¡Ay, Dios mío! Parece que ahora hasta los bienes de los que nos mandaron pa’l extranjero para enfrentar cargos van a servir pa’ combatir el problema del narcotráfico acá en casa. No sé yo si esto va a solucionar algo o si vamos a estar dando tumbos buscando dónde meter estos activos decomisados… Pero bueno, ahí va la nota.
El Frente Amplio le metió turbo a la Asamblea con un proyecto de ley que propone usar los bienes que les confiscan a los extraditados que ya tienen sentencia firme en otros países. Básicamente, si te sacan de Costa Rica porque andabas haciendo cosas turbias allá afuera y luego te declaran culpable, ¡aguántate!, porque todo lo tuyo acá adentro puede pasar al poder del Estado. El expediente, número 25.310, busca reformar la ley de extradición y darle al país la potestad de decomisar esos bienes preventivamente, mientras se resuelve cualquier papeleo legal.
La idea es que este dinero y estas propiedades, que seguramente son producto de negocios bien oscuros, sirvan para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Un jueza o juez podría ordenar el comiso sin tener que abrir otro juicio; basta con que exista una conexión directa entre el delito y el activo. O sea, que no sea cualquier cosa, tiene que haber relación con lo que le hicieron fuera. Si el tipo sale libre, por supuesto, le devuelven todo al toque, para evitar broncas.
Vamos a ser honestos, esto suena chiverísimo en teoría. Imaginen todos esos yates, mansiones y cuentas bancarias que se van directo a financiar programas sociales o equipamiento policial. Pero claro, aquí hay maás que mirar. Uno se queda pensando... ¿Cómo van a rastrear todos esos bienes? ¿Van a contratar detectives privados pa’ encontrarle hasta el chunche al narco? Porque sino, el proyecto se cae a pedazos, diay. Y encima, ¿quién vigila que el dinero no termine desviándose?
La diputada Priscilla Vindas, quien presenta el proyecto, asegura que se establecerán mecanismos de control estrictos para garantizar la transparencia en el uso de estos fondos. Dice que se creará una unidad especializada dentro del Ministerio de Hacienda encargada de administrar los activos y supervisar cómo se invierten. Suena lindo, pero sabemos cómo funcionan algunas cosas por acá… Es fácil prometer, lo difícil es cumplir. Siempre aparece algún oportunista tratando de echarse unas macanas encima.
Expertos en derecho penal señalan que el proyecto tiene puntos interesantes, especialmente porque permite agilizar el proceso de decomiso de bienes. Normalmente, eso implica largas batallas legales, apelaciones y demoras que frustran los esfuerzos del Estado. Esta ley, dicen, podría recortar significativamente esos tiempos. Lo que preocupa es cómo se manejarán casos complejos, donde la propiedad de los bienes no es tan clara. Ahí pueden surgir problemas gordos.
Y ni hablar de los abogados de estos sujetos. Seguro ya están preparando estrategias pa’ meterle mano al proyecto y buscar resquicios legales pa' salvarle los bienes a sus clientes. Ya saben cómo son, siempre buscando alguna laguna jurídica pa' que sus clientes ricos eviten pagar por sus fechorías. Esto va a ser un brete legal, seguro. Se avecinan debates acalorados en la Asamblea y probablemente también en la Sala Cuarta.
En fin, el proyecto está en camino a las comisiones legislativas. ¿Será una herramienta efectiva para combatir el narcotráfico o simplemente otra ley llena de letra muerta que terminará en nada? ¡Me pregunto, qué piensan ustedes, compas? ¿Les parece buena idea usar los bienes de los extraditados para atacar al narco, o creen que esto abre la puerta a abusos y corrupción?
El Frente Amplio le metió turbo a la Asamblea con un proyecto de ley que propone usar los bienes que les confiscan a los extraditados que ya tienen sentencia firme en otros países. Básicamente, si te sacan de Costa Rica porque andabas haciendo cosas turbias allá afuera y luego te declaran culpable, ¡aguántate!, porque todo lo tuyo acá adentro puede pasar al poder del Estado. El expediente, número 25.310, busca reformar la ley de extradición y darle al país la potestad de decomisar esos bienes preventivamente, mientras se resuelve cualquier papeleo legal.
La idea es que este dinero y estas propiedades, que seguramente son producto de negocios bien oscuros, sirvan para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Un jueza o juez podría ordenar el comiso sin tener que abrir otro juicio; basta con que exista una conexión directa entre el delito y el activo. O sea, que no sea cualquier cosa, tiene que haber relación con lo que le hicieron fuera. Si el tipo sale libre, por supuesto, le devuelven todo al toque, para evitar broncas.
Vamos a ser honestos, esto suena chiverísimo en teoría. Imaginen todos esos yates, mansiones y cuentas bancarias que se van directo a financiar programas sociales o equipamiento policial. Pero claro, aquí hay maás que mirar. Uno se queda pensando... ¿Cómo van a rastrear todos esos bienes? ¿Van a contratar detectives privados pa’ encontrarle hasta el chunche al narco? Porque sino, el proyecto se cae a pedazos, diay. Y encima, ¿quién vigila que el dinero no termine desviándose?
La diputada Priscilla Vindas, quien presenta el proyecto, asegura que se establecerán mecanismos de control estrictos para garantizar la transparencia en el uso de estos fondos. Dice que se creará una unidad especializada dentro del Ministerio de Hacienda encargada de administrar los activos y supervisar cómo se invierten. Suena lindo, pero sabemos cómo funcionan algunas cosas por acá… Es fácil prometer, lo difícil es cumplir. Siempre aparece algún oportunista tratando de echarse unas macanas encima.
Expertos en derecho penal señalan que el proyecto tiene puntos interesantes, especialmente porque permite agilizar el proceso de decomiso de bienes. Normalmente, eso implica largas batallas legales, apelaciones y demoras que frustran los esfuerzos del Estado. Esta ley, dicen, podría recortar significativamente esos tiempos. Lo que preocupa es cómo se manejarán casos complejos, donde la propiedad de los bienes no es tan clara. Ahí pueden surgir problemas gordos.
Y ni hablar de los abogados de estos sujetos. Seguro ya están preparando estrategias pa’ meterle mano al proyecto y buscar resquicios legales pa' salvarle los bienes a sus clientes. Ya saben cómo son, siempre buscando alguna laguna jurídica pa' que sus clientes ricos eviten pagar por sus fechorías. Esto va a ser un brete legal, seguro. Se avecinan debates acalorados en la Asamblea y probablemente también en la Sala Cuarta.
En fin, el proyecto está en camino a las comisiones legislativas. ¿Será una herramienta efectiva para combatir el narcotráfico o simplemente otra ley llena de letra muerta que terminará en nada? ¡Me pregunto, qué piensan ustedes, compas? ¿Les parece buena idea usar los bienes de los extraditados para atacar al narco, o creen que esto abre la puerta a abusos y corrupción?
