¡Aguafiestas! Resulta que el AyA, con toda su maquinaria, le tuvo que hacer caso a la Sala Constitucional. Sí, sí, esa sala que a veces parece que no les hacen caso, pero ahí andaba, firme, declarando con razón mi recurso de amparo. Pues mira, yo, que soy periodista y me gusta estar al día de lo que pasa en el país, estaba buscando información sobre la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Viejo de Talamanca, y el AyA, pa' evitarme la vida, se hacía el loco y no quería pasarme los documentos.
Esta megaobra, que lleva casi 10 años en proceso – ¡diez años, chunches! –, ha costado cerca de $19 millones y todavía no está lista. Parece película de terror, ¿verdad? Unops, la oficina de las Naciones Unidas, ha estado encargada de esto, y la verdad es que la historia está llena de rodeos y promesas incumplidas. Yo quería saber qué había pasado con el dinero, cómo iba el proyecto, qué contratos se habían hecho... cosas normales, diay, para poder informar a la gente.
Le pedí al AyA todos los informes de ejecución y los documentos finales, pero ellos se hacían los sordos. Me mandaban de un lado para otro, diciendo que era Unops quien tenía la información. ¡Qué bronca! Parecía que se estaban tirando la pelota para evitar dar la cara. Así que, después de varios intentos fallidos, decidí presentar un recurso de amparo, porque creo que la gente tiene derecho a saber cómo se gasta su plata y qué pasa con proyectos tan importantes.
Y ahí fue donde entró la Sala Constitucional. Con una resolución seca y directa, ordenó al AyA que me pasara todos los informes que tanto querían esconder. La sentencia dice textualmente que tienen ocho días, ¡ocho días!, para cumplir con lo que pide la ley. ¿Se van a tardar más, eh? Ya veremos qué onda ahora. Lo importante es que la Sala entendió que la transparencia es fundamental para fortalecer la democracia y permitir que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho a la información.
Pero ojo, que la cosa no termina ahí. Porque, aunque el AyA finalmente tenga que pasar los informes, todavía quedan muchas preguntas en el aire. ¿Por qué se demoró tanto la obra? ¿Por qué costó tanto? ¿Qué pasó con los contratos con las empresas constructoras? ¿Por qué Unops no quiere decirnos nada? Todo eso necesitamos saberlo, y más allá de pasar los documentos, espero que el AyA empiece a ser más transparente y a colaborar con nosotros, los periodistas, para que podamos hacer nuestro trabajo correctamente.
Y hablando de transparencia, resulta que ni siquiera Rodrigo Chaves ni Juan Manuel Quesada se quedaron atrás en esta telenovela. Los captaron en una foto sosteniendo un cintillo durante la supuesta inauguración de la planta en noviembre del 2024. ¡Otra jugada publicitaria más! Al final, todo este esfuerzo se ha ido por la ventana, y la comunidad de Puerto Viejo sigue esperando por una solución a sus problemas de aguas residuales. Una verdadera pena, porque se han invertido millones de colones y no hay resultados.
Ahora, gracias a la decisión de la Sala Constitucional, tendremos acceso a los informes de la empresa Diccoc, que realizaron algunas inspecciones puntuales en la obra. Aunque faltan los informes de Unops, lo que realmente importa es que la puerta se abrió para que podamos conocer la verdad detrás de este proyecto. He revisado cuidadosamente los informes que nos enviaron y aunque dan una idea del progreso, la ausencia de los reportes de Unops dificulta tener una visión completa de la situación. Esto refuerza la necesidad de exigir a las autoridades que cumplan con la sentencia y entreguen toda la información solicitada. ¡Que no se anden con juegos!
Después de todo este rollo, tengo que preguntarte: ¿Crees que este tipo de decisiones judiciales son fundamentales para combatir la corrupción y promover la transparencia en Costa Rica? ¿Debería haber sanciones más severas para funcionarios públicos que se niegan a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública?
Esta megaobra, que lleva casi 10 años en proceso – ¡diez años, chunches! –, ha costado cerca de $19 millones y todavía no está lista. Parece película de terror, ¿verdad? Unops, la oficina de las Naciones Unidas, ha estado encargada de esto, y la verdad es que la historia está llena de rodeos y promesas incumplidas. Yo quería saber qué había pasado con el dinero, cómo iba el proyecto, qué contratos se habían hecho... cosas normales, diay, para poder informar a la gente.
Le pedí al AyA todos los informes de ejecución y los documentos finales, pero ellos se hacían los sordos. Me mandaban de un lado para otro, diciendo que era Unops quien tenía la información. ¡Qué bronca! Parecía que se estaban tirando la pelota para evitar dar la cara. Así que, después de varios intentos fallidos, decidí presentar un recurso de amparo, porque creo que la gente tiene derecho a saber cómo se gasta su plata y qué pasa con proyectos tan importantes.
Y ahí fue donde entró la Sala Constitucional. Con una resolución seca y directa, ordenó al AyA que me pasara todos los informes que tanto querían esconder. La sentencia dice textualmente que tienen ocho días, ¡ocho días!, para cumplir con lo que pide la ley. ¿Se van a tardar más, eh? Ya veremos qué onda ahora. Lo importante es que la Sala entendió que la transparencia es fundamental para fortalecer la democracia y permitir que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho a la información.
Pero ojo, que la cosa no termina ahí. Porque, aunque el AyA finalmente tenga que pasar los informes, todavía quedan muchas preguntas en el aire. ¿Por qué se demoró tanto la obra? ¿Por qué costó tanto? ¿Qué pasó con los contratos con las empresas constructoras? ¿Por qué Unops no quiere decirnos nada? Todo eso necesitamos saberlo, y más allá de pasar los documentos, espero que el AyA empiece a ser más transparente y a colaborar con nosotros, los periodistas, para que podamos hacer nuestro trabajo correctamente.
Y hablando de transparencia, resulta que ni siquiera Rodrigo Chaves ni Juan Manuel Quesada se quedaron atrás en esta telenovela. Los captaron en una foto sosteniendo un cintillo durante la supuesta inauguración de la planta en noviembre del 2024. ¡Otra jugada publicitaria más! Al final, todo este esfuerzo se ha ido por la ventana, y la comunidad de Puerto Viejo sigue esperando por una solución a sus problemas de aguas residuales. Una verdadera pena, porque se han invertido millones de colones y no hay resultados.
Ahora, gracias a la decisión de la Sala Constitucional, tendremos acceso a los informes de la empresa Diccoc, que realizaron algunas inspecciones puntuales en la obra. Aunque faltan los informes de Unops, lo que realmente importa es que la puerta se abrió para que podamos conocer la verdad detrás de este proyecto. He revisado cuidadosamente los informes que nos enviaron y aunque dan una idea del progreso, la ausencia de los reportes de Unops dificulta tener una visión completa de la situación. Esto refuerza la necesidad de exigir a las autoridades que cumplan con la sentencia y entreguen toda la información solicitada. ¡Que no se anden con juegos!
Después de todo este rollo, tengo que preguntarte: ¿Crees que este tipo de decisiones judiciales son fundamentales para combatir la corrupción y promover la transparencia en Costa Rica? ¿Debería haber sanciones más severas para funcionarios públicos que se niegan a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública?
