¡Qué despache el que nos están dando! Resulta que el AyA, con toda la intención, empezó a cobrarle a la gente de Puerto Viejo por la planta de tratamiento de aguas residuales antes de que estuviera ni remotamente lista. Joanna Rose, empresaria de allá mismo, no se anda con rodeos: dice que la planta tiene más defectillos que arepa con queso, y que andar por ahí diciendo que todo está listo es pura mentira.
Y no es novedad que este proyecto lleva más tiempo que telenovela turca. Desde hace casi diez años que se habla de mejorar el sistema de saneamiento en Puerto Viejo, invirtiendo casi 19 millones de colones en esto. Hubo dos inauguraciones falsas, como diríamos nosotros, con el mismísimo Presidente Rodrigo Chaves presidiendo uno de esos actos que parecían sacados de un sueño. Pero la realidad es que la obra sigue inconclusa, con trabajos pendientes y sin el visto bueno del Ministerio de Salud, ni siquiera del personal de Naciones Unidas encargado de supervisar el brete.
Lo más curioso es que, aparentemente, nadie se dio cuenta de que se estaban saltando varios pasos críticos. Ni siquiera publicaron las tarifas en La Gaceta, como manda la ley. ¿Se imaginan? Cobrando a la gente sin estar legalmente autorizados. La Aresep, que es la que vela por estos temas, ya levantó la ceja, cuestionando seriamente todo el proceso. Parece que hubo una planificación limitada, como diría el Intendente de Agua de la Aresep, José Andrés Meza.
Y hablando de normativas, el reglamento para permisos sanitarios es clarito: las plantas de tratamiento de aguas residuales necesitan un Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) para poder operar. Es como pedirle permiso al Ministerio de Salud antes de empezar a echar a funcionar cualquier cosa que pueda afectar la salud pública. Ese trámite, claro está, nunca se hizo. Además, también debieron seguir el Reglamento de aprobación y recepción de sistemas de saneamiento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. ¡Todo un lío!
Según la Aresep, el AyA no solamente violó el reglamento de permisos sanitarios, sino que también se saltó la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Esta ley es bastante clara: las tarifas deben basarse en el “principio de servicio al costo,” es decir, solo cubrir los gastos necesarios para prestar el servicio. Y para que esas tarifas sean válidas, la Aresep tiene que fijarlas y publicarlas en La Gaceta o mediante una resolución. Algo que, sorpresivamente, no ocurrió en Puerto Viejo.
El problema es que esto no afecta solamente el bolsillo de los ciudadanos, sino también la credibilidad de las instituciones públicas. ¿Cómo vamos a confiar en que van a hacer bien su trabajo si empiezan a cobrar antes de tener todo en orden? Parece que les importó más la foto con el Presidente que asegurarse de que la planta estuviera funcionando correctamente. No vaya a ser que ahora tengan que irse al traste tratando de arreglar el desmadre.
Desde el AyA, intentan justificar lo injustificable, argumentando que empezaron a cobrar para “incentivar” a la gente a conectarse a la planta. Como si el pobre usuario fuera tonto y creyera que pagar por un servicio incompleto lo iba a convencer de hacerlo. Digamos que la excusa suena más a una maniobra para encubrir sus propios errores. Dicen que estarán tramitando el permiso de funcionamiento en octubre, pero con la historia que tenemos, uno ya no sabe qué creer.
En fin, parece que el caso de la planta de tratamiento de Puerto Viejo es otro ejemplo de cómo la burocracia y la falta de planificación pueden arruinar proyectos importantes. ¿Ustedes creen que el AyA debería devolver el dinero que cobró a los usuarios antes de que la planta esté completamente funcional y tenga todos los permisos en regla? ¿O deberían esperar a que se les venga encima la cascada de denuncias?
Y no es novedad que este proyecto lleva más tiempo que telenovela turca. Desde hace casi diez años que se habla de mejorar el sistema de saneamiento en Puerto Viejo, invirtiendo casi 19 millones de colones en esto. Hubo dos inauguraciones falsas, como diríamos nosotros, con el mismísimo Presidente Rodrigo Chaves presidiendo uno de esos actos que parecían sacados de un sueño. Pero la realidad es que la obra sigue inconclusa, con trabajos pendientes y sin el visto bueno del Ministerio de Salud, ni siquiera del personal de Naciones Unidas encargado de supervisar el brete.
Lo más curioso es que, aparentemente, nadie se dio cuenta de que se estaban saltando varios pasos críticos. Ni siquiera publicaron las tarifas en La Gaceta, como manda la ley. ¿Se imaginan? Cobrando a la gente sin estar legalmente autorizados. La Aresep, que es la que vela por estos temas, ya levantó la ceja, cuestionando seriamente todo el proceso. Parece que hubo una planificación limitada, como diría el Intendente de Agua de la Aresep, José Andrés Meza.
Y hablando de normativas, el reglamento para permisos sanitarios es clarito: las plantas de tratamiento de aguas residuales necesitan un Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) para poder operar. Es como pedirle permiso al Ministerio de Salud antes de empezar a echar a funcionar cualquier cosa que pueda afectar la salud pública. Ese trámite, claro está, nunca se hizo. Además, también debieron seguir el Reglamento de aprobación y recepción de sistemas de saneamiento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. ¡Todo un lío!
Según la Aresep, el AyA no solamente violó el reglamento de permisos sanitarios, sino que también se saltó la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Esta ley es bastante clara: las tarifas deben basarse en el “principio de servicio al costo,” es decir, solo cubrir los gastos necesarios para prestar el servicio. Y para que esas tarifas sean válidas, la Aresep tiene que fijarlas y publicarlas en La Gaceta o mediante una resolución. Algo que, sorpresivamente, no ocurrió en Puerto Viejo.
El problema es que esto no afecta solamente el bolsillo de los ciudadanos, sino también la credibilidad de las instituciones públicas. ¿Cómo vamos a confiar en que van a hacer bien su trabajo si empiezan a cobrar antes de tener todo en orden? Parece que les importó más la foto con el Presidente que asegurarse de que la planta estuviera funcionando correctamente. No vaya a ser que ahora tengan que irse al traste tratando de arreglar el desmadre.
Desde el AyA, intentan justificar lo injustificable, argumentando que empezaron a cobrar para “incentivar” a la gente a conectarse a la planta. Como si el pobre usuario fuera tonto y creyera que pagar por un servicio incompleto lo iba a convencer de hacerlo. Digamos que la excusa suena más a una maniobra para encubrir sus propios errores. Dicen que estarán tramitando el permiso de funcionamiento en octubre, pero con la historia que tenemos, uno ya no sabe qué creer.
En fin, parece que el caso de la planta de tratamiento de Puerto Viejo es otro ejemplo de cómo la burocracia y la falta de planificación pueden arruinar proyectos importantes. ¿Ustedes creen que el AyA debería devolver el dinero que cobró a los usuarios antes de que la planta esté completamente funcional y tenga todos los permisos en regla? ¿O deberían esperar a que se les venga encima la cascada de denuncias?
