¡Pero qué vaina, raza! El rollo del caso del director del OIJ, Randall Zúñiga, sigue dando tela de juicio y ahora la presidenta del INAMU, Yerling Zúñiga Cespedes, está metida en el brete. Parece que la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa no va a dejar pasar esto así nomás y ya aprobaron una movida para citarla a declarar.
Todo empezó porque salió a luz una historia que parece sacada de novela: una señora de Turrialba asegura que funcionarias del INAMU le ofrecieron estudios universitarios y hasta ayuda con la casita si firmaba una denuncia falsa contra el director del OIJ. ¡Imagínate la torta! Esto desencadenó una investigación por parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), que está analizando si hubo delitos contra los deberes de la función pública, ¡qué sal!
Y no solo eso, también van a tener que dar la cara Claudia Blanco, que aparentemente trabaja como abogada en el INAMU. Parece que la presidenta del INAMU, Yerling Zúñiga, ha estado esquivando las preguntas sobre estos rumores de dádivas. Hasta ahora, no ha dicho ni chirriándole a la situación, pero bueno, pues tendrá que hablar, porque el Congreso quiere saber qué pasó.
El Plenario Legislativo, buscando meterle mano a la cosa, aprobó una moción para respaldar al Poder Judicial en estas investigaciones. Pero, como siempre, la fracción de gobierno y los fabricantes dijeron que no. ¡Un clásico! Parece que este caso tiene más vueltas que un churrito en plena celebración.
Lo que más preocupa es que la FAPTA está investigando si esas funcionarias usaron su cargo público para presionar a la señora de Turrialba. Imagínate, ofrecerle estudio y vivienda a cambio de difamar a alguien... ¡Eso sí que es irse al traste! La denunciante, diay, contó que fueron las mismas Yerling Zúñiga y Claudia Blanco las que llegaron a su casa con la denuncia ya hecha. Según ella, las cosas no cuadraban con lo que estaba escrito, así que se negó a firmar.
Esta señora afirma que le ofrecieron toda clase de facilidades, pero que incluso después de pedirles discreción, la información llegó a salir en un reportaje en televisión. Eso, claro, la puso aún más nerviosa. Además, el fiscal general, Carlo Díaz, aunque prefiere andar con pies de plomo, confirmó que están investigando para ver si realmente hubo alguna influencia indebida por parte de funcionarios públicos. Dice que todavía no han identificado a nadie en concreto, pero que están juntando pruebas poco a poco.
En fin, el asunto pinta complicado y nos deja pensando: ¿hasta dónde llega la corrupción en nuestro país? Todos sabemos que hay cosas raras pasando por todas partes, pero que vean esto… ¡qué nivel! El caso del OIJ, sumado a otros tantos escándalos recientes, dan que pensar. Este es otro brete que nos toca enfrentar como sociedad, y esperamos que las autoridades hagan bien su trabajo y limpien la barnizada.
Ahora les pregunto, maes: ¿creen que esta vez sí vamos a ver justicia en este caso, o será otro episodio más de impunidad en Costa Rica?
Todo empezó porque salió a luz una historia que parece sacada de novela: una señora de Turrialba asegura que funcionarias del INAMU le ofrecieron estudios universitarios y hasta ayuda con la casita si firmaba una denuncia falsa contra el director del OIJ. ¡Imagínate la torta! Esto desencadenó una investigación por parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), que está analizando si hubo delitos contra los deberes de la función pública, ¡qué sal!
Y no solo eso, también van a tener que dar la cara Claudia Blanco, que aparentemente trabaja como abogada en el INAMU. Parece que la presidenta del INAMU, Yerling Zúñiga, ha estado esquivando las preguntas sobre estos rumores de dádivas. Hasta ahora, no ha dicho ni chirriándole a la situación, pero bueno, pues tendrá que hablar, porque el Congreso quiere saber qué pasó.
El Plenario Legislativo, buscando meterle mano a la cosa, aprobó una moción para respaldar al Poder Judicial en estas investigaciones. Pero, como siempre, la fracción de gobierno y los fabricantes dijeron que no. ¡Un clásico! Parece que este caso tiene más vueltas que un churrito en plena celebración.
Lo que más preocupa es que la FAPTA está investigando si esas funcionarias usaron su cargo público para presionar a la señora de Turrialba. Imagínate, ofrecerle estudio y vivienda a cambio de difamar a alguien... ¡Eso sí que es irse al traste! La denunciante, diay, contó que fueron las mismas Yerling Zúñiga y Claudia Blanco las que llegaron a su casa con la denuncia ya hecha. Según ella, las cosas no cuadraban con lo que estaba escrito, así que se negó a firmar.
Esta señora afirma que le ofrecieron toda clase de facilidades, pero que incluso después de pedirles discreción, la información llegó a salir en un reportaje en televisión. Eso, claro, la puso aún más nerviosa. Además, el fiscal general, Carlo Díaz, aunque prefiere andar con pies de plomo, confirmó que están investigando para ver si realmente hubo alguna influencia indebida por parte de funcionarios públicos. Dice que todavía no han identificado a nadie en concreto, pero que están juntando pruebas poco a poco.
En fin, el asunto pinta complicado y nos deja pensando: ¿hasta dónde llega la corrupción en nuestro país? Todos sabemos que hay cosas raras pasando por todas partes, pero que vean esto… ¡qué nivel! El caso del OIJ, sumado a otros tantos escándalos recientes, dan que pensar. Este es otro brete que nos toca enfrentar como sociedad, y esperamos que las autoridades hagan bien su trabajo y limpien la barnizada.
Ahora les pregunto, maes: ¿creen que esta vez sí vamos a ver justicia en este caso, o será otro episodio más de impunidad en Costa Rica?
