¡Ay, Dios mío! La tragedia del juez Sergio Quesada ha sacudido hasta los cimientos del Poder Judicial. Un golpe duro, así nomás, que nos deja pensando qué pasa con nuestros funcionarios, esos que andan lidiando con casos difíciles día tras día. Se encontró sin vida en su casa, y esto, claro, puso todos los focos encima de un problema que llevamos tiempo arrastrando: la salud mental.
La Corte Plena, después de lo sucedido, tuvo que abordar el tema con toda la seriedad que merece. Ya no podían seguir haciendo caso omiso, porque la situación se había puesto bien fea. La magistrada Ingrid Hess, con toda la razón, dijo que no podemos bajar la guardia con este asunto. Que nos toca de manera sensible, como institución, y que hay que tomarlo con la debida responsabilidad.
Pero no solo Hess está preocupada. Patricia Vargas, de la Sala III, echó luz sobre las presiones externas e internas que agobian a los servidores judiciales. Dijo que las decisiones políticas y legislativas han complicado mucho su trabajo. Antes, pensaban en la jubilación temprana como una salida, pero ahora parece un sueño lejano. ¡Qué torta!, así se complicaron las cosas, ¿verdad?
Y ahí entra la idea de diseñar una estrategia para evitar que los funcionarios lleguen al límite. Que haya espacios de atención disponibles, que se sientan apoyados, que la institución reconozca esta realidad. Porque, díganle la verdad, hay gente angustiada que necesita ayuda. No pueden estar sufriendo en silencio y esperando lo peor.
Julia Varela, por su parte, hizo hincapié en cuidar de los compañeros del juez Quesada, conscientes de las repercusiones emocionales que seguramente están viviendo. Uno entiende, es una pérdida dura, y los traumas de estas situaciones dejan secuelas profundas. La dirección de Gestión Humana, al menos, ofrece apoyo a las familias afectadas, pero creo que hay margen para mejorar, ¿no creen?
El magistrado Luis Porfirio Sánchez tocó otro punto clave: la Política de Bienestar y Salud. Dice que hay que darle prioridad, que es un tema de alto riesgo para la institución. Una encuesta reciente mostró que el personal ni siquiera conoce esa política. “¡Qué despiche!”, exclamó Sánchez. “La ejecución no se está realizando como corresponde.” Parece que tenemos un producto maravilloso en papel, pero nadie se molesta en ponerlo en práctica. ¡Qué brete!
Sandra Zúñiga, siempre sincera, lanzó un mensaje directo: “Se piensa que las personas que administran justicia son casi como robots, no se enferman, no tienen necesidades de salud emocional y física, pero resulta que las cargas y las presiones sí impactan”. Y Gerardo Alfaro añadió que no estamos creando el ambiente adecuado para que los 14 mil empleados del Poder Judicial se sientan satisfechos en sus trabajos. ¡Por un cambio ya, chunches!
En fin, esta tragedia nos obliga a reflexionar sobre el bienestar de nuestros funcionarios judiciales. Necesitamos acciones concretas, no solo discursos bonitos. La pregunta es: ¿Cómo podemos construir un Poder Judicial más humano y comprensivo, donde la salud mental de sus trabajadores sea una prioridad absoluta y no un pendiente constante?
La Corte Plena, después de lo sucedido, tuvo que abordar el tema con toda la seriedad que merece. Ya no podían seguir haciendo caso omiso, porque la situación se había puesto bien fea. La magistrada Ingrid Hess, con toda la razón, dijo que no podemos bajar la guardia con este asunto. Que nos toca de manera sensible, como institución, y que hay que tomarlo con la debida responsabilidad.
Pero no solo Hess está preocupada. Patricia Vargas, de la Sala III, echó luz sobre las presiones externas e internas que agobian a los servidores judiciales. Dijo que las decisiones políticas y legislativas han complicado mucho su trabajo. Antes, pensaban en la jubilación temprana como una salida, pero ahora parece un sueño lejano. ¡Qué torta!, así se complicaron las cosas, ¿verdad?
Y ahí entra la idea de diseñar una estrategia para evitar que los funcionarios lleguen al límite. Que haya espacios de atención disponibles, que se sientan apoyados, que la institución reconozca esta realidad. Porque, díganle la verdad, hay gente angustiada que necesita ayuda. No pueden estar sufriendo en silencio y esperando lo peor.
Julia Varela, por su parte, hizo hincapié en cuidar de los compañeros del juez Quesada, conscientes de las repercusiones emocionales que seguramente están viviendo. Uno entiende, es una pérdida dura, y los traumas de estas situaciones dejan secuelas profundas. La dirección de Gestión Humana, al menos, ofrece apoyo a las familias afectadas, pero creo que hay margen para mejorar, ¿no creen?
El magistrado Luis Porfirio Sánchez tocó otro punto clave: la Política de Bienestar y Salud. Dice que hay que darle prioridad, que es un tema de alto riesgo para la institución. Una encuesta reciente mostró que el personal ni siquiera conoce esa política. “¡Qué despiche!”, exclamó Sánchez. “La ejecución no se está realizando como corresponde.” Parece que tenemos un producto maravilloso en papel, pero nadie se molesta en ponerlo en práctica. ¡Qué brete!
Sandra Zúñiga, siempre sincera, lanzó un mensaje directo: “Se piensa que las personas que administran justicia son casi como robots, no se enferman, no tienen necesidades de salud emocional y física, pero resulta que las cargas y las presiones sí impactan”. Y Gerardo Alfaro añadió que no estamos creando el ambiente adecuado para que los 14 mil empleados del Poder Judicial se sientan satisfechos en sus trabajos. ¡Por un cambio ya, chunches!
En fin, esta tragedia nos obliga a reflexionar sobre el bienestar de nuestros funcionarios judiciales. Necesitamos acciones concretas, no solo discursos bonitos. La pregunta es: ¿Cómo podemos construir un Poder Judicial más humano y comprensivo, donde la salud mental de sus trabajadores sea una prioridad absoluta y no un pendiente constante?
