¡Ay, Dios mío! El caso Barrenador sigue dando qué hablar, y esta vez con una comparecencia ante la Comisión Especial que parece sacada de una telenovela. Este martes, varios exdirectivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), implicados en este lío judicial, fueron llamados a rendir cuentas, pero bueno… ¡qué panorama!
La verdad es que la asistencia fue floja. De los seis exdirectivos convocados –Jorge Porras, Jorge Luis Araya, Roberto Quirós, María Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zeirith Rojas– solo aparecieron tres. Porras, Araya y Quirós sí se presentaron, pero con pinta de querer evitar cualquier tipo de compromiso. Imagínate, ni ganas de contestar preguntas directas sobre el asunto. Se agarraban de que están en investigación, ¡pura excusa!
Y claro, faltaron los otros tres. Rojas alegó estar fuera del país, y Gómez, pues dicen que ni siquiera pudieron contactarlo. Pero la ausencia que realmente levantó ampollas fue la de María Isabel Camareno, actual candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO). ¡Imagínate eso, buscando votos y huyendo de sus responsabilidades! La presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, no se anduvo con rodeos y le soltó: “Es una lástima, porque ella es candidata y debería darle cuentas a la ciudadanía”. ¡Dicho y hecho!
En la sesión, los diputados –especialmente Andrea Álvarez y Rocío Alfaro del Frente Amplio– enfocaron la lupa en una acta del 20 de marzo de 2023, perteneciente a la junta directiva. Parece ser que ahí se esconden algunos trucos para recibir insumos de cooperativas de salud sin que estas participaran directamente en la elaboración de los carteles de contratación. Esto, según los legisladores, levanta sospechas sobre cómo se manejaron los procesos.
Alfaro, bien picota, puso el dedo en la llaga: “Si las cooperativas participan en la elaboración del cartel, éste queda destruido inmediatamente. Entonces, lo que se propone es reunirse con la Cámara de Salud. Eso se llama usar un tercero que represente a otro”. En otras palabras, ¡buscarle la térmica! Según la diputada, se intentaba manipular los carteles para favorecer intereses particulares, sin caer en una ilegalidad flagrante. Un juego de palabras, vamos.
Roberto Quirós, uno de los comparecientes, defendió su posición diciendo que simplemente recibieron planteamientos sectoriales canalizados por la Cámara de la Salud. “Representamos sectores, no intereses privados,” enfatizó. Además, prometió aportar un informe de auditoría interna, AS-Salud 0064-2023, donde detallan qué propuestas fueron aceptadas, rechazadas o modificadas. ¡A ver si con eso aclaran algo, porque ahora mismo están llenando de bruma el asunto!
Pero la diputada Alfaro no se dejó amilanar. Insistió en que ese procedimiento descrito en el acta de 2023 está directamente ligado a decisiones tomadas en 2024, incluyendo un nuevo estudio de razonabilidad de precios. Y ahí viene la jugada: ese estudio, según la diputada, fue encargado luego de que la presidencia ejecutiva, Marta Esquivel, y parte de la junta rechazaran un análisis previo. “Terminó siendo elaborado a la medida”, sentenció. ¡Parece que alguien quería asegurarse de que todo estuviera ‘arreglá’do!
La Comisión Legislativa va a seguir con las comparecencias hasta el 7 de febrero, cuando esperan tener listos los informes finales. Esta maraña de testimonios, actas y estudios nos deja pensando: ¿Estamos frente a una trama de corrupción encubierta, o simplemente a una serie de coincidencias desafortunadas? ¿Creemos que todos estos exdirectivos realmente están inocentes y simplemente tienen malos abogados?
La verdad es que la asistencia fue floja. De los seis exdirectivos convocados –Jorge Porras, Jorge Luis Araya, Roberto Quirós, María Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zeirith Rojas– solo aparecieron tres. Porras, Araya y Quirós sí se presentaron, pero con pinta de querer evitar cualquier tipo de compromiso. Imagínate, ni ganas de contestar preguntas directas sobre el asunto. Se agarraban de que están en investigación, ¡pura excusa!
Y claro, faltaron los otros tres. Rojas alegó estar fuera del país, y Gómez, pues dicen que ni siquiera pudieron contactarlo. Pero la ausencia que realmente levantó ampollas fue la de María Isabel Camareno, actual candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO). ¡Imagínate eso, buscando votos y huyendo de sus responsabilidades! La presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, no se anduvo con rodeos y le soltó: “Es una lástima, porque ella es candidata y debería darle cuentas a la ciudadanía”. ¡Dicho y hecho!
En la sesión, los diputados –especialmente Andrea Álvarez y Rocío Alfaro del Frente Amplio– enfocaron la lupa en una acta del 20 de marzo de 2023, perteneciente a la junta directiva. Parece ser que ahí se esconden algunos trucos para recibir insumos de cooperativas de salud sin que estas participaran directamente en la elaboración de los carteles de contratación. Esto, según los legisladores, levanta sospechas sobre cómo se manejaron los procesos.
Alfaro, bien picota, puso el dedo en la llaga: “Si las cooperativas participan en la elaboración del cartel, éste queda destruido inmediatamente. Entonces, lo que se propone es reunirse con la Cámara de Salud. Eso se llama usar un tercero que represente a otro”. En otras palabras, ¡buscarle la térmica! Según la diputada, se intentaba manipular los carteles para favorecer intereses particulares, sin caer en una ilegalidad flagrante. Un juego de palabras, vamos.
Roberto Quirós, uno de los comparecientes, defendió su posición diciendo que simplemente recibieron planteamientos sectoriales canalizados por la Cámara de la Salud. “Representamos sectores, no intereses privados,” enfatizó. Además, prometió aportar un informe de auditoría interna, AS-Salud 0064-2023, donde detallan qué propuestas fueron aceptadas, rechazadas o modificadas. ¡A ver si con eso aclaran algo, porque ahora mismo están llenando de bruma el asunto!
Pero la diputada Alfaro no se dejó amilanar. Insistió en que ese procedimiento descrito en el acta de 2023 está directamente ligado a decisiones tomadas en 2024, incluyendo un nuevo estudio de razonabilidad de precios. Y ahí viene la jugada: ese estudio, según la diputada, fue encargado luego de que la presidencia ejecutiva, Marta Esquivel, y parte de la junta rechazaran un análisis previo. “Terminó siendo elaborado a la medida”, sentenció. ¡Parece que alguien quería asegurarse de que todo estuviera ‘arreglá’do!
La Comisión Legislativa va a seguir con las comparecencias hasta el 7 de febrero, cuando esperan tener listos los informes finales. Esta maraña de testimonios, actas y estudios nos deja pensando: ¿Estamos frente a una trama de corrupción encubierta, o simplemente a una serie de coincidencias desafortunadas? ¿Creemos que todos estos exdirectivos realmente están inocentes y simplemente tienen malos abogados?
