y rescatada por la diputada liberacionista Alejandra Larios, ha generado un debate encendido. Básicamente, propone que estos oficiales, que ponen su pellejo en peligro diario, puedan acceder a una jubilación anticipada con un 82% del promedio de sus últimos 240 salarios. Pero ahí viene el problema: el Presidente Chaves argumenta que esto crearía una desigualdad con otras fuerzas policiales, como la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras. Dice que no es justo darles ese privilegio exclusivo, ¡y vaya bronca que se armó!
La diputada Larios, lejos de amilanarse, defiende la propuesta con uñas y dientes. Afirma que existe un estudio actuarial que garantiza que la medida no pondría en riesgo el sistema de pensiones del Poder Judicial. Ella espera, con toda la fe del mundo, conseguir los 38 votos necesarios para revertir el veto y que este proyecto siga avanzando. Aunque, sinceramente, la verdiblanca anda con poca fe, ni siquiera sabe si va a poder juntar los números. ¡Qué vara!
Por otro lado, tenemos la iniciativa que promueve la regulación obligatoria de las leyes por parte del Poder Ejecutivo. Propuesta por la diputada Daniela Rojas del PUSC, busca evitar que las leyes queden letra muerta por años, generando incertidumbre jurídica y afectando a los ciudadanos. La idea es simple: fijar un plazo máximo de seis meses para que el gobierno emita los reglamentos correspondientes. Si no lo hace, habrá sanciones para los funcionarios responsables. Imagínate, algunos reglamentos tardan hasta ¡dos o tres años! En hacerse efectivos... una eternidad.
Sin embargo, acá tampoco todo es color de rosa. El oficialismo, liderado por Pilar Cisneros, ha anunciado que votarán en contra de ambos resellos. Su argumento es que darle esa potestad al OIJ sería abrir la valla a otras instituciones, creando un precedente peligroso. Además, consideran que imponer plazos para regular leyes complejas, como la Ley de Empleo Público o la de Finanzas Públicas, es generar una presión innecesaria e incluso contraproducente. ¡Uy, qué pelea!
Y claro, la jefa del oficialismo no se andaba con rodeos al expresar su preocupación: “Si este proyecto sale adelante y quiebra el sistema de pensiones del Poder Judicial, quién va a pagar la cuenta al final? El pueblo costarricense.” Unas palabras fuertes, que reflejan la profunda división que existe en la Asamblea. El debate va más allá de estas leyes puntuales, mi pana; toca hablar de sostenibilidad fiscal y de prioridades nacionales. Esto es un brete, señores, un verdadero brete.
Con todo esto, me pregunto: ¿cree usted que el Presidente Chaves tiene razón al vetar estos proyectos, buscando proteger el erario nacional, o debería ceder ante la presión de los diputados y permitir que avancen, considerando las necesidades específicas de ciertos sectores de la población? ¡Déjenme sus opiniones en el foro, necesito saber qué piensa la masa!
