¡Madre mía, qué lío nos cayó encima! Aquí en Costa Rica, cuando creíamos que ya habíamos visto de todo, aparece esto: Randall Zúñiga, el jeffe del OIJ, metido hasta el cuello en unos problemas serios. La Corte Suprema de Justicia anda chambeando a toda máquina analizando el caso, y la verdad, el ambiente está más tenso que una cuerda de guitarra.
Todo empezó el lunes pasado, cuando empezaron a volar rumores como pop corn sobre unas movidas turbias que involucraban al director del OIJ. Al principio, nadie le daba mucha bola, pensando que eran puras habladurías, pero la Fiscalía, poco a poco, fue confirmando que sí había denuncias llegando a sus oficinas. Ahora estamos hablando de tres casos bien gordos, y eso, pa’ muchos, es bastante salado.
Hablamos de tres expedientes que tienen a todos los cabezones raspándose la cabeza. Primero, un caso presentado en Corredores que apunta a una supuesta violación; luego, otro en Cartago con acusaciones graves de violencia y transmisión de enfermedades venereas; y finalmente, uno en Goicoechea con cargos aún más fuertes, incluyendo conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad. ¡Imagínate el hueco que puede dejar todo esto!
Lo que más ha dado de qué hablar es el caso de Corredores. Según el Ministerio Público, la denuncia llegó el viernes pasado, relatando hechos que ocurrieron allá por enero del año anterior. Por lo que tengo entendido, la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta está llevando el caso, con el respaldo de la Fiscalía de Género y la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ. Un brete tener que lidiar con estas cosas, máxime cuando se trata del líder de la organización encargada de investigar estos delitos.
Zúñiga, por supuesto, no se ha quedado calladito. Ha salido a negar todo, jurando y perjurando que va a limpiar su nombre y defenderse como sea. Pero ahora ha elevado el tono, acusando a alguien de estar detrás de todo esto con fines políticos. ¡Un clásico! Siempre buscando excusas, ¿verdad, mae?
Pero eso no es todo. Además de las denuncias externas, dentro del Poder Judicial también se está haciendo una investigación interna. Nadie quiere quedar manchado con este escándalo, y los altos mandos del Poder Judicial están jugando todas sus cartas para ver qué tan profundo llega la telaraña. Este brete político y judicial promete echarle salsa a la vida nacional durante semanas. Definitivamente, no es la onda tener estos temas así, especialmente porque afecta la confianza de la gente en las instituciones.
Y es que, vamos a ser honestos, la confianza en el OIJ ya no es precisamente alta. Muchos ticos vemos cómo la corrupción se mete en todos lados, y esto no hace más que confirmar nuestros peores temores. Esperemos que la Corte Suprema haga un trabajo transparente y rápido, porque la imagen de Costa Rica está en juego. La verdad, uno se siente un poco decepcionado cuando ocurren estas cosas, porque sabemos que tenemos gente trabajadora y honesta en el país, y estas acciones opacan esos esfuerzos.
Ahora, cuéntame, ¿crees que las acusaciones contra Randall Zúñiga son una campaña política orquestada para desprestigiarlo, o realmente existe evidencia suficiente para sostener las denuncias? ¿Y cuál debería ser la reacción del Poder Judicial ante esta situación delicada, considerando el impacto que podría tener en la credibilidad del OIJ y en la confianza ciudadana?
Todo empezó el lunes pasado, cuando empezaron a volar rumores como pop corn sobre unas movidas turbias que involucraban al director del OIJ. Al principio, nadie le daba mucha bola, pensando que eran puras habladurías, pero la Fiscalía, poco a poco, fue confirmando que sí había denuncias llegando a sus oficinas. Ahora estamos hablando de tres casos bien gordos, y eso, pa’ muchos, es bastante salado.
Hablamos de tres expedientes que tienen a todos los cabezones raspándose la cabeza. Primero, un caso presentado en Corredores que apunta a una supuesta violación; luego, otro en Cartago con acusaciones graves de violencia y transmisión de enfermedades venereas; y finalmente, uno en Goicoechea con cargos aún más fuertes, incluyendo conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad. ¡Imagínate el hueco que puede dejar todo esto!
Lo que más ha dado de qué hablar es el caso de Corredores. Según el Ministerio Público, la denuncia llegó el viernes pasado, relatando hechos que ocurrieron allá por enero del año anterior. Por lo que tengo entendido, la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta está llevando el caso, con el respaldo de la Fiscalía de Género y la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ. Un brete tener que lidiar con estas cosas, máxime cuando se trata del líder de la organización encargada de investigar estos delitos.
Zúñiga, por supuesto, no se ha quedado calladito. Ha salido a negar todo, jurando y perjurando que va a limpiar su nombre y defenderse como sea. Pero ahora ha elevado el tono, acusando a alguien de estar detrás de todo esto con fines políticos. ¡Un clásico! Siempre buscando excusas, ¿verdad, mae?
Pero eso no es todo. Además de las denuncias externas, dentro del Poder Judicial también se está haciendo una investigación interna. Nadie quiere quedar manchado con este escándalo, y los altos mandos del Poder Judicial están jugando todas sus cartas para ver qué tan profundo llega la telaraña. Este brete político y judicial promete echarle salsa a la vida nacional durante semanas. Definitivamente, no es la onda tener estos temas así, especialmente porque afecta la confianza de la gente en las instituciones.
Y es que, vamos a ser honestos, la confianza en el OIJ ya no es precisamente alta. Muchos ticos vemos cómo la corrupción se mete en todos lados, y esto no hace más que confirmar nuestros peores temores. Esperemos que la Corte Suprema haga un trabajo transparente y rápido, porque la imagen de Costa Rica está en juego. La verdad, uno se siente un poco decepcionado cuando ocurren estas cosas, porque sabemos que tenemos gente trabajadora y honesta en el país, y estas acciones opacan esos esfuerzos.
Ahora, cuéntame, ¿crees que las acusaciones contra Randall Zúñiga son una campaña política orquestada para desprestigiarlo, o realmente existe evidencia suficiente para sostener las denuncias? ¿Y cuál debería ser la reacción del Poder Judicial ante esta situación delicada, considerando el impacto que podría tener en la credibilidad del OIJ y en la confianza ciudadana?
